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En Bolivia acorralan a agroindustriales que suben precios con la excusa de la crisis en Ucrania

© Sputnik / Vitaly Ankov / Acceder al contenido multimediaGranos de maíz
Granos de maíz - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2022
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El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, contó a Sputnik cuál es el plan del Gobierno boliviano para controlar la escalada de precios que se registra en los últimos meses. Descartó las versiones de los productores, quienes no tendrían motivos para generar el aumento.
Con el 0,41%, Bolivia es el país con inflación más baja en América Latina. Pero esta previsible calma de la economía local podría ser afectada por el aumento global de precios de alimentos, que tiene lugar en la mayoría de los países del mundo a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania. Para Luis Arce, esta alza de costos es injustificada dentro del Estado Plurinacional. Por ello su Gobierno desplegó una serie de medidas para evitar que las familias deban pagar más por lo que llevan a sus mesas.
El viceministro de Defensa del Consumidor de Bolivia, Jorge Silva, dijo a Sputnik que el aumento de precios en el país se da por una acción de grupos opositores al Gobierno, los cuales pretenden desestabilizar el rumbo económico marcado por el presidente Arce.
A principios de año, el kilo de la carne de pollo costaba 11 pesos bolivianos (Bs), alrededor de 1,6 dólares. Actualmente se la encuentra por Bs 14,5 (2,1 dólares). Del mismo modo, el kilo de costilla de cerdo pasó de Bs 26 a Bs 28 —de 3,79 a 4,08 dólares— .
Similares aumentos llegaron a alimentos básicos, como aceite, arroz, azúcar y todo tipo de vegetales. Mediante controles exhaustivos en toda la cadena de comercialización, el Gobierno de Arce espera conservar hasta 2023 la inflación por debajo de un dígito, como lo hizo durante 2021, que concluyó con un crecimiento del 0,9%.

El maíz de la discordia

Según los agroindustriales de Santa Cruz de la Sierra (este), el aumento en los precios se debe a que escasea y además está caro el maíz con el cual se alimentan los animales. Este sería el detonante de una larga serie de aumentos de productos, cuyo destino final está en cada hogar del país.
Silva explicó que las acciones de varios ministerios están dirigidas "principalmente a identificar a aquellas personas inescrupulosas, que estarían cometiendo el delito de agio y especulación".
Y detalló: "Agio, en sentido de que estarían incrementando el precio del maíz. Y especulación, en el sentido de que estarían ocultando el maíz con el propósito de justificar el incremento de precios".
El viceministro indicó que trabajan en coordinación con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo Rural, "también tenemos el auxilio de la Policía Bolivana, con quienes vamos a iniciar la acciones directa en caso de encontrar algún indicio de la comisión de estos delitos de agio y especulación".
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El Gobierno incluso habilitó un número telefónico (el 800 10 0202) para que la ciudadanía informe si ve movimientos extraños en los silos de los agroindustriales, o si alguna casera —como se llama a las tradicionales vendedoras de los barrios— subió los precios sin justificación.

Silva comentó que el Ministerio de Justicia iniciará los procesos legales correspondientes ante el Ministerio Público: "En síntesis, estamos realizando esta tarea con el fin de proteger al consumidor. Dentro de esta cadena, el último eslabón es el que normalmente debe asumir el costo de estos incrementos. Lógicamente, afectan al bolsillo y a la economía del pueblo boliviano".

Agroindustriales, a río revuelto

Los agroindustriales reunidos en la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) exigen al Gobierno que legalice el cultivo de dos tipos de maíz transgénico, cuya elevada producción teóricamente terminaría con el desabastecimiento de este alimento.
Pero según el Gobierno nacional, no existe el tal desabastecimiento. Además, la legislación vigente no permite el uso de ese tipo de semillas transgénicas.
Sobre la disponibilidad de maíz, el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, dijo que "para 2022 la oferta total producida en el país es de 1.029.179 toneladas y el consumo interno es 925.203 toneladas, lo que significa que tenemos un superávit [de 34.000 toneladas] que puede cubrir cualquier situación adversa".
En sintonía con los demás ministerios, aseguró que "si sube el precio de algún otro producto, no es por maíz, sino por especulación".
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Silva, por su parte, contó que los agroindustriales le echan la culpa por los aumentos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
"Sucede que hay gente inescrupulosa que recurre a este tipo de discursos para tratar de justificar estos hechos delictivos. Usted va al mercado, pregunta a la casera por qué ha subido el tomate o la cebolla, y dice que es por la guerra", dijo el viceministro.
"Lo propio ocurre con los especuladores del maíz, que nos quieren hacer creer que la guerra entre Ucrania y Rusia estuviera provocando este incremento, cuando eso es totalmente absurdo y falso", sostuvo Silva.
En este sentido, aseguró que "el Gobierno, a través de EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) ha garantizado el abastecimiento de maíz, y con un precio subvencionado".
Silva dijo que esta empresa estatal tiene almacenadas 20.000 toneladas de maíz, que adquirió el quintal (45,360 kilos) a Bs 100 (14,57 dólares] para venderlo ahora a Bs 65 (9,47 dólares]. "Entonces, el argumento de los efectos de la guerra de Ucrania y Rusia no tiene ningún asidero técnico ni legal para justificar un incremento que, simplemente, responde a un fin político, a un fin económico, promovido por parte de un pequeño sector empresarial".
Cuando dialogó con Sputnik, el viceministro Silva se encontraba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más grande del país, justamente para controlar los precios. "No vamos permitir que oculten maíz, pollo o cerdo con el único fin de asfixiar a nuestro Gobierno y presionar para que se autorice la importación de maíz transgénico. Esa es la intención y la pretensión que tienen los empresarios de alimentos aquí en Santa Cruz", sostuvo.
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El viceministro explicó que la estrategia del Gobierno abarca tres ámbitos: los diferentes mercados populares del país, donde se venden la carne de pollo y cerdo, para verificar el abastecimiento de estos productos y controlar sus precios.
Una segunda línea de acción pasa por controlar los friales, "que son los intermediarios, quienes compran a los productores, y ya generan la carne que van a entregar a los comercializadores en los mercados", comentó el viceministro.
"Una tercera acción va a estar dirigida a los silos, donde supuestamente se estaría concentrando el maíz como materia prima principal para el alimento de pollos y cerdos", agregó.

El Gobierno contra el alza de precios

¿Podrá el Gobierno de Arce controlar la escalada de precios? ¿Mantendrá Bolivia la corona de país con la inflación más baja de América Latina? Silva se mostró positivo.
"Se va a controlar esta nueva arremetida de la derecha boliviana, que tiene como objetivo principal afectar al modelo económico que hace más de 16 años rinde resultados en favor de la población, con una estabilidad económica que beneficia especialmente a los más pobres en nuestro país", dijo el viceministro.
Según Silva, las políticas públicas iniciadas con el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) "lógicamente han golpeado a un pequeño sector económico, que históricamente se había beneficiado del modelo económico neoliberal, que estuvo vigente desde 1982 hasta 2005, que ha enriquecido a una minoría y ha empobrecido a la gran mayoría de bolivianos".
Y afirmó: "Sabemos que es una lucha que vamos a ganar, porque tenemos un modelo que está funcionando, también tenemos una población que se beneficia de ese modelo y nos está apoyando".
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