El presidente de Perú es investigado por fiscalía y se abriría camino para destitución
El presidente de Perú es investigado por fiscalía y se abriría camino para destitución
Sputnik Mundo
LIMA (Sputnik) — El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, dispuso investigar al presidente, Pedro Castillo, por un presunto caso de corrupción, lo que podría... 30.05.2022, Sputnik Mundo
Sánchez hizo pública su decisión el domingo 29 de mayo, indicando que el mandatario iba a ser incluido en una investigación ya en curso contra Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones entre julio de 2021 y febrero de 2022, y seis congresistas.Según el fiscal, Silva y los parlamentarios habrían formado parte de una organización delictiva que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dedicada a otorgar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.Como ha señalado el fiscal Sánchez, la decisión de incluir al presidente se debe al "análisis técnico jurídico y ante la seriedad y gravedad de las imputaciones" en su contraLos delitos que habría cometido Castillo serían los de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.Investigado, no acusadoEn enero pasado, la entonces fiscal general, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el jefe de Estado por el mismo caso; sin embargo, la suspendió en atención a lo que dicta el artículo 117 de la Constitución.Dicho artículo indica que un presidente "solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".La fiscal Ávalos salió del cargo el 30 de marzo pasado y asumió Pablo Sánchez, quien, luego de los diversos avances en las investigaciones sobre la presunta mafia en el MTC, decidió tomar a la letra lo establecido por el artículo 117, es decir que un presidente no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado.Asimismo, Sánchez indicó que la investigación contra Castillo respetará el hecho de que no se le pueda acusar, pero deja la posibilidad abierta de que sí pueda ser imputado cuando deje la presidencia en julio de 2026.La decisión de Sánchez se estima que se ha debido a un hecho específico y que revelaría algo inédito para la fiscalía.Dinero efectivoSegún una investigación del diario local El Comercio, publicada el 29 de mayo, un "colaborador eficaz" (delator ante la fiscalía) habría afirmado que el exministro Juan Silva pidió al empresario local Zamir Villaverde 30.000 soles (8.100 dólares) para Pedro Castillo.Villaverde, actualmente encarcelado, es uno de los beneficiados con la concesión de obras públicas en el MTC, y el pago a Castillo habría sido un soborno. Este es un hecho nuevo pues hasta antes la fiscalía tenía indicios de que el presidente habría participado en la organización delictiva, pero no que habría recibido dinero.Como se apuntó al inicio, esta investigación fiscal contra el mandatario podría dar una consistencia nunca antes vista para que los sectores opositores del Congreso inicien lo que sería un tercer intento de destitución en su contra.En Perú existe la causal constitucional de "incapacidad moral permanente" para que un jefe de Estado pueda ser sacado del cargo y, siendo lo inmoral algo subjetivo y que ha sido usado anteriormente contra Castillo por presuntos delitos no probados por instancia judicial alguna, esta investigación daría un asidero más sólido para justificar una salida del presidente.
LIMA (Sputnik) — El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, dispuso investigar al presidente, Pedro Castillo, por un presunto caso de corrupción, lo que podría significar un frente difícil de sortear para que el mandatario se mantenga en el poder.
Sánchez hizo pública su decisión el domingo 29 de mayo, indicando que el mandatario iba a ser incluido en una investigación ya en curso contra Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones entre julio de 2021 y febrero de 2022, y seis congresistas.
Según el fiscal, Silva y los parlamentarios habrían formado parte de una organización delictiva que operaba desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dedicada a otorgar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.
Como ha señalado el fiscal Sánchez, la decisión de incluir al presidente se debe al "análisis técnico jurídico y ante la seriedad y gravedad de las imputaciones" en su contra
Los delitos que habría cometido Castillo serían los de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
En enero pasado, la entonces fiscal general, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar contra el jefe de Estado por el mismo caso; sin embargo, la suspendió en atención a lo que dicta el artículo 117 de la Constitución.
Dicho artículo indica que un presidente "solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".
La fiscal Ávalos salió del cargo el 30 de marzo pasado y asumió Pablo Sánchez, quien, luego de los diversos avances en las investigaciones sobre la presunta mafia en el MTC, decidió tomar a la letra lo establecido por el artículo 117, es decir que un presidente no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado.
Asimismo, Sánchez indicó que la investigación contra Castillo respetará el hecho de que no se le pueda acusar, pero deja la posibilidad abierta de que sí pueda ser imputado cuando deje la presidencia en julio de 2026.
La decisión de Sánchez se estima que se ha debido a un hecho específico y que revelaría algo inédito para la fiscalía.
Según una investigación del diario local El Comercio, publicada el 29 de mayo, un "colaborador eficaz" (delator ante la fiscalía) habría afirmado que el exministro Juan Silva pidió al empresario local Zamir Villaverde 30.000 soles (8.100 dólares) para Pedro Castillo.
Villaverde, actualmente encarcelado, es uno de los beneficiados con la concesión de obras públicas en el MTC, y el pago a Castillo habría sido un soborno. Este es un hecho nuevo pues hasta antes la fiscalía tenía indicios de que el presidente habría participado en la organización delictiva, pero no que habría recibido dinero.
Como se apuntó al inicio, esta investigación fiscal contra el mandatario podría dar una consistencia nunca antes vista para que los sectores opositores del Congreso inicien lo que sería un tercer intento de destitución en su contra.
En Perú existe la causal constitucional de "incapacidad moral permanente" para que un jefe de Estado pueda ser sacado del cargo y, siendo lo inmoral algo subjetivo y que ha sido usado anteriormente contra Castillo por presuntos delitos no probados por instancia judicial alguna, esta investigación daría un asidero más sólido para justificar una salida del presidente.
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