El cierre de hospitales psiquiátricos públicos en México: ¿se avecina una tragedia?
23:16 GMT 02.06.2022 (actualizado: 11:22 GMT 14.07.2023)
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"Yo no estaría viva si no hubiera ido al psiquiatra", relata Susana (su nombre real fue modificado) al contar a Sputnik el día que, tras un intento de suicidio, llegó a uno de los pocos hospitales psiquiátricos que existen en la Ciudad de México, pero que están a punto de cerrar.
El pasado 24 de mayo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, confirmó el cierre de los 33 hospitales psiquiátricos públicos que existen en México como parte de varias reformas a la Ley General de Salud, mismas que también abarcan los tratamientos para personas usuarias de psicoactivos.
La alternativa ofrecida por el Gobierno de México ante el cierre de estos centros es que padecimientos como la ansiedad, la depresión, la bipolaridad o la esquizofrenia se atiendan desde la familia.
Sin embargo, el descontento entre quienes sufren estos trastornos es evidente.
"Aunque la familia esté sensibilizada sobre estos temas, la familia no te va a dar terapia, la familia no te va a dar los medicamentos, la familia no te va a ayudar cuando tengas una crisis desbordada. Es como si le dijeras al diabético: 'Pues produce insulina'", comenta Susana.
Vivir en un infierno
Hace seis años, cuando intentó nuevamente quitarse la vida, Susana conoció el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF), el primer lugar donde la diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad (TLP), un padecimiento que afecta la autopercepción de las personas, la capacidad para manejar las emociones y el comportamiento, hasta que al final se llega a un patrón de relaciones inestables y autodestrucción.
"Para mí no hay puntos medios. Para la persona bipolar son periodos largos, son meses que pasa eufórico o meses que pasa depresivo. El tema con el TLP es que esos cambios me pueden pasar cuatro veces en un día", explica Susana en una conversación con Sputnik.
Cuando hace unos años los médicos le confirmaron su diagnóstico, Susana estaba consciente de que, desde pequeña, vivía con un problema que siempre fue minimizado con frases como "está loca" o "no puede", lo cual retrasó su atención psicológica y derivó en otros trastornos, específicamente alimenticios.
"Ha sido un proceso de hacerme daño, desde rasguños o cortarme, a intentarme suicidar varias veces. Y después de cortarme, llegar a conductas autodestructivas como dejar de comer no para bajar de peso, sino para matarme. Yo quería ver cómo me moría de hambre", comenta.
Cuando llegó a las terapias grupales del INPRF tras un tercer intento de suicidio, Susana encontró la atención y asesoría para iniciar un tratamiento, al igual que muchas personas que viajan a la Ciudad de México desde diferentes estados (desde Zacatecas hasta Morelos) para tener atención psiquiátrica accesible. Se trata de gente de diferentes estratos socioeconómicos que, en conjunto, aprendió sobre sus padecimientos y cómo atenderlos.
"Siento que muchas de las que están llegan en el límite. Sí era fuerte porque esperabas que el grupo llegara completo cada semana y si alguien no llegaba pensabas: '¿seguirá viva?'", recuerda.
Problema minimizado
Según la Encuesta Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica de 2018, tres de cada 10 mexicanos padecen algún problema de salud mental.
De hecho, la Primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del Instituto Nacional Estadística y Geografía (INEGI), indica que el 31,3% de la población padece de ansiedad mínima; el 19,4% ansiedad severa y 15,4% sufre depresión (la cifra sube a 19,5% al analizarse sólo las respuestas de mujeres).
A pesar de estos datos, desde hace años sólo se ha destinado menos del 2% del presupuesto gubernamental para atender la salud mental, siendo uno de los pocos recursos los 33 hospitales públicos con capacidad para atender a 4.000 personas.
La situación familiar de Susana no ayudó mucho, incluso después de su diagnóstico.
"Para mí familia no cambió nada. Fue como: 'Está loca y a ver si ya come mejor'. Fue un proceso fuerte", comparte.
"La familia juega un papel muy importante en los cuidados y la contención, pero también los contextos familiares son muy complejos, incluso estigmatizantes", advierte en entrevista para Sputnik, Silvana Carranza Navarro, integrante de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa).
Poca prioridad a la salud mental
Carranza Navarro explica que existe un déficit de especialistas de la salud mental, con una tasa de tres o cuatro especialistas por cada 100.000 habitantes. A esto se suma que, cada año, se abren entre 200 y 250 plazas para estas áreas, pero sólo se ocupan un promedio de 25 al año.
"Creemos que es una realidad que muchas personas con enfermedades mentales graves llegan primero a la cárcel antes que a una institución de salud mental. Nos preocupa también esta reestructuración sin una perspectiva de derecho de los pacientes, porque si no existe información suficiente, detección temprana [en la infancia o la adolescencia], acceso a medicamentos de calidad, atención médica, esto va a seguir pasando y se puede agravar", advierte la especialista al hablar de los casos considerados inimputables, que es cuando se determina que un acusado no tiene consciencia de sus actos.
Ocupa, junto con organizaciones como Reinserta un Mexicano, Derechos sin Barreras y la Fundación Reintegra, publicaron un posicionamiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para ejercer una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que establece el cierre de los hospitales psiquiátricos.
Las organizaciones, sin embargo, reconocen que la propuesta legislativa aludida tiene "cosas valiosas" en materia de tratamientos para personas usuarias de psicoactivos, como la prohibición del tratamiento involuntario.
No obstante, Silvana Carranza considera que "es muy preocupante el método que proponen para eliminar este modelo para la atención psiquiátrica", el cual, apenas en diciembre de 2021, logró que se incluyeran este tipo de tratamientos entre el cuadro básico de medicinas que otorga el sistema de salud.
Pacientes como Susana invierten cerca de 2.500 pesos (125 dólares) únicamente en medicamentos, más los gastos generados por la consulta. En el INPRF, tras un estudio socioeconómico, se le estableció una cuota de 70 pesos (3,5 dólares) por consulta.
Precisamente, la adquisición de medicamentos es un tema relevante al hablar de salud mental, pues fármacos antipsicóticos como el decanoato de haloperidol pueden rondar entre los 3.000 y 7.000 pesos (entre 150 y 300 dólares).
"Creemos que uno de los retos más grandes para las y los pacientes de psiquiatría y para las y los médicos es la adherencia a los medicamentos, que sean constantes y que les funcionen", comenta Carranza Navarro, al advertir que, además del costo, existe un desabasto de este tipo de productos.
Por ello, las ONG que pidieron la intervención de la CNDH piden la modificación del artículo 74 de la Ley General de Salud, con el objetivo de garantizar un buen acceso a la atención de la salud mental, un servicio que aumentó considerablemente su demanda por la pandemia de COVID-19.
"Es que la gente no entiende que existen las enfermedades mentales. Así como al diabético le tienes que dar insulina, al enfermo mental tienes que darle sus medicamentos", concluye Susana.
8 de octubre 2021, 21:48 GMT
