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La Fiscalía de Paraguay allana vivienda de exministro del Interior Arnaldo Giuzzio

© Foto : Twitter / @MinPublicoPyLa Fiscalía de Paraguay
La Fiscalía de Paraguay  - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2022
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La Fiscalía de Paraguay allanó la vivienda del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio tras imputarlo de cohecho pasivo agravado por presuntamente mantener contactos durante su gestión (2021-2022) con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, un narcotraficante detenido en Brasil.

"Me avisaron que están ingresando a mi domicilio. El fiscal Osmar Legal, a quien le había recusado en su momento, encabeza. Están revisando documentos míos. Esto es parte de una vendetta", manifestó Giuzzio en declaraciones a ABC Color.

Por su parte, el Ministerio Público informó que la fiscal Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada de Crimen Organizado, y Osmar Legal, fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezaron el operativo en la vivienda del exfuncionario.
La entidad detalló además que en la instancia se incautaron documentos relacionados a la empresa Black Eagle, propiedad del narcotraficante Marcus Vinicius, así como varias grabadoras y casetes.
En su imputación, la Fiscalía sostiene que Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco brasileño por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía como ministro del Interior.
Por ese entonces, Espíndola Marques de Padua dirigía las empresas Black Eagle Group S.A. y Ombú S.A., dedicadas al alquiler y blindaje de vehículos.
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El Ministerio Público sostiene que el exministro "aceptó servicios de blindajes de vehículos para la Policía Nacional, supuestamente en carácter de cortesía" de parte del ahora detenido, que aspiraba a convertirse en proveedor del Estado paraguayo.
Giuzzio fue destituido el pasado 22 de febrero por el presidente Mario Abdo Benítez, después de que se conocieran las denuncias sobre sus contactos con Espíndola Marques de Padua.
Para el delito de cohecho pasivo agravado, el código penal de Paraguay, en su artículo 301, prevé que el funcionario que "solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años".
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