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Endeudarse para estudiar, un mal que persigue a miles de chilenos

CC BY-SA 2.0 / Carol Crisosto Cadiz / marcha universidad de ConcepcionProtesta de estudiantes universitarios chilenos
Protesta de estudiantes universitarios chilenos - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2022
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Desde la dictadura de Augusto Pinochet, endeudarse es la única manera en que millones de jóvenes pueden acceder a la educación universitaria. "En este país se perdió la noción de la educación como un derecho y no como un bien de consumo", dijo a Sputnik Claudia, una egresada que ya no puede pagar su deuda.
"No quedó otra opción que endeudarme para estudiar", admitió, en diálogo con Sputnik, Claudia, exestudiante de Kinesiología de la privada Universidad Nacional Andrés Bello.
La historia de Claudia, que prefiere mantener su identidad real en secreto, es probablemente la misma que la de millones de jóvenes chilenos que se ven obligados a contraer una deuda bancaria de entre 10 a 20 años, luego de concluir sus carreras universitarias. Es la única opción para completar estudios superiores en un país en el cual recién se busca avanzar en la universalización del acceso a la educación.

¿Cómo se endeudan los estudiantes?

El origen del endeudamiento de los estudiantes se remonta a 1980, cuando Chile era gobernado por la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990). Ese año se aprobó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que habilitó la creación de instituciones educativas privadas.
La norma habilitaba a esas instituciones a fijar con total libertad los aranceles y matrículas en el novedoso mercado educacional. En pocos años, este tipo de entidades superaron las cuatro decenas.
El nuevo modelo llevó a que incluso las instituciones públicas comenzaran a seleccionar a sus estudiantes mediante pruebas de ingreso estandarizadas y a cobrar matrículas anuales y aranceles mensuales según la carrera elegida.
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Ante la imposibilidad de acceder a educación gratuita, muchas familias chilenas se vieron obligadas a emprender el camino del endeudamiento con instituciones financieras privadas, que exigían un aval como garantía en caso de no cumplir con los pagos estipulados. En su mayoría, estos acababan siendo propiedades de familiares de los estudiantes.
En 2006, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), se creó un sistema de créditos estudiantiles que colocaba al Estado como aval de los préstamos. El Crédito con Aval del Estado o Crédito con Garantía Estatal (Crédito CAE) aseguró a los bancos que, en el caso de que un estudiante no pueda continuar cubriendo su crédito, el Estado responda.
"Esa fue la forma que ideó el Estado para asegurar el acceso a la educación", recordó Claudia, y consideró que si bien el Estado "cumplió con una parte" al facilitar el acceso a educación superior a miles de jóvenes, no se ocupó "del drama que ocasionó el endeudamiento para miles de recién graduados".
Si bien los Gobiernos de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) adoptaron medidas para asegurar la educación gratuita al menos a un sector de la población —al punto que, en 2021, 430.000 estudiantes no tuvieron que pagar—, no se resolvió el problema del endeudamiento. Así, muchos egresados comenzaron a reclamar una condonación de sus enormes deudas.

En busca de una condonación

Durante la campaña que lo llevó a la Presidencia, Gabriel Boric enarboló las banderas de la condonación total de la deuda estudiantil. "Acá se decidió hacer un negocio para los bancos y que hoy día les cargan a las familias", explicaba Gabriel Boric en diciembre de 2021, en su rol de candidato.
"El endeudamiento a través de la educación ha significado, para muchos estudiantes, una sobrecarga económica y social", dijo a Sputnik Simón Bloomquist, director Bloomquist y Cía, un estudio jurídico especializado en la defensa de deudores educacionales de Chile.
El abogado advirtió que las instituciones financieras harán todo lo posible dentro y fuera del margen de la ley para cobrar la deuda. Lo harán, subrayó, "llegando incluso al amedrentamiento, con amenazas de embargo", técnicas que de acuerdo al especialista se acrecientan con la llegada de un nuevo Gobierno, una posible nueva Constitución y la posibilidad de una condonación de las deudas.
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Claudia, por ejemplo, debió declararse en rebeldía al no poder hacer frente a los pagos y apela a la vía judicial para conseguir una anulación de la deuda. Si bien comenzó a cancelar su deuda luego de graduarse, el estallido social de 2019 y la pandemia de COVID-19 le impidió continuar pagando las cuotas, expresadas en UF (unidades de fomento), una unidad que "seguía aumentando día a día".
Claudia pide que "se declare la imposibilidad de cubrir la deuda, es lo que muchos buscamos, no tenemos otra alternativa, al menos hasta que el presidente Boric cumpla su promesa de campaña y condone la deuda educacional que nos asfixia a muchos".
"En este país se perdió la noción de contar con una educación entendida como un derecho y no como un bien de consumo, como dijo Piñera", agregó Claudia. "Somos miles los que decidimos no pagar más los créditos educacionales porque simplemente no podemos, a la vez de considerarlos sumamente abusivos", destacó.
"Es momento de que el Gobierno asuma sus promesas de campaña, Yo al menos los apoyé por esa promesa de condonación del CAE y la deuda universitaria", concluyó la kinesióloga.
680.000 exestudiantes técnicos o universitarios son deudores educacionales en la actualidad.
399.700 se encuentran en periodo de gracia para comenzar a cancelar la deuda, es decir, no han concluído los 18 meses de egresado para comenzar el proceso.
301.000 deudores se encuentran al día con el pago de cuotas mensuales del CAE.
17.000 se encuentran con una o dos cuotas en mora.
64.000 se encuentran con tres o más cuotas impagas.
134.000 deudas educacionales han sido pagadas por el Estado ante situaciones de morosidad prolongada.
88.000 exestudiantes desertaron durante sus estudios y en la actualidad figuran como deudores del CAE en los registros financieros.
246,5 millones de UF (9.649.672.489 millones de dólares), ha sido la cantidad de montos crediticios otorgados desde 2006 a 2021.
10,4 millones de UF (376.313.610 millones de dólares) en deudas recaen sobre los deudores por conceptos de comisiones de administración e intereses.
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