Milagros Sala, la dirigente indígena que es perseguida en Argentina
Milagros Sala, la dirigente indígena que es perseguida en Argentina
Sputnik Mundo
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 13 años de prisión contra la activista social jujeña, dirigente política y líder de la organización barrial... 19.12.2022, Sputnik Mundo
La dirigente de la organización Tupac Amaru —una agrupación política que opera principalmente en la provincia de Jujuy— se encuentra detenida desde 2016, actualmente bajo el régimen de prisión domiciliaria.Inicialmente, el motivo fue un acampe realizado en protesta contra el Gobierno provincial, liderado por el radical Gerardo Morales, cuyo partido es fundador de Juntos por el Cambio, la coalición política opositora al Gobierno de Alberto Fernández y liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).La Tupac Amaru surgió a fines de los años noventa del siglo pasado, cuando Argentina vivía una oleada de privatizaciones adelantadas por el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), cierre de ramales ferroviarios y venta de empresas del Estado, que llevaron a un aumento del desempleo y la pobreza y que provocaron el estallido social de 2001.La organización construyó miles de viviendas en los barrios marginales de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, en una de las regiones más pobres de Argentina.Pero a partir de la llegada al Gobierno de Mauricio Macri, las autoridades provinciales del radical Gerardo Morales iniciaron el hostigamiento contra la dirigente.Desde entonces, son varias las causas que pesan sobre Sala. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reconocen como un acto de hostigamiento, criminalización y desprestigio contra la dirigente.Una trayectoria socialMilagros Sala nació en San Salvador de Jujuy en 1964. Abandonada de pequeña, fue adoptada por una familia de clase media, aunque se desvinculó en su adolescencia para pasar a vivir en un ambiente marginal, marcado por la pobreza y la desigualdad.En su juventud, Sala se vinculó al peronismo y, más tarde, se convirtió en delegada en la seccional local del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que integra la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).Durante la Administración de Carlos Menem estuvo al frente de lo que serían los inicios de la organización barrial Tupac Amaru. En 1998 comenzó su trabajo en centros comunitarios donde se proveía de alimentos. Más adelante, la organización, con el liderazgo de Sala, construyó miles de casas como soluciones habitacionales en la provincia.La dirigente ejerció como diputada provincial en la Legislatura de Jujuy desde 2013 y hasta 2015, cuando renunció a su cargo tras haber sido designada como representante en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) por el peronista Frente para la Victoria.DetenciónLa referente social fue detenida por las protestas sociales realizadas contra la gobernación de Jujuy en 2016. Desde diciembre de 2018 cumple arresto domiciliario. Sin la presencia de ningún funcionario judicial, Sala fue privada de libertad. Por esto, fue condenada a tres años de prisión en suspenso.Su detención ha sido cuestionada por organizaciones internacionales y figuras políticas. Incluso el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU mostró preocupación por la arbitraria detención de la líder social.En enero de 2019 fue condenada a 13 años de prisión por la justicia de Jujuy, que la encontró culpable de fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos en el caso conocido como Pibes Villeros, por el nombre de una cooperativa dedicada a la construcción de vivienda.Este 16 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Sala y dejó firme la condena a 13 años de prisión.Para el CELS, esto se realizó "sin contemplar las irregularidades que tuvo el proceso y las violaciones a las garantías constitucionales que alegaron los abogados" de la dirigente.En este sentido, para CELS, el fallo "se limitó a reproducir los argumentos de las instancias judiciales provinciales o hacer un análisis aparente, sin realizar una verdadera revisión y control ante un caso de criminalización de una dirigente social".
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 13 años de prisión contra la activista social jujeña, dirigente política y líder de la organización barrial Tupac Amaru, quien se desempeñó como diputada provincial y del Parlasur, hecho que fue denunciado como persecución política por las organizaciones sociales.
La dirigente de la organización Tupac Amaru —una agrupación política que opera principalmente en la provincia de Jujuy— se encuentra detenida desde 2016, actualmente bajo el régimen de prisión domiciliaria.
Inicialmente, el motivo fue un acampe realizado en protesta contra el Gobierno provincial, liderado por el radical Gerardo Morales, cuyo partido es fundador de Juntos por el Cambio, la coalición política opositora al Gobierno de Alberto Fernández y liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
La Tupac Amaru surgió a fines de los años noventa del siglo pasado, cuando Argentina vivía una oleada de privatizaciones adelantadas por el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), cierre de ramales ferroviarios y venta de empresas del Estado, que llevaron a un aumento del desempleo y la pobreza y que provocaron el estallido social de 2001.
La organización construyó miles de viviendas en los barrios marginales de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, en una de las regiones más pobres de Argentina.
Pero a partir de la llegada al Gobierno de Mauricio Macri, las autoridades provinciales del radical Gerardo Morales iniciaron el hostigamiento contra la dirigente.
Desde entonces, son varias las causas que pesan sobre Sala. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reconocen como un acto de hostigamiento, criminalización y desprestigio contra la dirigente.
Milagros Sala nació en San Salvador de Jujuy en 1964. Abandonada de pequeña, fue adoptada por una familia de clase media, aunque se desvinculó en su adolescencia para pasar a vivir en un ambiente marginal, marcado por la pobreza y la desigualdad.
En su juventud, Sala se vinculó al peronismo y, más tarde, se convirtió en delegada en la seccional local del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que integra la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Durante la Administración de Carlos Menem estuvo al frente de lo que serían los inicios de la organización barrial Tupac Amaru. En 1998 comenzó su trabajo en centros comunitarios donde se proveía de alimentos. Más adelante, la organización, con el liderazgo de Sala, construyó miles de casas como soluciones habitacionales en la provincia.
La dirigente ejerció como diputada provincial en la Legislatura de Jujuy desde 2013 y hasta 2015, cuando renunció a su cargo tras haber sido designada como representante en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) por el peronista Frente para la Victoria.
La referente social fue detenida por las protestas sociales realizadas contra la gobernación de Jujuy en 2016. Desde diciembre de 2018 cumple arresto domiciliario. Sin la presencia de ningún funcionario judicial, Sala fue privada de libertad. Por esto, fue condenada a tres años de prisión en suspenso.
Su detención ha sido cuestionada por organizaciones internacionales y figuras políticas. Incluso el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU mostró preocupación por la arbitraria detención de la líder social.
En enero de 2019 fue condenada a 13 años de prisión por la justicia de Jujuy, que la encontró culpable de fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos en el caso conocido como Pibes Villeros, por el nombre de una cooperativa dedicada a la construcción de vivienda.
Este 16 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Sala y dejó firme la condena a 13 años de prisión.
Para el CELS, esto se realizó "sin contemplar las irregularidades que tuvo el proceso y las violaciones a las garantías constitucionales que alegaron los abogados" de la dirigente.
En este sentido, para CELS, el fallo "se limitó a reproducir los argumentos de las instancias judiciales provinciales o hacer un análisis aparente, sin realizar una verdadera revisión y control ante un caso de criminalización de una dirigente social".
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