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El radical giro progresista que Chile se negó a dar en 2022

El radical giro progresista que Chile se negó a dar en 2022

Sputnik Mundo

SANTIAGO (Sputnik) — Los ojos del mundo progresista se posaron durante todo este año en Chile, con la esperanza de que el proceso constitucional funcionara. 25.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-25T23:33+0000

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Anta la opción de que, por primera vez, Chile escribiera una carta magna a través de una asamblea constituyente electa por la ciudadanía, ni Hollywood quedó indiferente. "Chile, el mundo les mira como un modelo para abordar el cambio climático y la necesidad de una mayor democracia. Es hora de adoptar una Constitución para un mundo cambiante, con más igualdad, humanidad y consideración", afirmó el actor estadounidense Mark Ruffalo, llamando a votar 'apruebo' en la consulta. "Es una oportunidad histórica para consolidar los derechos humanos", aconsejó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, misma opinión que entregó Amnistía Internacional. Líderes progresistas como la intelectual norteamericana Noam Chomsky, la escritora italiana Silvia Federici y el parlamentario británico Jeremy Corbyn publicaron cartas pidiendo a los chilenos que aprobaran la propuesta de nueva Constitución. Parecía ser que desde el rescate a los 33 mineros que quedaron atrapados en un derrumbe el año 2010 que Chile no tanta atención mundial. ¿Pero alguien se estaba preguntando si este texto era realmente lo que los chilenos querían? En el plebiscito del 4 de septiembre, más de 7,8 millones de ciudadanos, correspondiente al 62% de los votantes, se inclinaron por rechazar la propuesta redactada por la Convención Constitucional y solo 4,8 millones (38%) prefirieron adoptarla. La propuesta progresista, feminista y ecológica, la que iba a ser la primera en el mundo en ser escrita por hombres y mujeres en paridad numérica, fracasó. Algunos de los 388 artículos que tenía el texto fueron criticados por su exceso de vanguardismo, frutos más propios de una discusión académica de élite que de las preocupaciones cotidianas del chileno, como aquella norma que establecía un sistema diferenciado de justicia para los pueblos indígenas o el reconocimiento constitucional de la sintiencia animal, temáticas válidas pero consideradas algo ajenas a la realidad actual nacional. El mundo progresista, la izquierda chilena y el oficialismo comandado por Gabriel Boric, el presidente más joven del mundo, sintieron el golpe, pues su sector fue el gran impulsor del proceso constituyente tras las protestas del estallido social de 2019. "Como joven, yo hace pocos años estaba en la calle protestando. Hoy, como presidente, he entendido que representar el malestar es mucho más sencillo que producir las soluciones. Y el resultado del plebiscito en nuestro país nos ha enseñado a ser más humildes. La ciudadanía demanda cambios sin poner en riesgo sus logros presentes, quiere un mejor futuro construido con seriedad y sin caer en nuevas inseguridades, un futuro de cambios con estabilidad", afirmó Boric a finales de septiembre, a modo de autocrítica, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. Una nueva esperanza Cuarenta líderes políticos del oficialismo y la oposición se reunieron durante tres meses para planear la continuidad del proceso constituyente y el 13 de diciembre lograron un acuerdo: la nueva propuesta de carta fundamental será redactada por dos órganos distintos. El próximo año se conformará un Consejo Constitucional de 50 miembros electos por votación popular y un Comité de Expertos de 24 personas designadas por el Congreso Nacional. Ambos entes, con facultades y roles diferentes, deberán hacer converger sus designios en un texto que será plebiscitado en diciembre de 2023. La derrota del oficialismo en el plebiscito significó que la mayor parte del acuerdo constitucional lo dominara la oposición, lo que le permitió a la derecha imponer algunas exigencias como por ejemplo, el establecimiento de las bases constitucionales, un listado de 12 puntos que deben estar incluidas obligatoriamente en la propuesta final del Consejo Constitucional, o el hecho de que se bajara de 155 a 50 los miembros electos por votación popular. Con el paso de los días, algunas tiendas de izquierda que firmaron el acuerdo han comenzado a manifestar algunos reparos posteriores. El Partido Comunes, del bloque oficialista, acusó que el pacto contiene excesivos "elementos de tutelaje" que limitan la participación ciudadana y restringen el debate democrático. "El Acuerdo Constitucional es insuficiente en materia de estándares democráticos. Subrepresenta la voluntad popular. Se hace necesario que el Congreso sea capaz de mejorar el acuerdo y darle un estándar que legitime el proceso", propuso el exconvencional del Partido Comunista Marco Barraza en su cuenta de Twitter, evidenciando que hubo una fuerte crítica en las bases de su partido a los líderes que decidieron firmar la propuesta, además de la existencia de un verdadero ánimo de querer modificar el acuerdo ex-post.Ante las críticas, Boric repitió su llamado a la humildad. "Le quiero recordar a la gente que esto es la continuidad del proceso y que quienes queríamos una alternativa que profundice de manera mucho más radical la democracia, perdimos. Y perdimos por 62% de los votos", subrayó en entrevista con Radio Sonar. El calendario preliminar del proceso es el siguiente: en enero de 2023 el Congreso elegirá a los 24 expertos, quienes redactarán un proyecto base sobre el cual deberá trabajar el Consejo Constitucional, en abril se realizarán elecciones para escoger a los 50 consejeros y en mayo se dará inicio a la redacción. Si todo resulta tal cual, en diciembre de 2023 debería realizarse el plebiscito nacional para preguntar a la ciudadanía si acepta o no el texto, en una elección que será con voto obligatorio. De aprobarse, se derogará el actual texto constitucional redactado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

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