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Tribunal de Argentina rechaza apartar a jueza que investiga atentado contra vicepresidenta

Palacio de Justicia de la Nación de Argentina   - Sputnik Mundo, 1920, 06.02.2023
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BUENOS AIRES (Sputnik) — Un tribunal argentino de segunda instancia volvió a denegar el pedido de revocación que solicitó la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra la jueza federal que investiga su intento de asesinato el 1 de septiembre pasado, María Eugenia Capuchetti, de acuerdo al fallo judicial al que accedió Sputnik.

"Rechazar la recusación de la magistrada a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 5, Dra. María Eugenia Capuchetti", resuelve el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

La sentencia, de cinco páginas, recoge el pedido de los abogados de la exmandataria (2007 - 2015), Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, de apartar a la jueza federal por su supuesta imparcialidad, debido en este caso a "actividades incompatibles".
La solicitud fue planteada ante el tribunal durante una audiencia celebrada el jueves.
Los representantes de la vicepresidenta, que también solicitaron la recusación de la magistrada en noviembre, alegaron en esta ocasión que la jueza tiene un contrato como investigadora en el Instituto Superior de Seguridad Pública, que depende del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en manos de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio.
El presidente de la Cámara de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, consideró que las acusaciones contra la magistrada, que también imparte clases en la Policía de la capital, se basan en "argumentos ajenos a este proceso" y a "la creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable".
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Según el magistrado, no está acreditado que "la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la doctora Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento".
Bruglia también sostuvo que, respecto al instituto, no se constataron elementos objetivos que permitiesen "avizorar una coyuntura de una significativa y directa dependencia funcional, jerárquica y económica con los sujetos que potencialmente puedan resultar formalmente investigados".
Las críticas planteadas por los apoderados de Cristina Fernández respecto a posibles omisiones en la investigación, por otro lado, "exceden el marco de esta incidencia" y "no serán tratadas en esta instancia", señaló el juez.
El presidente del tribunal también sugirió denunciar ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Asociación de Magistrados "la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado" por parte del abogado José María Ubeira.
A finales de noviembre, Capuchetti delegó en el fiscal Carlos Rívolo la investigación por el intento de homicidio de la vicepresidenta, después de que la exmandataria solicitara su recusación por falta de parcialidad.
Por aquel entonces, la querella acusó a Capucchetti de romper la cadena de custodia del teléfono celular del autor material del ataque fallido que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022, Fernado Sabag Montiel.
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También se le recriminó a la magistrada que no investigó con suficiente profundidad a la Policía Federal, que custodiaba la vivienda de Brenda Uliarte, procesada junto a Sabag Montiel por ser coautora del intento de asesinato, cuando la joven logró escapar de su casa, antes de ser detenida.
En paralelo, los abogados de la vicepresidenta cuestionaron la tardanza en detener a Carrizo,.
Para la querella tampoco era admisible que la jueza se rehusara a indagar al diputado opositor Gerardo Milman, que fue viceministro de Seguridad durante el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019), cuando manejó la mesa de inteligencia.
"Cuando la maten, yo voy a estar de camino a la costa", habría dicho Milman dos días antes del atentado en un bar cercano al Congreso, Casablanca, según refirió un testigo ante la justicia.
Sabag Montiel y Brenda Uliarte están procesados con prisión preventiva por ser coautores del intento de asesinato.
Además de ellos, también están procesados con prisión preventiva como partícipes secundarios una amiga de Uliarte con la que compartió su plan de asesinar a la vicepresidenta, Agustina Díaz, y el jefe de la banda a la que pertenecían Sabag Montiel y su compañera, Nicolás Carrizo.
El intento de magnicidio contra la vicepresidenta es considerado el hecho de violencia política más grave desde el regreso de la democracia, en 1983.
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