Los jubilados, uno de los sectores más afectados por la inflación récord de Argentina
04:23 GMT 06.04.2023 (actualizado: 04:26 GMT 06.04.2023)
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El aumento del 102% interanual en los precios de Argentina impacta en el bolsillo de los adultos mayores. Con jubilaciones que apenas cubren el 30% del monto necesario para satisfacer las necesidades básicas, millones de trabajadores retirados dependen de bonos adicionales y asoma el debate por la sostenibilidad del sistema previsional.
El dato estremece al tratarse de una población por demás vulnerable. La canasta de consumos de jubilados aumentó 107,8% en los últimos 12 meses, superando incluso a la inflación general, que en marzo se ubicó en el 102,5%, su mayor valor en 31 años.
Con esta suba, el contraste entre los ingresos necesarios y los reales ya resulta estremecedor: mientras el valor de la canasta se ubica en 202.064 pesos (925 dólares al tipo de cambio oficial), la jubilación mínima es de apenas 58.665 pesos (268 dólares).
Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de 4,5 millones de jubilados —10% de la población total del país— cobran el haber mínimo. En este marco de desfasaje entre los ingresos y el costo de vida, el Gobierno apela a bonos extraordinarios, que en su última edición alcanzaron la suma de 15.000 pesos (68 dólares).
Apuntalado por los gastos de vivienda y alimentos —rubro que aumentó 9,8% en febrero—, el incremento en la canasta de productos típicos impacta de lleno en los adultos mayores, que vienen de perder un 20% de su poder adquisitivo real durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).
Caída libre
"Los ingresos de los jubilados están desbarrancando desde hace años. Hoy la inflación complica mucho la situación: los haberes están en caída libre", indica a Sputnik el titular de la Defensoría de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
El diagnóstico del especialista se condice con un dato que sacude al Gobierno: el 2022 constituyó el quinto año consecutivo de caída de los salarios, incluyendo los últimos dos de presidencia de Macri.
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"Este es el peor momento histórico de los adultos mayores. Se necesitan cuatro jubilaciones mínimas para cubrir las necesidades básicas, lo cual es insostenible", afirma ante Sputnik la abogada Laura Kalerguiz, especializada en temas previsionales.
"La situación es paupérrima: hoy hay durmiendo en la calle familias y también adultos mayores. Pocas veces vimos esta foto", señala la letrada.
La imagen aludida por la abogada tiene una explicación matemática simple. Semino lo pone en palabras: "Lo que vemos es que el haber no cubre ni un tercio de la canasta de necesidades básicas. Esto se traduce en un fuerte empeoramiento de la calidad de vida. Los jubilados pasan a ser excluidos simplemente por no tener dinero para sobrevivir".
Parches de emergencia
El cuadro de época descrito por los especialistas responde más a la coyuntura inflacionaria que al cálculo de aumento de jubilaciones previsto por el Estado. Esquemáticamente, la nueva fórmula de actualización de los haberes contempla un incremento trimestral basado en un índice que toma en consideración en partes iguales el ritmo de la recaudación impositiva y la evolución de los salarios.
"La base de la fórmula previsional es buena. El problema es que tiene un retraso de seis meses en el cálculo: con un 6% de inflación mensual como el actual, cobrar con un semestre de atraso torna imposible que cierren los números", explica Kalerguiz.
"Si la inflación fuera de 2% mensual, seguiría estando el problema, pero sería mucho menos grave. Hoy en día, apenas un jubilado cobra un aumento, ya se está perdiendo por 36 puntos contra la inflación", denuncia la abogada.
El coeficiente vigente, sin embargo, existe hace pocos años: una de las características del sistema previsional argentino consiste en que al calor de las diversas crisis económicas los distintos gobiernos optaron por modificar la fórmula de actualización de los haberes. Por caso, la antecesora de la actual entró en vigencia durante el Gobierno de Macri en 2017, estableciendo un aumento basado en el incremento de la inflación (con una incidencia del 70%) y de los salarios (30%).
La maniobra supuso un perjuicio a los mayores: de hecho, la gestión de Macri otorgó un bono equivalente a 80 dólares para compensar la pérdida. Semino lo explica en números concretos: "el empalme de la fórmula del 2017 le robó 6% de poder adquisitivo a los jubilados y pensionados. Entre 2018 y 2019, perdieron casi 20 puntos contra la inflación".
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Ante este panorama, al asumir la presidencia de Argentina, Alberto Fernández propuso que la consigna que regiría durante su mandato sería "comenzar por los últimos para llegar a todos". El objetivo, provisoriamente, no se alcanzó: "El actual Gobierno llegó con la promesa de recuperar esos 20 puntos, y eso nunca ocurrió", protesta el ombudsman para la tercera edad.
La actual fórmula, que no contempla al aumento inflacionario, fuerza al Gobierno a recurrir a bonos extraordinarios con frecuencia para aminorar el impacto en el bolsillo de los jubilados: "Entre enero de 2022 y febrero de 2023 el ajuste total fue del 72,5% contra una inflación superior al 102%. Es clarísimo que no alcanza sin sumas adicionales", señala el especialista.
Complementariamente, el otro problema es el monto de estas asignaciones. Kalerguiz considera que "los bonos son remedios, pero apenas funcionan como paliativos. Una suma de 15.000 pesos sobre una jubilación de 58.000, tiene mucho peso. Se necesitan porque los aumentos previstos por la ley tampoco sirven".
"Los bonos son de 15.000 pesos solo para los que ganan la mínima: 58.000 pesos por mes equivalen a 500 pesos por día. No compran ni dos sachets de leche", resalta la abogada.
Números que no cierran
El problema subyacente al fenómeno que se refleja en la caída del poder adquisitivo de los adultos mayores remite al financiamiento de las pensiones. Argentina tiene un régimen previsional asistido: aproximadamente la mitad de los fondos proviene de los aportes de los empleadores y contribuciones de los empleados que se realizan a partir de los sueldos registrados, y el resto de impuestos.
Para mantener los ingresos de cada trabajador retirado, se necesitan tres empleados registrados en actividad, de cuyo salario bruto se descuenta la parte destinada a los jubilados actuales, apelando a un sistema de carácter solidario. El crecimiento de la informalidad laboral atenta directamente contra la sostenibilidad del sistema.
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Para Semino "el principal problema es que el 40% del trabajo no está registrado", por lo que "si seguimos así nunca se va a resolver el financiamiento de la cuenta previsional".
La necesidad de incrementar los puestos de trabajo formal es compartida por Kalerguiz: "Para darles a los jubilados un mejor haber hay que crear empleo genuino. Sin trabajadores aportando es imposible mantener el sistema".
"El 50% del empleo no está registrado, y la mitad del restante tampoco está totalmente en blanco, sino una parte de sus ingresos. Solo el 18% de los trabajadores tiene todo su ingreso en blanco. Son cifras espeluznantes. ¿Qué sistema puede funcionar así? No cierra por ningún lado", denuncia la abogada.
La informalidad constituye un problema central no solamente por la presente falta de aportes de los trabajadores en la actualidad, sino por la de los actuales jubilados. "En Argentina se necesitan 30 años de aportes. Solo una de cada 10 personas en edad jubilatoria tiene esa cantidad. ¿Qué se hace con esas personas?", se pregunta la especialista.
La respuesta que hallaron los sucesivos Gobiernos consistió en las moratorias previsionales, que son instrumentos que le permiten a las personas con edad jubilatoria pero que no poseen el mínimo de 30 años de aportes, contar con el beneficio cancelando la deuda de diversas formas.
La política —que despertó críticas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo para la refinanciación de la deuda contraída durante el Gobierno de Macri— resulta útil para paliar la emergencia. Sin embargo, agudiza la compleja situación del financiamiento.
"Las moratorias encubren el problema de base, que se agudiza día a día y preserva el estado de haberes misérrimos a través del tiempo. Por la informalidad laboral, hay más comensales para una torta que cada vez es más chica", afirma Semino.
"Mucha gente protesta contra las moratorias, pero esos adultos mayores de 60 años no tienen mercado laboral donde insertarse. Necesitan una moratoria: es un problema social, porque es la única forma de que tengan un ingreso", reflexiona Kalerguiz.
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A problemas complejos…
El dilema del financiamiento de la cuenta previsional oculta otro de profunda sensibilidad social. "Hay que enfrentar el problema de que tenemos un envejecimiento activo. ¿Qué vamos a hacer con las personas que viven 20 años más? ¿Cómo vamos a mantener a esas personas?", postula la abogada.
"La realidad es que hoy una persona de 65 años es totalmente activa. Está en plenas condiciones para seguir trabajando", agrega.
La abogada previsional es consciente del grado de sensibilidad que despierta la alternativa deslizada: "el aumento de la edad jubilatoria es superantipático: alcanza con ver Francia para darse cuenta de la necesidad de esta medida. El problema es que se puede sostener el sistema de este modo".
El paralelismo con las manifestaciones contra la reforma en el sistema de pensiones impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron es resistido por Semino: "Francia tiene una expectativa de 10 años mayor a la nuestra, y la población pretende preservar los actuales derechos para poder gozarlos. A nosotros nos ocurre lo contrario: cada vez hay menos jubilados, porque no es un puerto deseado".
“En Argentina, los mayores en edad de jubilarse buscan un nuevo trabajo porque saben que con los haberes no les alcanza para sobrevivir. Retirarse es pasar a ganar menos de la mitad de lo que estaba percibiendo. Si no pensamos esto rápidamente, la crisis va a ser mayor”, destaca el defensor de la tercera edad.
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