Crímenes de la dictadura chilena: "Es vergonzoso que en democracia aún se mantenga el secreto"
Crímenes de la dictadura chilena: "Es vergonzoso que en democracia aún se mantenga el secreto"
Sputnik Mundo
A casi 50 años del inicio del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), aún no se conoce toda la verdad sobre delitos cometidos por agentes del Estado. Varios... 12.08.2023, Sputnik Mundo
Este 11 de septiembre Chile conmemorará un nuevo aniversario del golpe de Estado. En ese contexto el Gobierno de Gabriel Boric prepara para el 30 de agosto el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, que tiene como objetivo hallar a las 1.101 personas desaparecidas por la dictadura. Además, se está trabajando con reserva para impulsar un proyecto que termine con el secreto del informe de la Comisión Valech.El 2003, bajo el mando del presidente Ricardo Lagos (2000-2006), se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida por el nombre de quien la presidió, el monseñor Sergio Valech, sacerdote católico que dirigió la Vicaría de la Solidaridad para ayudar a víctimas del régimen pinochetista.Esta comisión, a diferencia de las anteriores, que solo registraron casos de ejecuciones y desapariciones por parte de la dictadura cívico-militar (1973-1990), reunió los testimonios de más de 35.000 víctimas de prisión política y tortura.Estos testimonios permitieron registrar y reunir antecedentes de los más de 1.000 lugares utilizados como centros de detención, tortura, secuestro calificado, homicidio, desaparición forzada e inhumación ilegal, entre otros crímenes de lesa humanidad.En conversación con Sputnik, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, señaló que se debe levantar el secreto de la Comisión Valech, pero con una excepción: "Que no se levante respecto a aquellas personas que tengan alguna razón para impedir que se conozca su situación. En ese caso, esos antecedentes deben permanecer en privacidad".En el 2004 se promulgó la Ley 19.992, que señala que los documentos, testimonios y antecedentes brindados por las víctimas ante la Comisión Valech permanecerán secretos por 50 años.Dentro de la ley se recalca que "mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso" a los aportes antes mencionados.El presidente de la CCHDH explicó que cuando un Estado viola los derechos humanos, tiene como obligación establecer toda la verdad de lo ocurrido. "Lo que hay en este informe forma parte de la verdad histórica (a la) que la sociedad chilena en su conjunto tiene derecho".En el 2017, Lagos valoró la importancia del informe, a través de su cuenta de Twitter: "Qué bueno que nos atrevimos y los chilenos tenemos un Informe Valech. Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo". A continuación el exmandatario defendió el secreto del informe: "Se garantizó el anonimato para proteger a las víctimas y de este modo pudieran atreverse a relatar ese momento tan doloroso".Para la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, el informe Valech fue un reconocimiento ante el Estado de miles de personas a las que les fueron violados todos sus derechos."Cuando Ricardo Lagos se excusó diciendo que era para proteger a las víctimas, aquí no hay ningún Gobierno, hablando de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) para atrás, que haya protegido el derecho de las víctimas. Porque nunca hicieron nada para que la víctimas o los familiares de las víctimas tuvieran verdad y justicia", denunció Lira. "Todo lo contrario. Acá hubo un intento de impunidad que le entregó a los victimarios" agregó.El intento del presidente Gabriel Boric, de concretarse, sería la quinta oportunidad en la que se intenta levantar el secreto del informe.Tratar de levantar el secretoEl 2016 un grupo de diputados presentó una moción para modificar la Ley 19.992, pero no logró el quórum calificado para impulsarlo.Un año más tarde, la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) anunció un proyecto para levantar el secreto del informe, pero no avanzó.Además, durante el 2022, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados, como en la Convención Constitucional, se presentaron proyectos para terminar con el secreto del informe, pero ninguno prosperó."Un indulto camuflado"Mientras aún se espera conocer cuál es el proyecto del ejecutivo de Boric para avanzar con el mismo objetivo que los intentos precedentes, organizaciones de derechos humanos miran con preocupación una norma ingresada por el Partido Republicano al Consejo Constitucional, encargado de redactar la nueva carta magna chilena.Dicha norma, de avanzar, podría generar impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad.Una enmienda al texto constitucional en elaboración, ingresada por el Partido Republicano, busca que los reos mayores de 75 años y que estén en recintos penitenciarios cumplan su pena en arresto domiciliario.Aunque la norma es general, la relación con los internos del penal de Punta Peuco, donde están los criminales de lesa humanidad, no se hizo esperar, puesto que el partido que lidera José Antonio Kast ha reivindicado el actuar de los militares durante la dictadura.Para Margotta, la enmienda presentada por los republicanos se condice con el discurso de quienes la promueven, que es "defender a los criminales de lesa humanidad y reivindicar el golpe de Estado".Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dio a conocer que en el país hay 265 reclusos mayores de 75 años, de los cuales "145 son condenados por violaciones a los derechos humanos", mismos que, dijo, no tienen amnistía. Alicia Lira señaló que lo que se busca en el Consejo Constitucional es "un indulto camuflado". Sin embargo, no le sorprende, puesto que "la derecha, que tiene la mayoría en el órgano, siempre ha buscado la forma de dejar su casta, su clase en libertad, que son los criminales de lesa humanidad".
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Crímenes de la dictadura chilena: "Es vergonzoso que en democracia aún se mantenga el secreto"
A casi 50 años del inicio del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), aún no se conoce toda la verdad sobre delitos cometidos por agentes del Estado. Varios testimonios y documentos aportados a una comisión investigadora en 2003 están bajo secreto por 50 años, aunque el Gobierno chileno busca revelarlos. Sputnik habló con referentes en el tema.
Este 11 de septiembre Chile conmemorará un nuevo aniversario del golpe de Estado. En ese contexto el Gobierno de Gabriel Boric prepara para el 30 de agosto el lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, que tiene como objetivo hallar a las 1.101 personas desaparecidas por la dictadura.
Además, se está trabajando con reserva para impulsar un proyecto que termine con el secreto del informe de la Comisión Valech.
El 2003, bajo el mando del presidente Ricardo Lagos (2000-2006), se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida por el nombre de quien la presidió, el monseñor Sergio Valech, sacerdote católico que dirigió la Vicaría de la Solidaridad para ayudar a víctimas del régimen pinochetista.
Esta comisión, a diferencia de las anteriores, que solo registraron casos de ejecuciones y desapariciones por parte de la dictadura cívico-militar (1973-1990), reunió los testimonios de más de 35.000 víctimas de prisión política y tortura.
Estos testimonios permitieron registrar y reunir antecedentes de los más de 1.000 lugares utilizados como centros de detención, tortura, secuestro calificado, homicidio, desaparición forzada e inhumación ilegal, entre otros crímenes de lesa humanidad.
En conversación con Sputnik, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta, señaló que se debe levantar el secreto de la Comisión Valech, pero con una excepción: "Que no se levante respecto a aquellas personas que tengan alguna razón para impedir que se conozca su situación. En ese caso, esos antecedentes deben permanecer en privacidad".
En el 2004 se promulgó la Ley 19.992, que señala que los documentos, testimonios y antecedentes brindados por las víctimas ante la Comisión Valech permanecerán secretos por 50 años.
Dentro de la ley se recalca que "mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso" a los aportes antes mencionados.
"En términos generales, el secreto de la Comisión Valech no se condice con la obligación que el Estado de Chile tiene respecto del derecho a la verdad que tienen las víctimas", agregó Margotta.
El presidente de la CCHDH explicó que cuando un Estado viola los derechos humanos, tiene como obligación establecer toda la verdad de lo ocurrido. "Lo que hay en este informe forma parte de la verdad histórica (a la) que la sociedad chilena en su conjunto tiene derecho".
En el 2017, Lagos valoró la importancia del informe, a través de su cuenta de Twitter: "Qué bueno que nos atrevimos y los chilenos tenemos un Informe Valech. Para nunca más vivirlo, nunca más negarlo". A continuación el exmandatario defendió el secreto del informe: "Se garantizó el anonimato para proteger a las víctimas y de este modo pudieran atreverse a relatar ese momento tan doloroso".
Se garantizó el anonimato para proteger a las víctimas y de este modo pudieran atreverse a relatar ese momento tan doloroso
Para la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, el informe Valech fue un reconocimiento ante el Estado de miles de personas a las que les fueron violados todos sus derechos.
"Cuando Ricardo Lagos se excusó diciendo que era para proteger a las víctimas, aquí no hay ningún Gobierno, hablando de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) para atrás, que haya protegido el derecho de las víctimas. Porque nunca hicieron nada para que la víctimas o los familiares de las víctimas tuvieran verdad y justicia", denunció Lira.
"Todo lo contrario. Acá hubo un intento de impunidad que le entregó a los victimarios" agregó.
"A 50 años del golpe cívico-militar, es vergonzoso que en democracia aún se mantenga el secreto y no se le restaure el derecho a la víctima de usar esa información para lo que ellos crean conveniente, ya sea para el recuerdo, ya sea para presentar querellas, para demandar al Estado", enfatizó la presidenta de la AFEP.
El intento del presidente Gabriel Boric, de concretarse, sería la quinta oportunidad en la que se intenta levantar el secreto del informe.
Tratar de levantar el secreto
El 2016 un grupo de diputados presentó una moción para modificar la Ley 19.992, pero no logró el quórum calificado para impulsarlo.
Un año más tarde, la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) anunció un proyecto para levantar el secreto del informe, pero no avanzó.
Además, durante el 2022, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados, como en la Convención Constitucional, se presentaron proyectos para terminar con el secreto del informe, pero ninguno prosperó.
"Un indulto camuflado"
Mientras aún se espera conocer cuál es el proyecto del ejecutivo de Boric para avanzar con el mismo objetivo que los intentos precedentes, organizaciones de derechos humanos miran con preocupación una norma ingresada por el Partido Republicano al Consejo Constitucional, encargado de redactar la nueva carta magna chilena.
Dicha norma, de avanzar, podría generar impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad.
Una enmienda al texto constitucional en elaboración, ingresada por el Partido Republicano, busca que los reos mayores de 75 años y que estén en recintos penitenciarios cumplan su pena en arresto domiciliario.
Aunque la norma es general, la relación con los internos del penal de Punta Peuco, donde están los criminales de lesa humanidad, no se hizo esperar, puesto que el partido que lidera José Antonio Kast ha reivindicado el actuar de los militares durante la dictadura.
Para Margotta, la enmienda presentada por los republicanos se condice con el discurso de quienes la promueven, que es "defender a los criminales de lesa humanidad y reivindicar el golpe de Estado".
"Relativizan las violaciones a derechos humanos y tienen una actitud más bien negacionista de lo ocurrido en materia de crímenes contra la humanidad cometidos durante los 17 años de dictadura", agregó la autoridad de la CCHDH
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dio a conocer que en el país hay 265 reclusos mayores de 75 años, de los cuales "145 son condenados por violaciones a los derechos humanos", mismos que, dijo, no tienen amnistía.
Alicia Lira señaló que lo que se busca en el Consejo Constitucional es "un indulto camuflado". Sin embargo, no le sorprende, puesto que "la derecha, que tiene la mayoría en el órgano, siempre ha buscado la forma de dejar su casta, su clase en libertad, que son los criminales de lesa humanidad".
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