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Máximo tribunal penal de Argentina reabre y envía a juicio 2 causas contra Cristina Fernández

© Foto : Twitter / @CFKArgentinaLa política argentina Cristina Fernández de Kirchner
La política argentina Cristina Fernández de Kirchner - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2023
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina reabrió el 18 de septiembre y envió a juicio oral dos causas en las que había sido sobreseída la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Una de las causas investigaba presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el alquiler de hoteles y propiedades, y otra por la firma de un memorándum con Irán.
"Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, en el sobreseimiento respecto a Cristina Fernández (…) y devolver las actuaciones al tribunal a quo a fin de cumplir los actos procesales pendientes de producción", refiere la sentencia del máximo tribunal penal del país, relativa al expediente Hotesur-Los Sauces.
Con estos fallos, la Cámara Federal de Casación Penal deja sin efecto los sobreseimientos en beneficio de la exmandataria (2007-2015), dictados por los tribunales federales que en primera instancia instruyeron las investigaciones.
La vicepresidenta puede recurrir estas sentencias ante la Corte Suprema, el máximo tribunal del país.
La vicepresidenta argenitna, Cristina Fernández de Kirchner  - Sputnik Mundo, 1920, 05.06.2023
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Cristina Fernández es sobreseída en causa por supuesto lavado de dinero
Fernández fue condenada en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en el juicio que investigó el direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión y la de su predecesor, Néstor Kirchner (2003-2007).
En la causa Hotesur-Los Sauces, Casación contravino la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de noviembre de 2021 y revocó los sobreseimientos de la vicepresidenta junto con los de otros 25 acusados, entre los que está el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner.
Los acusados enfrentan de nuevo los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero por el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia.

"Es la fase del juicio —apoyada en los principios de inmediación, publicidad y contradicción, entre otros— donde se ventilan todas las cuestiones atingentes a la materialidad de los hechos, su adecuación típica y la prueba en que se fundan (…) para dictar un pronunciamiento definitivo que ponga fin al proceso", dictaminaron los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone.

En el expediente por el Memorándum con Irán, en el que Cristina Fernández había sido sobreseída en octubre de 2021 por el TOF 8, Casación aceptó la apelación de una de las organizaciones judías más importantes de Argentina, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), y del fiscal del Ministerio Público Marcelo Colombo.
Los dos fallos fueron emitidos por la sala I de Casación a días de que fuera cesada en sus funciones por la Corte Suprema la tercera integrante del tribunal, Ana María Figueroa, por haber cumplido 75 años el 9 de agosto.
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Las causas sobre la sociedad inmobiliaria Los Sauces y de la empresa hotelera Hotesur comenzaron separadas, pero luego fueron unificadas bajo la sospecha de que los supuestos cobros de alquileres eran en realidad sobornos provenientes de la obra pública.
La causa del memorándum con Irán se desprende del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas.
Como responsable de la Unidad Fiscal de Investigación encargada de esclarecer el ataque a la sede de la AMIA, el fiscal fallecido Alberto Nisman acusó a Cristina Fernández en 2015, cuatro días antes de morir, de encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de estar detrás del ataque.
La denuncia contra la entonces mandataria se basaba en un memorándum de entendimiento que su Gobierno firmó en 2013 con el entonces presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad (2005-2013), para autorizar interrogatorios de los funcionarios de ese país acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional.
El documento nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la Justicia argentina.
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