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El Gobierno argentino cobrará a manifestantes costo de operativo de seguridad

© AP Photo / Rodrigo AbdLa inauguración del presidente electo de Argentina, Javier Milei
La inauguración del presidente electo de Argentina, Javier Milei  - Sputnik Mundo, 1920, 22.12.2023
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BUENOS AIRES (Sputnik) — Las organizaciones que participaron en una reciente marcha en Argentina contra las políticas del presidente Javier Milei serán obligadas a pagar el costo del operativo de seguridad, informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
"Se dictó, en el día de hoy, una resolución a fin de establecer los parámetros para determinar los costos del operativo e intimar su resarcimiento por organizaciones involucradas", reza el informe, publicado por la cartera de Seguridad en su cuenta de la red social X.
El texto adelanta que hay una estimación aproximada de 60 millones de pesos (unos 75.550 dólares al cambio oficial) por el dispositivo desplegado, contando el consumo de combustible y el promedio de horas por personal.
Poco antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la medida, así como una denuncia penal contra 32 dirigentes sociales por el presunto delito de extorsión al Estado en el manejo de planes sociales.
"El total de denuncias que recibió la línea 134, canal que hemos utilizado para que de manera anónima quienes se sentían extorsionados puedan hacérnoslo saber, fue de 16.150, de las cuales hay 1.200 que tenían o que encuadran dentro de la tipología señalada", aseguró Ardoni.
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El portavoz del presidente recalcó que el Estado le pasaría la factura del costo del operativo anti-piquete a las organizaciones sociales que el pasado 20 de diciembre salieron a las calles a protestar contra las medidas anunciadas por la nueva administración.
Según el informe de Seguridad, entre las denuncias recibidas por la línea 134 destacan pedidos de dinero por el cobro de planes sociales, multas a quienes no concurren a los cortes de rutas convocados, y amenaza de dar de baja de los mencionados planes a quienes no acuden a los llamados.
El informe señala a 14 organizaciones sociales con el fin de ser inscriptas en un registro, entre las que figura el Movimiento Evita, grupo que negó su asistencia a la marcha del pasado miércoles.
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