La victoria legal de México demostraría que los distribuidores de armas de EEUU no son inmunes
La victoria legal de México demostraría que los distribuidores de armas de EEUU no son inmunes
Sputnik Mundo
El fallo de una corte de Arizona que da la razón a México en su demanda contra tiendas de armamento que, presuntamente, han vendido armas a sabiendas de que... 30.03.2024, Sputnik Mundo
La industria armamentista estadounidense es un negocio muy poderoso con muchos intereses económicos y políticos detrás de ella, sostuvo el funcionario mexicano, a días de que el país latinoamericano obtuviera una victoria más en su estrategia legal contra las armerías de Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa el triunfo total, sino un paso más en un litigio que podría durar años. El derecho a demandarEl pasado 25 de marzo, la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en la ciudad de Tucson, dictó una sentencia favorable para el Gobierno de México en su demanda contra cinco tiendas de armas, en un caso que la nación hispanohablante inició en octubre de 2022, con el argumento de que las demandadas, según datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas de alto poder al país latinoamericano.En la sentencia, la jueza Rosemary Márquez estableció que las tiendas, ubicadas en las ciudades de Yuma, Tucson y Phoenix, recibieron señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México, y que estas serían usadas con fines ilícitos. Además, reconoció que México tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población.Esta decisión se suma a la sentencia favorable de enero de 2024, emitida en el marco de la primera demanda presentada por México contra diversos fabricantes de armas. En esa sentencia, una Corte de Apelaciones resolvió que empresas productoras de armas tampoco gozan de inmunidad y que deben responder por sus conductas ante un tribunal.Las tiendas de armas tendrán que responderLa Corte Federal para el Distrito de Arizona determinó hace unos días que puede continuar estudiando la demanda de México. En las siguientes etapas, el país latinoamericano presentará evidencia para demostrar la supuesta conducta negligente de las distribuidoras de armas, buscando obtener una reparación del daño que sería determinada por el juez.La siguiente etapa, de acuerdo con el funcionario, es interesante porque las tiendas van a tener que revelar la evidencia que ellos tienen de cómo condujeron sus operaciones comerciales. "Nos van a tener que dar, por instrucción de un juez, información muy importante de cómo no tomaron las medidas apropiadas para poder evitar que sus productos llegaran a México".Según el funcionario mexicano, las tiendas pudieron haberse enterado del destino de sus armas por informes o requerimientos que les hicieron sus propias autoridades, como el Buró de Armas, Tabaco y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).Lo que México alegó, dijo Reyes Moncayo, es que había compradores que llegaban al punto de venta a comprar un arsenal pagando en efectivo, pero que ya llevaban semanas o un mes con un patrón similar de conducta, comprando armas largas, armas automáticas y todas pagadas en efectivo."Eso es una señal muy fuerte de que la persona que los está comprando no necesariamente va a ser el usuario final; hay indicios que permiten sospechar que está comprándolas a alguien más", dijo.De acuerdo con el consultor jurídico adjunto, la jueza Rosemary Márquez reconoció estas ventas como un patrón suficiente que las empresas tenían que saber o estaban obligadas a saber que sus productos iban a acabar del otro lado de la frontera. ¿Tiro deportivo?En el litigio, las tiendas alegaron que ellos solamente venden a ciudadanos que siguen la ley y aficionados al tiro deportivo, pero para el funcionario mexicano "es difícil imaginar que un aficionado al tiro deportivo o a la cacería como recreación necesite comprar 30 rifles de estas características en efectivo". Reyes Moncayo informó que, como en cualquier demanda civil, México busca que las tiendas paguen una indemnización al país por los daños sufridos, pues ha tenido que destinar recursos a atender el fenómeno de la violencia armada que no ha podido dirigir a otras prioridades nacionales como salud, educación, infraestructura.El Gobierno mexicano ha calculado estos daños en alrededor de un 2% del PIB de México, es decir, entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, aunque será la corte quien fije el monto.Sin embargo, acota Reyes Moncayo, el segundo objetivo de México, y tal vez el más relevante, es que la industria cambie sus patrones de venta y que sean más cuidadosos de a quién le venden, cómo lo venden y que hagan todos los esfuerzos razonables y adopten todas las medidas a su alcance para que el tráfico de armas se evite combatiendo todas estas conductas.Un tema controversialUna parte importante de los litigios que ha iniciado México tanto contra fabricantes como contra vendedores de armas se desarrollará en medio de la campaña electoral con miras a renovar la presidencia de Estados Unidos en noviembre próximo.El consultor confió en que la batalla política no afecte los procesos judiciales emprendidos por el país latinoamericano, pero no descartó que pueda haber algún tipo de intromisión.El consultor jurídico precisó en este sentido que México no busca ir en contra del derecho a portar armas que prevé la Constitución norteamericana. "Lo que México busca es que haya un comercio responsable de armas y que quienes las fabrican las distribuyen y las venden se hagan responsables de las consecuencias de vender de manera negligente", puntualizó.
El fallo de una corte de Arizona que da la razón a México en su demanda contra tiendas de armamento que, presuntamente, han vendido armas a sabiendas de que terminarían en manos del crimen, permite 'quitar el velo de inmunidad' a estos comercios, aseguró a Sputnik el consultor jurídico adjunto de la Cancillería mexicana, Miguel Ángel Reyes.
La industria armamentista estadounidense es un negocio muy poderoso con muchos intereses económicos y políticos detrás de ella, sostuvo el funcionario mexicano, a días de que el país latinoamericano obtuviera una victoria más en su estrategia legal contra las armerías de Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa el triunfo total, sino un paso más en un litigio que podría durar años.
"Hace casi 20 años, en el 2005, aprobaron una ley, que no tiene ninguna otra industria en Estados Unidos, que les otorga inmunidad [a las empresas armamentísticas] en caso de que una persona desee hacerla responsable ante un tribunal por el uso negligente de sus productos o por sus conductas negligentes; entonces, el fallo es trascendente porque nosotros logramos superar esa inmunidad”, explica el funcionario mexicano.
El pasado 25 de marzo, la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en la ciudad de Tucson, dictó una sentencia favorable para el Gobierno de México en su demanda contra cinco tiendas de armas, en un caso que la nación hispanohablante inició en octubre de 2022, con el argumento de que las demandadas, según datos de trazabilidad, facilitan el tráfico de armas de alto poder al país latinoamericano.
En la sentencia, la jueza Rosemary Márquez estableció que las tiendas, ubicadas en las ciudades de Yuma, Tucson y Phoenix, recibieron señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México, y que estas serían usadas con fines ilícitos. Además, reconoció que México tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población.
"Son cinco tiendas en las que vendieron armas de fuego a prestanombres o vendieron armas de fuego sin tomar las precauciones debidas y que han sido recuperadas en escenas del crimen en México, por lo cual México señaló que, con esa negligencia por vender sin cuidado, favorecieron el tráfico ilícito de sus productos hacia nuestro país", señaló el consultor jurídico.
La Corte Federal para el Distrito de Arizona determinó hace unos días que puede continuar estudiando la demanda de México. En las siguientes etapas, el país latinoamericano presentará evidencia para demostrar la supuesta conducta negligente de las distribuidoras de armas, buscando obtener una reparación del daño que sería determinada por el juez.
La siguiente etapa, de acuerdo con el funcionario, es interesante porque las tiendas van a tener que revelar la evidencia que ellos tienen de cómo condujeron sus operaciones comerciales. "Nos van a tener que dar, por instrucción de un juez, información muy importante de cómo no tomaron las medidas apropiadas para poder evitar que sus productos llegaran a México".
"Lo que esperamos encontrar y seguramente vamos a encontrar, es que tenían conocimiento de reportes de autoridades, tanto estadounidenses como mexicanas e internacionales, de que esas armas están acabando en territorio mexicano", explica Reyes Moncayo.
Según el funcionario mexicano, las tiendas pudieron haberse enterado del destino de sus armas por informes o requerimientos que les hicieron sus propias autoridades, como el Buró de Armas, Tabaco y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
"Vamos a poder demostrar que, a pesar de los indicios de que sus productos acabarían en manos equivocadas, decidieron no hacer nada y seguir con sus prácticas de siempre e ignorar al comprador que llega y paga en efectivo y, en ese momento, se lleva un arsenal para privilegiar una ganancia frente a la sangre que pudieran derramar sus productos", agregó el abogado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Lo que México alegó, dijo Reyes Moncayo, es que había compradores que llegaban al punto de venta a comprar un arsenal pagando en efectivo, pero que ya llevaban semanas o un mes con un patrón similar de conducta, comprando armas largas, armas automáticas y todas pagadas en efectivo.
"Eso es una señal muy fuerte de que la persona que los está comprando no necesariamente va a ser el usuario final; hay indicios que permiten sospechar que está comprándolas a alguien más", dijo.
De acuerdo con el consultor jurídico adjunto, la jueza Rosemary Márquez reconoció estas ventas como un patrón suficiente que las empresas tenían que saber o estaban obligadas a saber que sus productos iban a acabar del otro lado de la frontera.
En el litigio, las tiendas alegaron que ellos solamente venden a ciudadanos que siguen la ley y aficionados al tiro deportivo, pero para el funcionario mexicano "es difícil imaginar que un aficionado al tiro deportivo o a la cacería como recreación necesite comprar 30 rifles de estas características en efectivo".
Reyes Moncayo informó que, como en cualquier demanda civil, México busca que las tiendas paguen una indemnización al país por los daños sufridos, pues ha tenido que destinar recursos a atender el fenómeno de la violencia armada que no ha podido dirigir a otras prioridades nacionales como salud, educación, infraestructura.
El Gobierno mexicano ha calculado estos daños en alrededor de un 2% del PIB de México, es decir, entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, aunque será la corte quien fije el monto.
Sin embargo, acota Reyes Moncayo, el segundo objetivo de México, y tal vez el más relevante, es que la industria cambie sus patrones de venta y que sean más cuidadosos de a quién le venden, cómo lo venden y que hagan todos los esfuerzos razonables y adopten todas las medidas a su alcance para que el tráfico de armas se evite combatiendo todas estas conductas.
Una parte importante de los litigios que ha iniciado México tanto contra fabricantes como contra vendedores de armas se desarrollará en medio de la campaña electoral con miras a renovar la presidencia de Estados Unidos en noviembre próximo.
El consultor confió en que la batalla política no afecte los procesos judiciales emprendidos por el país latinoamericano, pero no descartó que pueda haber algún tipo de intromisión.
"Definitivamente, el tema de control de armas es uno de los pocos temas que causa tanta controversia en Estados Unidos y puede, efectivamente, avivar una chispa electoral", dijo Reyes Moncayo a tiempo de agregar que "no descartamos que pueda haber una campaña de políticos en Estados Unidos con un eslogan como: 'México quiere nuestras armas o México quiere cambiar la Constitución estadounidense'".
El consultor jurídico precisó en este sentido que México no busca ir en contra del derecho a portar armas que prevé la Constitución norteamericana. "Lo que México busca es que haya un comercio responsable de armas y que quienes las fabrican las distribuyen y las venden se hagan responsables de las consecuencias de vender de manera negligente", puntualizó.
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