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La justicia boliviana, cuestionada por dotar tierras a la familia del exministro golpista Marinkovic

© Foto : X - @BrankoSCZBranko Marinkovic, exministro de Planificación y Economía de Bolivia
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El gobierno de Luis Arce anunció que llevará a juicio a los magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la titulación de 34.000 hectáreas agrarias para esta familia en el departamento de Santa Cruz. La Fundación Tierra exige que la Asamblea Legislativa investigue las acciones de la justicia.
El Órgano Judicial de Bolivia sumó un nuevo conflicto con el gobierno de Luis Arce al viabilizar la titulación de 34.000 hectáreas para la familia de Branko Marinkovic, ministro durante el mandato de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) y opositor de primera hora a las presidencias del Movimiento Al Socialismo (MAS), que comenzaron en 2006.
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Desde la aprobación de la Constitución en 2009, ninguna propiedad puede exceder las 5.000 hectáreas. Para que la familia Marinkovic fuera beneficiada con 34.000 hectáreas fue necesario recurrir a recovecos legales y, también, mover influencias políticas, según advirtieron desde el gobierno de Arce, que programaría enjuiciar a los magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la titulación.
La Fundación Tierra es una Organización de la Sociedad Civil que durante las últimas décadas investigó y formuló propuestas para que las tierras fiscales no queden en pocas manos y sean administradas de manera sustentable. También da seguimiento al caso de la familia Marinkovic, entre otros.
El director de la fundación, Juan Pablo Chumacero, dijo a Sputnik que es necesaria la intervención del Órgano Legislativo para investigar las acciones de los magistrados en este caso. "En la Asamblea Legislativa se debe investigar y eventualmente procesar y castigar a los magistrados", consideró.
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El gobierno nacional anunció que podría enjuiciar a los magistrados que avalaron la titulación, Gonzalo Hurtado Zamorano y René Espada Navía, del Tribunal Constitucional.
Pero no es tan sencillo el panorama para enjuiciar a los magistrados, "que claramente fungen como instrumento político para determinados temas. Habrá que ver qué pasa en el futuro. No creo que estén dadas las condiciones en términos de alianzas y voluntades políticas para que se siga un juicio a estos jueces", dijo Chumacero.
Y repuso: "Se debe investigar, porque no está bien lo que se hace con la justicia y la propiedad agraria en el país".

Prontuario de un exministro

El empresario aceitero Branko Marinkovic llegó al estrellato político con la asunción de Evo Morales, en 2006. Como presidente del Comité Pro Santa Cruz, movilizó a la población cruceña contra las propuestas del MAS para la Asamblea Constituyente, que en ese momento redactaba la actual Constitución.
Como líder cívico, estuvo entre los creadores de la Media Luna, un grupo de autoridades políticas y empresariales que tomaron su nombre de la forma que tenían sus departamentos unidos en el mapa boliviano.
A este grupo se atribuyó el intento de golpe de Estado cívico-prefectural de septiembre de 2008, que el gobierno de Morales pudo sofocar, aunque hubo que lamentar el asesinato de 10 campesinos en el departamento amazónico de Pando, parte de esa Media Luna.
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Varios integrantes de este grupo, como el entonces gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, fueron apresados. Otros escaparon al exterior.
Pocos meses después, en abril de 2009, Marinokvic fue involucrado con la banda armada separatista liderada por Eduardo Rózsa Flores, que fue eliminada por un equipo especial de la Policía en el céntrico hotel cruceño Las Américas. Cuando la justicia emitió una orden de aprehensión para el líder cívico, huyó a Brasil.
Allí permaneció por 10 años, hasta que fue derrocado Morales en 2019. Con el gobierno de facto de Áñez, Marinkovic fue nombrado ministro de Planificación y luego de Economía. Volvió a ocultarse con la recuperación de la democracia, en octubre de 2020.
Durante sus meses como ministro, Marinkovic logró que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitiera una resolución que beneficiaba a los intereses de su familia en dos propiedades: la Laguna Corazón, de 12.500 hectáreas; y las Tierras Bajas del Norte, de 21.500 hectáreas, ambas en el departamento de Santa Cruz (este).
"No deja de llamar la atención que justamente cuando esta persona era ministro de Estado se viabilizó el reconocimiento del derecho sobre las dos propiedades, lo cual hace suponer que hubo uso indebido de influencias y beneficios en ejercicio del cargo", opinó Chumacero.
En 2020, el gobierno de Arce ordenó que se anule esa titulación y se investigue el caso en la justicia, que finalmente falló a favor del gobierno. Pero los Marinkovic presentaron un amparo constitucional.
El 28 de diciembre de 2023, tres días antes de que finalizara el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional, emitieron la cuestionada sentencia que beneficia al exministro de facto y a su familia.

Dudas sobre la sentencia

"Aquí hay una serie de elementos que hacen dudar de la transparencia y la legalidad de este proceso", comentó el director de la Fundación Tierra. Y enumeró la velocidad con la que se emitió la sentencia (ocho meses), o el hecho de que se pronunciaran horas antes de finalizar sus mandatos.
Además, "estas autoridades han estado involucradas en otras decisiones de orden político del Tribunal Constitucional, como la autoprórroga del mandato de los magistrados", por lo cual no abandonaron sus cargos el pasado 31 de diciembre. También en ese momento determinaron que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, debía ceder su cargo al vicegobernador cruceño, dado que desde finales de 2022 está preso en la cárcel de Chonchocoro.
La sentencia que beneficia a los Marinkovic no fue difundida hasta 10 días atrás, lo cual también es motivo de sospecha para Chumacero.
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El gobierno de Arce argumentó ante la justicia que ninguna propiedad podría exceder las 5.000 hectáreas. Pero según la Constitución de 2009, las propiedades conformadas antes de ese año podían sobrepasar esa medida. Los terrenos de los Marinkovic habrían sido adquiridos en 1998, según el tribunal.
Chumacero destacó que el INRA "ha hecho una verificación, una medición y una constatación de derechos. Y determinó que a los Marinkovic solo les corresponden 5.700 hectáreas de las 34.000".
En el caso de la Laguna Corazón, 654 hectáreas son privadas y 11.826 son fiscales. Y en las Tierras Bajas del Norte, 5.000 son de los Marinkovic y 16.533 son del Estado, según el INRA.
De acuerdo con este instituto, las 28.000 hectáreas carentes de documentos que constaten su derecho propietario pertenecen al Estado boliviano.
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