Sin embargo, las medidas únicamente se han aplazado sin una nueva fecha y a media tarde del 27 de febrero la Iglesia del Santo Sepulcro continuaba cerrada a peregrinos y turistas.
La alcaldía quería imponer impuestos a las propiedades de las iglesias que no son lugares de culto, como hoteles o restaurantes.
Según el ayuntamiento, las distintas denominaciones cristianas deben a las arcas municipales más de 50 millones de dólares por ese concepto de impuestos atrasados.
Un comité del gobierno pretendía impulsar un proyecto de ley que permitiría al estado expropiar tierras que las iglesias ortodoxa y católica han vendido a promotores inmobiliarios desde 2010.
Mientras se estudia este apartado, no se llevará adelante ninguna ley contraria a los intereses de las iglesias.