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Reforma energética de México resistiría cruzada anticorrupción de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las inversiones extranjeras atraídas por la reforma energética de México, que pueden llegar a 200.000 millones de dólares, están bajo escrutinio en la actual campaña presidencial, pero su legalidad sobrevivirá a una cruzada anticorrupción, dijeron a Sputnik expertos en energía.
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"No veo un riesgo inmediato para la reforma energética después de las elecciones presidenciales", dijo a esta agencia Alexis Juárez Cao, autor de una investigación del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey sobre el sector energético que está por ser publicada.

Si el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO), ganara los comicios del 1 de julio, "no ocurriría una huida de capitales ni una contrarreforma, que requiere la aprobación de dos terceras partes del Congreso, porque la reforma energética tiene un sólido marco jurídico y constitucional, con estándares internacionales", dijo Juárez Cao.

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AMLO "ha expresado su intención de revisar los contratos para extirpar una corrupción corporativa", observó.

Esta declaración de AMLO dio pie a que el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda, "saliera a precisar las claras reglas y anclajes constitucionales de los contratos, que todos los jugadores del sector petrolero conocen al dedillo", indicó el autor.

En las leyes de la reforma energética "no existen amenazas para empresas que hayan firmado contratos de inversión apegados a la legalidad vigente", enfatizó Juárez Cao.

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En primer lugar, la industria petrolera mundial está integrada por compañías acostumbradas a elevados niveles de amenazas geopolíticas, observó.

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"Esas empresas trabajan en países de alto riesgo, con guerras civiles como en Nigeria, o atentados terroristas a oleoductos como Colombia; no se espantan fácilmente", advirtió el investigador.

En segundo lugar, "no creo que AMLO quiera confrontarse con unos 20 países de las empresas contratistas; es muy difícil atacar a la inversión extranjera internacional sin fundamentos", añadió. 

Sin embargo, Juárez Cao no descartó políticas en contra de la lógica de la industria energética global.

"Pero sabemos que cuando se pone por delante una razón política, no hay lógica económica ni razón jurídica que resista", dijo Juárez Cao.

El escenario de 2018, no obstante, es muy diferente al de 1938, cuando se llevó a cabo la nacionalización petrolera mexicana y las únicas empresas expropiadas fueron de EEUU y Reino Unido.

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AMLO ha expresado que su cruzada anticorrupción quiere evitar el tipo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en México y en una docena de países y que han llevado a la caída de presidentes en Brasil y Perú.

El académico advirtió que "una de las fortalezas de la reforma es que ha sido muy abierta al escrutinio y la transparencia, es un pilar muy difícil de destruir", enfatizó.

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El origen de la impopularidad

Por su parte, Darío Lamanna, experto en derecho energético internacional, dijo a Sputnik que la palabra que define a la actitud de la industria petrolera global hacia México es "prudencia".

"Hay un ambiente de prudencia, los inversores no están asustados, pero actúan con cautela, porque están acostumbrados", dijo Lamanna, exdirector de la Asociación de Negociadores Petroleros Internacionales (AIPN, en inglés) con sede en Houston.

El jurista argentino estimó que la apertura mexicana a la inversión extranjera y privada es un éxito según estándares internacionales, con 107 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos firmados desde 2015 a la fecha, marca que supera a todos los países petroleros de América Latina.

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Lamanna observó que el lado frágil de la reforma es su mayoritaria impopularidad, debido a un "error de comunicación política".

"El común de la gente no la comprende, los resultados no se pueden ver en la calle; y no fue bien comunicada", sentenció el experto.

En efecto, la publicidad del Gobierno no explicó la necesidad de inversiones globales para rescatar el derrumbe de la producción de crudo y la urgencia de ingresos fiscales petroleros para el alicaído gasto público.

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En cambio, las autoridades prometieron bajos precios para las gasolinas y el gas doméstico, cuando ocurrió todo lo contrario, algo inexplicable para las personas de a pie mientras los precios mundiales del crudo se derrumbaban.

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La reforma se convirtió así en un arma política electoral en manos de la oposición, con tintes nacionalistas.

Lamanna observó que, en la última licitación previa a la campaña electoral, el 20 de marzo, "hubo algunas empresas que fueron más conservadoras en sus ofertas, lo que indica consideraciones de cautela".

No obstante, algunas ganadoras, como la rusa Lukoil, la italiana Eni, la española Repsol, la británica Premier Oil y la alemana Deutsche Erdoel "ofrecieron participaciones muy altas para el Estado mexicano, difíciles de cumplir; y pagaron bonos muy elevados para ganar desempates en el concurso".

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Aun así, Lamanna estimó improbable una reversión constitucional.

Si esta ocurriese "solo afectaría algunos gastos operativos de arranque para inversiones que se miden en décadas, y posible pérdida de bonos en efectivo", por algunos cientos de millones de dólares.

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Lamanna destacó, sin embargo, que en la última subasta observó "la ausencia de empresas estadounidenses y la elevada presencia de europeas".

Además, la empresa estatal mexicana Pemex recuperó terreno perdido en rondas anteriores y fue la gran ganadora, al adjudicarse siete de los 16 contratos, seis de ellos en consorcio con petroleras europeas.

"Pemex logró posicionarse como jugador importante y construyó un buen portafolio con socios internacionales grandes", estimó el experto.

El mensaje final de las autoridades y la respuesta del mercado indican que "las inversiones por la reforma energética van a trascender a cualquier tipo de Gobierno", puntualizó.

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Las elecciones presidenciales se celebrarán el 1 de julio. 

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