La comisión tuvo un papel fundamental en la investigación en varios casos de corrupción como el que alejó del poder al expresidente Otto Pérez Molina, ahora preso.
Morales también fue denunciado por la CICIG y la fiscalía por financiación ilícita de la campaña electoral del 2015, y su hijo y hermano fueron denunciados por fraude al Estado.
El analista guatemalteco Rafael Cuevas, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, dijo a 'En Órbita' que la la resolución del Gobierno es un "golpe" a la institucionalidad del país.
"La institucionalidad guatemalteca ve truncado un proceso dirigido a tratar de fortalecerla con el fin de desmontar lo que podríamos catalogar, sin ninguna duda, como un Estado mafioso", afirmó Cuevas.
Para el investigador, el Gobierno de Morales "está tomando decisiones de corte autoritario que desconocen, no solo a la CICIG, sino que también a otras instancias del Estado, como es la Corte de Constitucionalidad".
En tanto, el fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, presentó su renuncia luego de que varias manifestaciones que reclamaban su retiro. Los cuestionamientos a Chávarry se basan en sus presuntos nexos con los políticos investigados por el caso Odebrecht.
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