"Créase el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", dice el decreto, publicado este 17 de julio en el Boletín Oficial.
La norma establece que el registro tendrá como fin "brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento".
Además, se dispone el congelamiento de activos de las personas que estén registradas y los extranjeros que figuren en ese documento no podrán ingresar a Argentina.
En el decreto se afirma que con esta medida se busca mejorar el cumplimiento técnico de la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional, que combate la financiación del terrorismo, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A pesar de que el texto no menciona al movimiento libanés Hizbulá, señalado por la justicia argentina como partícipe del ataque a la AMIA, queda tácitamente involucrado cuando el decreto presidencial señala que queda comprendida "toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual la Unidad de Información Financiera haya ordenado el congelamiento administrativo de activos".
"Esta organización va a quedar como una organización condenada en la Argentina por sus acciones terroristas, condenada en un sentido simbólico, porque la condena solo la puede hacer la justicia, pero no va a poder tener ningún tipo de activo porque va a ser congelado y, por supuesto, todos van a tener prohibida la entrada al país", afirmó la jerarca.
La resolución de Argentina sería a partir de un pedido de EEUU e Israel y significaría el endurecimiento de las restricciones políticas y financieras de los miembros de Hizbulá en el territorio del país sudamericano.
El 16 de julio, un portavoz del Departamento de Estado de EEUU, dijo que el secretario de Estado, Mike Pompeo, iba a instar a los gobiernos latinoamericanos a que redacten un comunicado comprometiéndose a sancionar a organizaciones terroristas y a quienes las financian en el hemisferio occidental.
Irán y Hezbolá serán tema de la cumbre organizada por la Cancillería.
En 2003, la Justicia argentina culpó a Irán de estar detrás del ataque a la AMIA y a Hizbulá por su ejecución.
El decreto se publica en momentos en los que EEUU impuso nuevas sanciones contra la organización libanesa.
Hizbulá fue creado en los años 80 como una organización política y paramilitar de la población libanesa chiita, una de las ramas del Islam.
El ala militar del grupo, que originalmente buscaba poner fin a la ocupación israelí en el sur de Líbano, ahora está activa también en Siria y lucha en respaldo al Gobierno del presidente Bashar Asad.
El registro dado a conocer este 17 de julio por el Gobierno argentino será de "acceso público con los alcances que establezca el Ministerio de Justicia, resguardando la protección de datos a través de las medidas de seguridad pertinentes".
El documento fue firmado por el presidente Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Germán Garavano, de Justicia; Patricia Bullrich de Seguridad; y Jorge Faurie, de Relaciones Exteriores.