En la audiencia sobre el acceso a los derechos de los pueblos indígenas "México reconoció el problema estructural de injusticia que viven los pueblos indígenas desde el periodo colonial, el cual no se ha logrado superar".
En dos audiencias públicas y tres reuniones de trabajo, la delegación del país latinoamericano destacó su compromiso de "fortalecer sus instituciones a fin de que todas las personas en territorio mexicano tengan pleno acceso a sus derechos".
Entre las acciones reportadas está una iniciativa de reforma constitucional y legal para que el régimen agrario reconozca y garantice los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales.
La delegación pidió a la CIDH, especialmente a la relatora para los derechos de los pueblos indígenas, "el acompañamiento en este proceso de reforma constitucional".
Por ello, están en marcha esfuerzos para mejorar la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y su vinculación con las demás autoridades.
Otro compromiso expresado fue la reactivación de los trabajos del Sistema Nacional previsto en la Ley General de Víctimas para consolidar la implementación de esta legislación.
La delegación participó, además, en tres reuniones de trabajo privadas relacionadas con asuntos presentados ante la CIDH y el seguimiento de sus recomendaciones, a fin de "implementar las acciones adecuadas para su mejor solución".
La participación coincidió con un agudo debate en este país sobre el proceso de nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman federal) que, según organizaciones civiles y congresistas opositores, hace perder autonomía al organismo, al designar a una dirigente del partido oficialista, Rosario Piedra Ibarra.