Después de cuatro meses de negociaciones con el comité de empresa, el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia, la multinacional anunció su decisión de despedir a la mayor parte de la plantilla y quedarse tan solo con 99 trabajadores en la parte de fundición y en la refinería de alúmina de San Cibrao. Además, anunció la paralización de las cubas de electrólisis, una parte neurálgica de la fábrica porque ahí es donde se consigue el aluminio.
Alcoa, la tercera productora de aluminio en el mundo, alega que la planta no es viable "debido a factores productivos estructurales". Detalla que las principales dificultades son: "la ausencia de un marco energético competitivo en España, la sobrecapacidad mundial en la producción de aluminio y la caída del precio del aluminio".
Aseguran que "durante este año y hasta el 30 de septiembre, la planta San Ciprián ha registrado unas pérdidas de aproximadamente 45 millones de dólares. En 2018 y 2019 sus pérdidas combinadas ascendieron a 126 millones de dólares".
Los sindicatos han anunciado que interpondrán una cautelarísima, un proceso judicial que intentará que un juez paralice el despido colectivo. Desde el sindicato UGT han advertido que no permitirán "este atropello" a un sector estratégico del país.
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, tachó el ERE de Alcoa como "fraudulento".
"Alcoa acaba de tomar una decisión que es salir de España. Es una decisión que le corresponde a Alcoa, es su responsabilidad, pero lo que no puede pretender es que España se quede sin la única fábrica de aluminio primario para suministrar al mercado español", advirtió Núñez Feijoo.
El presidente de la Xunta también animó al Comité de Empresa a impugnar el ERE.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también se pronunció a través de un comunicado en el que acusa a Alcoa como "la única responsable del fracaso en las negociaciones de venta" con Liberty House. Desde este despacho aseguran que siguen trabajando por una solución que mantenga el empleo.