Así, mientras el texto debía apuntar a un grupo de privados de libertad que podrían describirse como manifestantes legítimos "movidos por el descontento en cuanto al sistema económico, político y social", que enfrentaron "una respuesta policial para aplacar esas manifestaciones", también favorece a la "delincuencia común aprovechándose del contexto de las manifestaciones, materializados en vandalismo y delincuencia común: hurtos, daños, saqueos e incendios".
"Para mí no vale el distingo entre si estos participaron en hechos de atentados a la propiedad privada o eventualmente otros ilícitos. Creo que aquí todos los hechos tienen la misma explicación y es, en definitiva, expresar de manera contundente el malestar que en esa época había en el país", argumentó el experto.
"Para ser claro y categórico: hoy el Gobierno del presidente Boric no tiene ninguna voluntad en avanzar en la libertad de los jóvenes presos producto del estallido social", sintetizó.
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