Entre 2018 y 2022, Sumilab acumula 71 facturas con el Gobierno estatal de Sinaloa con un valor acumulado de 14,7 millones de pesos, mientras que el Gobierno federal de México ha otorgado hasta 2,7 millones de pesos a dicha empresa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó el pasado 9 de mayo a Sumilab dentro de sus listas negras por sus presuntos vínculos con Los Chapitos, cártel formado por los hijos del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, y al que Washington responsabiliza del tráfico de fentanilo en su territorio.
Las autoridades estadounidenses acusan a la compañía de entregar precursores químicos y equipo médico para la fabricación de esta droga.
Según la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, los contratos que la firma tuvo con el Gobierno de Sinaloa fueron para comprar paquetes de reactivos, filtros, acetatos, materiales y suministros de laboratorios el Hospital Civil de Culiacán y universidades estatales como la Universidad Tecnológica de Culiacán y la Universidad Politécnica del Valle del Évora.
Destaca el caso del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE). Durante la gestión de Andrés Castro, entre enero de 2017 y mayo de 2019, Sumilab recibió su primer contrato por 700.000 pesos. Para 2019, con la llegada de Álvaro Ruelas, hasta entonces secretario de Desarrollo Sustentable, las adquisiciones aumentaron hasta 12 millones de pesos.
Las autoridades responsables de las adquisiciones afirmaron que los contratos se firmaron conforme a la regulación vigente. Por su parte, ni el exgobernador de Sinaloa y actual embajador de México en España Quirino Ordaz ni el actual mandatario estatal, Ruben Rocha, se pronunciaron sobre los contratos.
"Tales operaciones se llevaron a cabo con base en los procesos de adjudicaciones que prevé la ley, de acuerdo con un comité de compras al que se somete para aprobación", declaró a El País el exdirector del Hospital Civil de Culiacán entre 2019 y 2021, Israel Martínez, quien resaltó que solo se compró equipo médico y no sustancias químicas.
En el caso del Gobierno federal, aunque tenía contratos con Sumilab desde 2017, estos aumentaron en 2018 y abarcaron más de una dependencia, en específico dos centros de investigación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), una oficina de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste.
Otros gobiernos estatales, como el de Sonora y Baja California, también firmaron contratos con Sumilab. Aunque antes de 2017 ya tenían una relación comercial, esta aumentó después de 2018.
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