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¿Por qué Honduras no enjuicia al expresidente Juan Orlando Hernández?
¿Por qué Honduras no enjuicia al expresidente Juan Orlando Hernández?
Sputnik Mundo
La captura del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico, para extraditarlo a EEUU —donde su hermano ya cumple cadena perpetua... 16.02.2022, Sputnik Mundo
2022-02-16T15:08+0000
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El exmandatario, en posesión del máximo cargo hasta el 27 de enero de 2022, abandonó su vivienda, ubicada en el Residencial San Ignacio de Tegucigalpa, de manera voluntaria. A la salida, lo esperaban agentes policiales y el ministro de seguridad del gobierno de Xiomara Castro, Ramón Sabillón, quienes le colocaron un chaleco antibalas y lo esposaron en manos y pies.El exgobernante hondureño partió hacia la Dirección de Fuerzas Especiales, resguardado por una caravana vehicular y un fuerte operativo terrestre y aéreo, que comenzó desde horas de la noche del pasado lunes con la intervención de 600 efectivos, y tras la orden firmada por el juez natural designado para el caso, Edwin Ortez.Este 14 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, mediante su perfil en la red social Twitter, transmitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la comunicación oficial de la sede de la diplomacia estadounidense solicitando el arresto provisional de un político de ese país, cuyo nombre fue confirmado más tarde, con el propósito de extradición a su territorio.Apenas dos semanas después de su salida como máxima figura de Honduras, Hernández está acusado de tráfico de sustancias controladas en Estados Unidos; fabricación y distribución de químicos ilegales con la intención y el conocimiento de su importación hacia territorio estadounidense y otros cargos asociados al uso o portación de armas de fuego, ayuda o instigación a su empleo.En marzo de 2021, el propio hermano del expresidente hondureño, Juan Antonio 'Tony' Hernández, había sido condenado a cadena perpetua por los mismos cargos.Sistema judicial controladoLa extradición de Juan Orlando Hernández ha levantado un debate en Honduras, pues si bien los cargos por narcotráfico son conocidos, la cuestión es por qué no es juzgado por la justicia del propio país, como corresponde a todos los ciudadanos.Los entrevistados consultados por Sputnik coinciden en que, pese a la existencia de pruebas en contra del exmandatario, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y hasta el propio fiscal general, Óscar Chinchilla, resultan instituciones y figuras claves seleccionadas por Juan Orlando Hernández durante sus ocho años de gobierno.Calificado como servil a los intereses del partido Nacional, organización en el Ejecutivo desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya (2006-2009), Chinchilla trasciende por su mutismo e indolencia frente a casos de corrupción o atentados contra la democracia, además de su apoyo a grupos de poder vinculados a la malversación de los fondos estatales.El también miembro coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, aludió a la remoción de José Gutiérrez, Rosa Cruz, Gustavo Bustillo y José Cruz, integrantes de la Sala Constitucional de institución, acusados de fallar contra varias leyes enviadas al Parlamento y a instancia del entonces mandatario Porfirio Lobo.Para Alejandro Bonilla, miembro del partido Libertad y Refundación (Libre), de la organización política Los Necios y excandidato a diputado por Libre, la consolidación en el poder de Juan Orlando, luego de los comicios de 2013, supuso flagrantes violaciones a las leyes vigentes y la cooptación de los tres principales poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.En este sentido, aseveró a Sputnik, el triunfo de Xiomara Castro el 28 de noviembre de 2021, determinó la conquista de la presidencia y una mayoría moderada en el Congreso Nacional, pero "la dictadura continúa con sus operaciones en el apartado judicial" y Chinchilla mantendrá su cargo hasta agosto de 2023."Debido a eso nuestro país no cuenta con un sistema de justicia adecuado para procesar a ese ciudadano y carece de investigaciones en su contra pese a la multiplicidad de delitos que se le imputan a nivel social e institucional. Por tanto, la mejor opción hasta el momento es la de extraditarlo a Estados Unidos", comentó.Bonilla mencionó la existencia de innumerables pruebas vinculadas al narcotráfico, traición a la patria, violaciones a la Constitución, corrupción, fraudes en las elecciones de 2013 y 2017, responsabilidad en las masacres y represión a las protestas tras esos procesos de sufragio, y el robo de los fondos del seguro social, valorados en 300 millones de dólares.El poeta, documentalista y educador popular Luis Méndez recordó cómo, durante 12 años, los gobiernos del partido Nacional, las redes asociadas al crimen organizado y la narcopolítica se apoderaron de la institucionalidad hondureña y desde el control y la manipulación apuntalaron la impunidad del expresidente."Uno de sus crímenes más recientes fue la adquisición de hospitales móviles para el enfrentamiento a la pandemia COVID-19, mediante el empleo de millones de lempiras de los fondos públicos. Su inutilidad determinó que el pueblo los rebautizara como 'latas móviles'. Si se tratase solo de pruebas, no habría problemas. Pero no tienen sentido, en un sistema de justicia inservible", apuntó.¿Qué busca Estados Unidos?A juicio de Bonilla, el pedido de extradición de la justicia estadounidense responde a un tema geopolítico pues "fue el Gobierno de ese país quien lo ayudó a convertirse en un dictador, al control de los poderes, a la imposición de una estrategia de sometimiento, a la instalación de un modelo neoliberal y, como consecuencia de ello, al alcance de indicadores de pobreza superiores al 73 %"."Hoy ellos le dan la espalda", sentenció el joven militante de Libre, para quien la solicitud de extradición constituye un intento de blanqueo de EEUU ante la comunidad internacional. Aclaró, asimismo, que su condición como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) no le concede impunidad frente a este tipo de acusaciones.El ingeniero agrónomo Mario Moradel aludió a la doble moral de la administración norteamericana pues mientras JOH, como se le conoce en su país, era presidente nunca se habló de extradición. "Es una guerra entre carteles por el control del mercado de la cocaína y la eliminación de la competencia. Por eso los gringos tienen bases en Colombia y Honduras", aseguró a Sputnik."En síntesis, el cambio de gobierno lo sepultó. Él y su grupo creyeron que iban a continuar con el mando del país. Realizaron mal los cálculos políticos y confiaron en la protección de Estados Unidos, que dice no tener amigos ni enemigos, solo intereses. Es un mensaje para todas las organizaciones de la droga que operan sin el control de la DEA", argumentó.Sumado a ello, indicó a Sputnik René Hernández, excandidato suplente a diputado por Libre y militante de la organización política Los Necios, la decisión puede incluir al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), a quien en 2021 se le negó la visa de entrada a EEUU, bajo el argumento de haber recibido sobornos de narcotraficantes.Fabio Lobo, su hijo, responde desde 2017 por una sentencia de 24 años de cárcel más cinco en libertad condicional, acusado de conspiración para importar y distribuir cocaína en EEUU y culpado por el uso del cargo de su padre y sus propias conexiones para unir a los traficantes con policías y funcionarios públicos corruptos.De acuerdo con el analista, Juan Orlando fue funcional a la estrategia internacional asumida por la Casa Blanca y como fuerza contraria a los procesos de Venezuela y Cuba; "lo sostuvieron y alimentaron, si bien ahora le retiraron el apoyo y deciden juzgarlo, en consonancia con su postura histórica de hacer y deshacer en la periferia de su imperio".Washington saca los cálculos en dependencia de sus propósitos, advirtió Luis Méndez, "no le importa si perdemos el sentido de la democracia; existe violencia estructural, muertes, criminalización o debamos pagar el precio de contar con narcotraficantes en el Gobierno, porque a ellos no les convino los vínculos de Zelaya con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)".Al final, manifestó, Estados Unidos, como cómplice del fenómeno social, se queda con la droga, los recursos invertidos por los delincuentes y deja en las otras naciones crisis económica, pobreza y profundización de la arbitrariedad.¿Pérdida de la soberanía nacional?La situación del expresidente hondureño era un secreto a voces, según René Hernández, incluso, cuando pronunciaba discursos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) casi nadie lo escuchaba y algunos mandatarios evitaban tomarse fotos con él por su condición de político corrupto asociado al narcotráfico.Pero su extradición no deja de levantar dudas, por cuanto implica ceder la administración de justicia a EEUU y cuestiona la soberanía nacional.Méndez también planteó esa dicotomía entre el alivio con la salida del exmandatario por todo el daño causado desde el punto de vista social, económico y político y la pérdida de la soberanía nacional y la capacidad de resolver los asuntos internos desde la independencia y la autodeterminación."La llegada de Xiomara Castro al poder, luego de la salida de los golpistas, con sus propuestas de refundación y transformación, supondrá más adelante la existencia de instituciones de justicia dignas, éticas y responsables. Sobre todo, estar alertas frente al proyecto expansivo de Estados Unidos y su incesante control sobre las dinámicas internas de los países de la región", concluyó.
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juan orlando hernández, honduras, eeuu, narcotráfico, extradición , xiomara castro
El exmandatario, en posesión del máximo cargo hasta el 27 de enero de 2022, abandonó su vivienda, ubicada en el Residencial San Ignacio de Tegucigalpa, de manera voluntaria. A la salida,
lo esperaban agentes policiales y el ministro de seguridad del gobierno de Xiomara Castro, Ramón Sabillón, quienes le colocaron un chaleco antibalas y lo esposaron en manos y pies.
El exgobernante hondureño partió hacia la Dirección de Fuerzas Especiales, resguardado por una caravana vehicular y un fuerte operativo terrestre y aéreo, que
comenzó desde horas de la noche del pasado lunes con la intervención de 600 efectivos, y tras la orden firmada por el juez natural designado para el caso, Edwin Ortez.
Este 14 de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, mediante su perfil en la red social Twitter,
transmitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la comunicación oficial de la sede de la diplomacia estadounidense solicitando el arresto provisional de un político de ese país, cuyo nombre fue confirmado más tarde,
con el propósito de extradición a su territorio.
3 de febrero 2022, 00:06 GMT
Apenas dos semanas después de su salida como máxima figura de Honduras, Hernández está acusado de tráfico de sustancias controladas en Estados Unidos; fabricación y distribución de químicos ilegales con la intención y el conocimiento de su importación hacia territorio estadounidense y otros cargos asociados al uso o portación de armas de fuego, ayuda o instigación a su empleo.
En marzo de 2021, el propio hermano del expresidente hondureño, Juan Antonio 'Tony' Hernández, había sido
condenado a cadena perpetua por los mismos cargos.
Sistema judicial controlado
La extradición de Juan Orlando Hernández ha levantado un debate en Honduras, pues si bien los cargos por narcotráfico son conocidos, la cuestión es por qué no es juzgado por la justicia del propio país, como corresponde a todos los ciudadanos.
Los entrevistados consultados por Sputnik coinciden en que, pese a la existencia de pruebas en contra del exmandatario, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y hasta el propio fiscal general, Óscar Chinchilla, resultan instituciones y figuras claves seleccionadas por Juan Orlando Hernández durante sus ocho años de gobierno.
Calificado como servil a los intereses del partido Nacional, organización en el Ejecutivo desde el
golpe de Estado contra Manuel Zelaya (2006-2009), Chinchilla trasciende por su mutismo e indolencia frente a casos de corrupción o atentados contra la democracia, además de su apoyo a grupos de poder vinculados a la malversación de los fondos estatales.
"Hernández seleccionó esos cargos a su favor, por ello jamás fue posible un requerimiento fiscal en su contra. De haber existido un aviso de ese tipo, el Poder Judicial lo hubiera desestimado por su compromiso con la línea del exmandatario. Él mismo destituyó a cuatro magistrados de la CSJ en 2012 cuando era presidente del Congreso Nacional", refirió a Sputnik el pedagogo Juan López.
El también miembro coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, aludió a la remoción de José Gutiérrez, Rosa Cruz, Gustavo Bustillo y José Cruz, integrantes de la Sala Constitucional de institución, acusados de fallar contra varias leyes enviadas al Parlamento y a instancia del entonces mandatario Porfirio Lobo.
Para Alejandro Bonilla, miembro del partido Libertad y Refundación (Libre), de la organización política Los Necios y excandidato a diputado por Libre, la consolidación en el poder de Juan Orlando, luego de los comicios de 2013, supuso flagrantes violaciones a las leyes vigentes y la cooptación de los tres principales poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En este sentido, aseveró a Sputnik, el
triunfo de Xiomara Castro el 28 de noviembre de 2021, determinó la conquista de la presidencia y una mayoría moderada en el Congreso Nacional, pero "la dictadura continúa con sus operaciones en el apartado judicial" y Chinchilla mantendrá su cargo hasta agosto de 2023.
9 de febrero 2022, 05:30 GMT
"Debido a eso nuestro país no cuenta con un sistema de justicia adecuado para procesar a ese ciudadano y carece de investigaciones en su contra pese a la multiplicidad de delitos que se le imputan a nivel social e institucional. Por tanto, la mejor opción hasta el momento es la de extraditarlo a Estados Unidos", comentó.
Bonilla mencionó la existencia de innumerables pruebas vinculadas al narcotráfico, traición a la patria, violaciones a la Constitución, corrupción, fraudes en las elecciones de 2013 y 2017, responsabilidad en las masacres y represión a las protestas tras esos procesos de sufragio, y el robo de los fondos del seguro social, valorados en 300 millones de dólares.
El poeta, documentalista y educador popular Luis Méndez recordó cómo, durante 12 años, los gobiernos del partido Nacional, las redes asociadas al crimen organizado y la narcopolítica se apoderaron de la institucionalidad hondureña y desde el control y la manipulación apuntalaron la impunidad del expresidente.
"Uno de sus crímenes más recientes fue la adquisición de hospitales móviles para el enfrentamiento a la pandemia COVID-19, mediante el empleo de millones de lempiras de los fondos públicos. Su inutilidad determinó que el pueblo los rebautizara como 'latas móviles'. Si se tratase solo de pruebas, no habría problemas. Pero no tienen sentido, en un sistema de justicia inservible", apuntó.
28 de enero 2022, 14:55 GMT
¿Qué busca Estados Unidos?
A juicio de Bonilla, el pedido de extradición de la justicia estadounidense responde a un tema geopolítico pues "fue el Gobierno de ese país quien lo ayudó a convertirse en un dictador, al control de los poderes, a la imposición de una estrategia de sometimiento, a la instalación de un modelo neoliberal y, como consecuencia de ello, al alcance de indicadores de pobreza superiores al 73 %".
"Hoy ellos le dan la espalda", sentenció el joven militante de Libre, para quien la solicitud de extradición constituye un intento de blanqueo de EEUU ante la comunidad internacional. Aclaró, asimismo, que su condición como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) no le concede impunidad frente a este tipo de acusaciones.
"Estados Unidos reacomoda sus piezas en el continente, ello implica un maquillaje en sus relaciones diplomáticas, militares y financieras. Las condiciones de pobreza y desigualdad social producto del neoliberalismo, promovido desde Washington, generaron el éxodo masivo de las poblaciones y, aparentemente, ahora busca mecanismos para frenar la situación", señaló Juan López.
El ingeniero agrónomo Mario Moradel aludió a la doble moral de la administración norteamericana pues mientras JOH, como se le conoce en su país, era presidente nunca se habló de extradición. "Es una guerra entre carteles por el control del mercado de la cocaína y la eliminación de la competencia. Por eso los gringos tienen bases en Colombia y Honduras", aseguró a Sputnik.
"En síntesis, el cambio de gobierno lo sepultó. Él y su grupo creyeron que iban a continuar con el mando del país. Realizaron mal los cálculos políticos y confiaron en la protección de Estados Unidos, que dice no tener amigos ni enemigos, solo intereses. Es un mensaje para todas las organizaciones de la droga que operan sin el control de la DEA", argumentó.
Sumado a ello, indicó a Sputnik René Hernández, excandidato suplente a diputado por Libre y militante de la organización política Los Necios, la decisión puede incluir al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), a quien en 2021 se le negó la
visa de entrada a EEUU, bajo el
argumento de haber recibido sobornos de narcotraficantes.
29 de enero 2022, 03:25 GMT
Fabio Lobo, su hijo, responde desde 2017 por una sentencia de 24 años de cárcel más cinco en libertad condicional, acusado de conspiración para importar y distribuir cocaína en EEUU y culpado por el uso del cargo de su padre y sus propias conexiones para unir a los traficantes con policías y funcionarios públicos corruptos.
De acuerdo con el analista, Juan Orlando fue funcional a la estrategia internacional asumida por la Casa Blanca y como fuerza contraria a los procesos de Venezuela y Cuba; "lo sostuvieron y alimentaron, si bien ahora le retiraron el apoyo y deciden juzgarlo, en consonancia con su postura histórica de hacer y deshacer en la periferia de su imperio".
Washington saca los cálculos en dependencia de sus propósitos, advirtió Luis Méndez, "no le importa si perdemos el sentido de la democracia; existe violencia estructural, muertes, criminalización o debamos pagar el precio de contar con narcotraficantes en el Gobierno, porque a ellos no les convino los vínculos de Zelaya con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)".
Al final, manifestó, Estados Unidos, como cómplice del fenómeno social, se queda con la droga, los recursos invertidos por los delincuentes y deja en las otras naciones crisis económica, pobreza y profundización de la arbitrariedad.
¿Pérdida de la soberanía nacional?
La situación del expresidente hondureño era un secreto a voces, según René Hernández, incluso, cuando pronunciaba discursos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) casi nadie lo escuchaba y algunos mandatarios evitaban tomarse fotos con él por su condición de político corrupto asociado al narcotráfico.
Pero su extradición no deja de levantar dudas, por cuanto implica ceder la administración de justicia a EEUU y cuestiona la soberanía nacional.
"El proceso de extradición será efectivo y ambos países cuentan con los mecanismos para llevarlo a cabo. Lamentablemente, estamos en una contradicción entre la felicidad de que por fin se lo llevan y el reconocimiento a esa nación como nuestra salvadora porque carecemos de mecanismos propios de justicia", explicó.
Méndez también planteó esa dicotomía entre el alivio con la salida del exmandatario por todo el daño causado desde el punto de vista social, económico y político y la pérdida de la soberanía nacional y la capacidad de resolver los asuntos internos desde la independencia y la autodeterminación.
"La llegada de Xiomara Castro al poder, luego de la salida de los golpistas, con sus propuestas de refundación y transformación, supondrá más adelante la existencia de instituciones de justicia dignas, éticas y responsables. Sobre todo, estar alertas frente al proyecto expansivo de Estados Unidos y su incesante control sobre las dinámicas internas de los países de la región", concluyó.
5 de febrero 2022, 00:45 GMT
