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Uruguay se perfila en la discusión de una reforma de su sistema previsional

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MONTEVIDEO (Sputnik) — El sistema político, organizaciones sociales y la sociedad uruguaya en su conjunto se encuentran a pocos días de comenzar el debate de una reforma de seguridad social, que para algunos es impostergable y para otros es solo un parche que no resolverá las dificultades financieras existentes y afectará derechos adquiridos.
Sobre la mesa está el anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, para quien la reforma es urgente ante los desafíos de sostenibilidad que presenta del sistema hacia el futuro.
El borrador fue elaborado en base al diagnóstico y las recomendaciones realizadas por una Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), integrada por representantes de todos los partidos políticos y organizaciones sociales.
Contiene 307 artículos y propone, entre varias modificaciones, aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años en un proceso gradual que no abarcará a toda la población.
En base a las devoluciones o propuestas que surjan del estudio que realizan por estas horas los partidos políticos integrantes de la coalición de gobierno y la oposición, el Gobierno elaborará el proyecto de ley definitivo que sería remitido al Parlamento en septiembre.
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Los cambios

El sistema de seguridad social de Uruguay está basado en un régimen mixto, compuesto por un componente de reparto, llamado de solidaridad intergeneracional, que se financia mediante transferencias entre generaciones y recursos provenientes de impuestos afectados y asistencia financiera del Gobierno, y que es gestionado por el Banco de Previsión Social (BPS).
El otro componente es el de ahorro individual, en el que los derechos se determinan en base al ahorro de las personas, la rentabilidad obtenida por Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y una renta vitalicia al momento del retiro.
Existen además otros cinco regímenes especiales conocidos como "cajas": dos estatales que abarcan al personal militar y al policial, y otros tres a cargo de personas públicas no estatales que cubren a notarios, personal bancario y profesionales universitarios.
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La propuesta del Gobierno de Lacalle Pou es mantener la estructura actual pero que todos los regímenes confluyan en un sistema previsional común en un plazo de 20 años.
Se prevé además una convergencia de las "cajas" de modo de generar una equidad que hoy no existe entre las personas que se retiran ya que existen distintas contemplaciones según el régimen al que pertenezcan.
En lo que se refiere al aumento de la edad de retiro, la iniciativa solo alcanzará a quienes nacieron a partir de 1967 y será gradual.
Esto significa que los nacidos en ese año podrán retirarse a los 61 años, los de 1968 a los 62, y así sucesivamente hasta los nacidos en 1971 con 65 años.
En tanto, la cantidad de años de trabajo necesarios para acceder al retiro no se modificará y seguirá siendo 30.

Las razones

Según el informe de diagnóstico elaborado por el CESS, Uruguay tiene un importante nivel de gasto público previsional, similar al de los países desarrollados, lo que implica un desafío en términos de sostenibilidad.
Actualmente está ubicado en el orden de 11% del Producto Interno Bruto (PIB), y de continuar así se elevaría a 13,5% en 2070, manteniendo una trayectoria al alza permanente.
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Esto se explica, según la comisión, por los cambios demográficos en curso y la consiguiente aceleración del envejecimiento, unido "al elevado nivel de gasto previsional del que se parte".
"Es necesario corregir la trayectoria que presentan las erogaciones destinadas a jubilaciones, retiros y pensiones, de manera de alcanzar niveles de gasto compatibles con el desarrollo de otras políticas públicas igualmente relevantes y asegurar los fundamentos de la prosperidad económica y social", señala el informe.
Según las estimaciones del Gobierno, los cambios planteados permitirían garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pero no eliminar el déficit existente.

La discusión

El anteproyecto de reforma previsional se encuentra actualmente a estudio de todos los partidos políticos de Uruguay y más allá de algunas expresiones puntuales de algunos sectores, no se han producido grandes pronunciamientos.
El presidente Lacalle Pou ha señalado que su intención es lograr el mayor consenso posible, teniendo en cuenta que se trata de una transformación de fondo que afectará a las futuras generaciones y a los próximos gobiernos.
En el Partido Nacional (centroderecha), fuerza política mayoritaria en la coalición del gobierno y a la cual pertenece el mandatario, la posición inicial era que se debía avanzar en la reforma sólo si se lograba un acuerdo con todos los partidos políticos.
Esa postura, sin embargo, cambió en las últimas semanas y existe convicción de que debe ser votada incluso si la oposición no acompaña.
El Partido Colorado (centroderecha), también integrante de la coalición, definirá su posición el próximo sábado 27 de agosto en su convención nacional.
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El diputado colorado Felipe Schipani adelantó a la Agencia Sputnik que su fuerza política aprobará el anteproyecto pero propondrá algunas modificaciones.
"Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible una reforma de la seguridad social (...) De lo contrario, ya no las jubilaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos, las nuestras realmente correrán peligro", aseveró.
El legislador oficialista coincidió además con la postura del Partido Nacional de que se debe avanzar aún sin los votos de la oposición.
"Estas son las reformas que hay que hacer no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones", dijo.
Cabildo Abierto (derecha), otro de los socios de la coalición, está a la espera de un estudio por parte de sus técnicos para fijar posición.
En la previa existe preocupación por los topes de ingresos que se establecen en el anteproyecto para acceder a la pensión de sobrevivencia por viudez, según adelantó a principios de mes en conferencia de prensa el líder de ese partido el senador Guido Manini Ríos.
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Por su parte, el opositor Frente Amplio (centroizquierda) conformó un equipo de 25 técnicos para estudiar a fondo el articulado y aguardará a que los socios de coalición se pronuncien antes de hacer pública su postura.
A pesar de ello, una fuente de la fuerza política adelantó algunos conceptos a la Agencia Sputnik y señaló que la reforma propuesta sólo aborda una parte del problema.
"Está pensada sólo desde el lado del gasto o de los egresos y su objetivo es reducirlos pero sin proponer medidas claras de mejora de los ingresos, de la recaudación o de combate a la evasión", señaló.
Advirtió además que la iniciativa fortalece a las AFAP y hace obligatorio el aporte a ese sistema.
"Esta reforma favorece más al proceso de capitalización individual que al proceso público solidario que tenía el sistema (...) El aporte pasa a ser obligatorio. Hasta ahora era más voluntario que obligatorio", agregó.
La misma fuente señaló que el aumento de la edad de retiro es "bastante general" y tendrá "serios impactos" en los sectores más vulnerables de la sociedad, en particular en las mujeres.

La opinión de los uruguayos

Hasta el momento la única encuesta de opinión pública conocida tras la divulgación del anteproyecto fue elaborada por la empresa Equipos Consultores a solicitud del Gobierno.
El estudio fue realizado de forma presencial entre el 24 de junio y el 9 de julio previo a que se divulgara públicamente el anteproyecto en discusión.
Revela que el 72% de los uruguayos está de acuerdo en reformar el sistema previsional, 19% considera que debe dejarse como está y 9% no sabe o no contesta.
Sobre el aumento de la edad de retiro, el 37% dijo estar de acuerdo y 24% dice que aunque "no le gusta" el eventual cambio, "lo aceptaría".
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