El largo camino de la acusación contra Pedro Castillo en el Congreso de Perú
El largo camino de la acusación contra Pedro Castillo en el Congreso de Perú
Sputnik Mundo
La acusación constitucional contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, abre un extenso proceso en el Congreso que podría terminar con su suspensión en un... 14.10.2022, Sputnik Mundo
2022-10-14T21:11+0000
2022-10-14T21:11+0000
2022-12-28T09:38+0000
américa latina
perú
congreso de perú
pedro castillo
política
petroperú
📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo
El Congreso peruano inicia el proceso de estudio de la acusación constitucional presentada contra el presidente, Pedro Castillo, por la fiscal de la Nación Patricia Benavides por presuntos delitos de corrupción.En su artículo 99, la Constitución Política de Perú prevé que la Comisión Permanente del Congreso tiene la potestad de acusar, ante el pleno del legislativo, a varios funcionarios de alto rango del país, entre ellos el presidente de la República, cuando presuma que existe "infracción de la Constitución" o por "todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones".El texto aclara además que la acusación puede hacerse mientras el jerarca está en el cargo y "hasta cinco años después" de que haya dejado el cargo.El instrumento no solo puede ser usado por los congresistas, sino que también, como ocurre en este caso, la acusación puede ser presentada por el fiscal de la Nación. Según la fiscal Benavides, una investigación de tres meses permite presumir "la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas".La fiscal indicó que las irregularidades se habrían presentado en la órbita del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la petrolera estatal Petroperú. Para Benavides, en los casos hubo "uso ilícito de las facultades presidenciales", que permitieron beneficios económicos ilegales o porcentajes de licitaciones.Una vez ingresada al Congreso, la denuncia es derivada a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, un órgano actualmente integrado por 25 congresistas y conformado proporcionalmente según el peso electoral de cada partido.La integración actual, aprobada en agosto de 2022, tiene cinco integrantes de Fuerza Popular, tres de Perú Libre, tres de Acción Popular, dos de Alianza para el Progreso, dos del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, dos de Renovación Popular, dos de Avanza País, uno de Perú Democrático, uno de Podemos Perú, uno de Integridad y Desarrollo, uno de Somos Perú, uno de Cambio Democrático, y uno de Perú Bicentenario.Ingresada la denuncia, la comisión tiene un plazo de 10 días hábiles para decidir si admite la denuncia. En caso de hacerlo, se abre un nuevo período "no mayor a 15 días hábiles" para realizar una investigación sobre la denuncia y elaborar un informe, que presentará a la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso.Cuando la comisión inicie la investigación, deberá dar cuenta al acusado, en este caso el presidente Castillo, para que presente sus descargos. Cuando la recolección de pruebas haya culminado, se convocará a una sesión de la comisión que funcionará como audiencia en la que se presentará el indagado y los respectivos testigos.El reglamento del Congreso estipula que en los casos en que la denuncia provenga del fiscal de la Nación, como en este caso, el funcionario podrá designar a un fiscal para que intervenga en esta audiencia.La audiencia culmina con un nuevo informe que debe ser votado nuevamente por la comisión. En caso de que sea aprobado, la subcomisión nombra otra delegación más pequeña para presentar la acusación ante la Comisión Permanente. Si esto es así, la acusación ya está lista para ser presentada ante el pleno del Congreso.El Congreso deberá votar entonces "si hay o no lugar a la formación de causa" a partir de la acusación y si se suspende en sus funciones al funcionario acusado, en este caso el presidente Castillo.Para ser aprobada, la acusación debe contar con el voto de la mitad más uno de los congresistas. Las sanciones, en cambio, necesitan una mayoría especial de dos tercios de los miembros del Congreso.El reglamento establece que el acusado podrá asistir a todas las instancias con un abogado pero aclara que ninguna de las instancias se suspenderá por su ausencia.A pesar de lo engorroso del procedimiento, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, aseguró que el proceso de acusación contra Castillo no se extendería más allá de tres meses.De todas maneras, el reglamento es claro en que en cualquiera de las instancias por la que debe pasar la acusación, el expediente puede ser rechazado, en cuyo caso quedará archivado inmediatamente.
La acusación constitucional contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, abre un extenso proceso en el Congreso que podría terminar con su suspensión en un plazo estimado de tres meses. Sin embargo, la denuncia deberá atravesar una audiencia y varias instancias de votación que en que podría quedar sin efecto.
En su artículo 99, la Constitución Política de Perú prevé que la Comisión Permanente del Congreso tiene la potestad de acusar, ante el pleno del legislativo, a varios funcionarios de alto rango del país, entre ellos el presidente de la República, cuando presuma que existe "infracción de la Constitución" o por "todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones".
El texto aclara además que la acusación puede hacerse mientras el jerarca está en el cargo y "hasta cinco años después" de que haya dejado el cargo.
El instrumento no solo puede ser usado por los congresistas, sino que también, como ocurre en este caso, la acusación puede ser presentada por el fiscal de la Nación. Según la fiscal Benavides, una investigación de tres meses permite presumir "la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas".
La fiscal indicó que las irregularidades se habrían presentado en la órbita del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la petrolera estatal Petroperú. Para Benavides, en los casos hubo "uso ilícito de las facultades presidenciales", que permitieron beneficios económicos ilegales o porcentajes de licitaciones.
Una vez ingresada al Congreso, la denuncia es derivada a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, un órgano actualmente integrado por 25 congresistas y conformado proporcionalmente según el peso electoral de cada partido.
La integración actual, aprobada en agosto de 2022, tiene cinco integrantes de Fuerza Popular, tres de Perú Libre, tres de Acción Popular, dos de Alianza para el Progreso, dos del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, dos de Renovación Popular, dos de Avanza País, uno de Perú Democrático, uno de Podemos Perú, uno de Integridad y Desarrollo, uno de Somos Perú, uno de Cambio Democrático, y uno de Perú Bicentenario.
Ingresada la denuncia, la comisión tiene un plazo de 10 días hábiles para decidir si admite la denuncia. En caso de hacerlo, se abre un nuevo período "no mayor a 15 días hábiles" para realizar una investigación sobre la denuncia y elaborar un informe, que presentará a la Presidencia de la Comisión Permanente del Congreso.
Cuando la comisión inicie la investigación, deberá dar cuenta al acusado, en este caso el presidente Castillo, para que presente sus descargos. Cuando la recolección de pruebas haya culminado, se convocará a una sesión de la comisión que funcionará como audiencia en la que se presentará el indagado y los respectivos testigos.
El reglamento del Congreso estipula que en los casos en que la denuncia provenga del fiscal de la Nación, como en este caso, el funcionario podrá designar a un fiscal para que intervenga en esta audiencia.
La audiencia culmina con un nuevo informe que debe ser votado nuevamente por la comisión. En caso de que sea aprobado, la subcomisión nombra otra delegación más pequeña para presentar la acusación ante la Comisión Permanente. Si esto es así, la acusación ya está lista para ser presentada ante el pleno del Congreso.
El Congreso deberá votar entonces "si hay o no lugar a la formación de causa" a partir de la acusación y si se suspende en sus funciones al funcionario acusado, en este caso el presidente Castillo.
Para ser aprobada, la acusación debe contar con el voto de la mitad más uno de los congresistas. Las sanciones, en cambio, necesitan una mayoría especial de dos tercios de los miembros del Congreso.
El reglamento establece que el acusado podrá asistir a todas las instancias con un abogado pero aclara que ninguna de las instancias se suspenderá por su ausencia.
A pesar de lo engorroso del procedimiento, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, aseguró que el proceso de acusación contra Castillo no se extendería más allá de tres meses.
De todas maneras, el reglamento es claro en que en cualquiera de las instancias por la que debe pasar la acusación, el expediente puede ser rechazado, en cuyo caso quedará archivado inmediatamente.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
El acceso al chat ha sido bloqueado por violación de las reglas.
Usted puede volver a participar dentro de∞.
Si no está de acuerdo con el bloqueo, utilice el formulario de contacto>
La discusión ha sido cerrada. Se puede participar en una discusión durante 24 horas después de la publicación de la noticia.
