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Corresponsal de Sputnik detenida en Chile es condenada a pagar una multa por ejercer su profesión

© SputnikCarolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile
Carolina Trejo, corresponsal de Sputnik en Chile - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2022
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La corresponsal de Sputnik en Santiago de Chile, Carolina Trejo, quien fue detenida mientras cubría las manifestaciones del tercer aniversario del estallido social de 2019, fue condenada por "desobediencia policial" a pagar una multa, a pesar de que se encontraba ejerciendo su labor y se identificó como periodista.
"No se trata del monto de la multa, que es menor, ni de la falta penal por la que se me sentencia, se trata que mi detención se efectuó mientras estaba trabajando, con mis credenciales de periodista a la vista, y por estar cubriendo las noticias que se estaban produciendo en las calles de Santiago, a tres años de la revuelta social", señala Trejo.
La corresponsal de Sputnik y académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (FCEI) se encontraba ese 18 de octubre en las cercanías de la Plaza de la Dignidad grabando las manifestaciones convocadas en ese lugar, al momento de ser detenida por Carabineros (policía militarizada), y trasladada a la Tercera Comisaría de Santiago.
Trejo fue liberada horas después, cuando la noticia se difundió y distintos sectores exigieron su libertad inmediata. Su detención fue ampliamente difundida en Chile y rechazada por distintas entidades gremiales y académicas del país sudamericano, así como a nivel internacional.
El Colegio de Periodistas de Chile, tras conocer de la detención, junto con denunciar la ilegalidad de su arresto demandó su inmediata libertad. La Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile también condenó el hecho y repudió el actuar de Carabineros en contra de las y los profesionales de la prensa que están cumpliendo con su deber de informar.
El Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas exigió ese mismo día la liberación de Carolina Trejo y denunció la falta de información sobre su paradero pasadas algunas horas de su arresto, que se produjo acerca de las 18.25 de la tarde.
"Exigimos la libertad inmediata de nuestra colega Carolina Trejo. Y denunciamos a Carabineros de Chile por negar sistemáticamente su paradero. Sabemos que está en la Tercera Comisaria, pero no aparece en sus registros", escribieron desde la entidad, mencionando en la publicación al Ministerio del Interior.
Fabián Cardozo, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc), dijo a Sputnik que "vemos con preocupación que se detenga a esta colega que estaba realizando su trabajo. Repudiamos la acción de la Policía. No entendemos la intención por la cual se la detiene. Exigimos inmediatamente su liberación".

Sospechosa omisión de antecedentes

Al cumplirse casi un mes de su detención, el 11 de noviembre la periodista fue notificada en su domicilio de la decisión judicial que la sentencia, "como autor de una falta penal de desobediencia policial", a pagar una multa de 1/3 Unidad Tributaria Mensual (UTM), correspondiente a unos 70 dólares.
Si bien, como señala la profesional, la multa es menor, son los detalles de la acusación presentada por la fiscalía en su contra,y que se puntualizan en el escrito, los que resultan preocupantes, al existir una clara omisión de antecedentes claves de lo ocurrido esa tarde del 18 de octubre de 2022.
"Lo absurdo, por no decir sospechoso, es que el juez de garantía, que acoge el requerimiento presentado por la fiscalía y resuelve la multa, lo hace sobre la base de la información entregada por el fiscal, que al momento de individualizarme detalla todos mis datos: nombre completo, cédula de identidad, fecha de nacimiento y la dirección de mi domicilio, pero respecto de mi profesión u oficio indica que: se ignora. Es decir, que extrañamente solo se desconoce mi profesión", recalca Trejo.
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Para la profesional esto "resulta además inexplicable", no solo por las circunstancias en que se produjo la detención, sino porque en su documento de identidad, que es necesario tener para poder realizar cualquier procedimiento judicial, policial e incluso comercial, aparece especificada su profesión.
"Es un dato que está a la vista de cualquier funcionario público, de Carabineros, del fiscal, del propio juez. Está impreso en la cédula de identidad, no es algo que tengan que averiguar. Sin mencionar que al momento de subirme al carro policial mis dos credenciales de periodista —la de la agencia y la que otorga el Gobierno de Chile a los corresponsales— me fueron retenidas por el cabo Segundo Rafael Carrasco, quien las mantuvo en su poder durante todo el tiempo que estuve detenida".
© Sputnik / Carolina TrejoDetalle requerimiento fiscalía y reverso cedula identidad de Carolina Trejo
Detalle requerimiento fiscalía y reverso cedula identidad de Carolina Trejo - Sputnik Mundo
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© Sputnik / Carolina TrejoDetalle del requerimiento de Fiscalía
Detalle del requerimiento de Fiscalía - Sputnik Mundo
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Detalle del requerimiento de Fiscalía
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Detalle requerimiento fiscalía y reverso cedula identidad de Carolina Trejo
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Lo que resulta más grave para la corresponsal es que el fiscal solo actúa tomando la declaración del funcionario policial que indica como aprehensor, Felipe Montoya, que no fue quien la detuvo, y omite en todo momento la condición de periodista de Carolina Trejo, a pesar que existen registros grabados en los cuales ella se identifica, junto con portar sus credenciales.
"Es de no creer la facilidad con la cual la Policía decide contar su versión de los hechos, omitiendo, en mi opinión intencionadamente, información relevante y que cambiaría la resolución. Omisión de la cual la fiscalía, con o sin conocimiento, se hace parte al momento de entregar esos únicos antecedentes al juez".
El abogado Nicolás Toro, especialista en derechos humanos, explicó a Sputnik que en el caso de Trejo se aplicó lo que se llama procedimiento monitorio, "mecanismo de simplificación procesal, que tienen por objetivo racionalizar el trabajo del órgano encargado de la persecución penal y ofrecer una solución rápida a aquellos delitos de baja criminalidad"
El mecanismo, consagrado en los artículos 392 y 393 del Código Procesal Penal chileno, cuyo ámbito de aplicación son las faltas respecto de las cuales el Ministerio Público pide como sanción solo una multa.

"En estos casos el fiscal recibe el parte policial y en base a eso decide y confirma qué delito se configura, en este caso desobediencia a la autoridad, y entonces lo manda al tribunal pidiendo la multa de 1 UTM, porque son ellos los que proponen al tribunal la imposición de una multa", detalla a Sputnik el abogado.

Una vez hecha la notificación a la imputada, tiene 15 días para aceptar o rechazar la pena impuesta. En el caso de aceptarla debe pagar la multa y si la rechaza se inicia un procedimiento simplificado, que conlleva una audiencia de las partes frente al juez, explicó el abogado.
En el caso de la corresponsal, se suspendió la imposición de la pena por seis meses. El problema es que si Carolina Trejo llega a caer detenida nuevamente ejerciendo su labor profesional, se reabre el proceso y se le cobra la multa en su totalidad. Una situación que la corresponsal rechaza, no solo por considerarse inocente, sino porque detrás de esa suspensión hay implícita una restricción al libre ejercicio de su profesión.
Policía de Investigaciones de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 31.08.2022
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"En el momento que se suspende la condena, se señala que no debo tener un nuevo requerimiento o formalización, ¿y qué significa esto?, ¿que no debo ir a cubrir noticias donde existan procedimientos policiales, manifestaciones sociales? Es decir, ¿dejar de hacer mi labor?, es inaceptable. Sobre todo, si un funcionario puede nuevamente mentir en su declaración, como lo hemos constatado en varios casos de presos de la revuelta", sostiene Trejo.
Para el abogado, si es cierto que el parte policial omitió información, "podemos estar frente a un delito que es falsificación de instrumento público, y si como señala Carolina Trejo, ella siempre se identificó y andaba con sus credenciales, es una prueba en este caso, que no es menor al tratarse de un periodista ejerciendo su labor profesional".
Trejo está decidida a rechazar la sentencia, "porque es injusta, además de irregular todo el actuar, desde la detención, hasta la acusación y la posterior imposición de la pena". Además, la periodista realizó un reclamo administrativo, al día siguiente de su detención, a la Dirección de Carabineros para que abriera un sumario contra el funcionario que la detuvo, el cabo segundo Rafael Carrasco Muñoz, por su permanente hostigamiento y mal proceder.
"Una situación que me hace pensar en tantos y tantas ciudadanas, jóvenes y estudiantes que han sido detenidos, que no cuentan con el apoyo como el que yo he recibido de mis colegas, de mi gremio, de mi agencia Sputnik y mi universidad. Porque si a mí me condenan, a pesar de existir pruebas y registros de que me encontraba trabajando, ¿qué pasa con esas personas que son acusadas injustamente y no tienen la visibilidad que mi profesión me brinda?", concluye Trejo.
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