Una demanda colectiva llevaría a la iglesia mexicana a reconocer culpa por casos de abuso sexual
22:41 GMT 18.02.2023 (actualizado: 20:39 GMT 20.02.2023)
© Sputnik / Eliana Gilet
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"Ahora a la distancia ya no puedo clasificar qué fue lo más complicado, si el abuso que cometió este sacerdote o el abuso que cometió la Iglesia al protegerlo", afirma para Sputnik Jesús Romero Colín, víctima de abuso sexual por parte del sacerdote mexicano Carlos López Valdez.
Se trata de la primera persona en conseguir una sentencia contra un prelado por este delito en la Ciudad de México, y la segunda a nivel nacional
Los abusos de López Valdez comenzaron en 1994, cuando Jesús tenía 11 años, y terminaron hasta 1999. En el documental Agnus Dei. Cordero de Dios se exponen la forma en la que el párroco manipuló al entonces adolescente y a su familia para perpetrar los delitos. Cuando Romero Colín cumplió 24 años, en 2007, inició una denuncia que llegaría a una sentencia condenatoria por violación hasta 2018.
A pesar de tener la condena, Jesús Romero no ha tenido acceso a la justicia. Carlos López murió en 2020, en prisión, por COVID-19, sin que pudiera cumplir su sentencia: 63 años de cárcel y una indemnización de poco más 75.000 pesos (alrededor de 3.750 dólares).
A pesar de tener la condena, Jesús Romero no ha tenido acceso a la justicia. Carlos López murió en 2020, en prisión, por COVID-19, sin que pudiera cumplir su sentencia: 63 años de cárcel y una indemnización de poco más 75.000 pesos (alrededor de 3.750 dólares).
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Al morir López Valdez, Jesús Romero pidió a la Arquidiócesis de México cumplir con el pago de la compensación, en tanto que fue esa institución religiosa la que confirió la posición de poder a su victimario, desde la que cometió los abusos. Además, la víctima también exige una disculpa pública.
En un principio, cuenta Romero Colín, la iglesia se mostró abierta e incluso invitó a participar en la creación de un protocolo para prevenir casos de abuso sexual; sin embargo, la actitud de la arquidiócesis cambió a tal punto que ahora incluso niega tener conocimiento o expedientes del caso de Jesús Romero, a pesar de que el propio Tribunal Eclesiástico le dio la razón en su momento.
Ante esta situación, Jesús Romero, junto con otras víctimas, impulsa la primera demanda colectiva contra la Iglesia mexicana, con la que se espera sentar un presente jurídico sobre la responsabilidad institucional y financiera de la Iglesia en los casos en los que sus sacerdotes son encontrados culpables de abuso sexual, y así obtener una "reparación del daño de forma subsidiaria", de acuerdo con la explicación que dio a Sputnik el abogado defensor David Peña Rodríguez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
En un principio, cuenta Romero Colín, la iglesia se mostró abierta e incluso invitó a participar en la creación de un protocolo para prevenir casos de abuso sexual; sin embargo, la actitud de la arquidiócesis cambió a tal punto que ahora incluso niega tener conocimiento o expedientes del caso de Jesús Romero, a pesar de que el propio Tribunal Eclesiástico le dio la razón en su momento.
Ante esta situación, Jesús Romero, junto con otras víctimas, impulsa la primera demanda colectiva contra la Iglesia mexicana, con la que se espera sentar un presente jurídico sobre la responsabilidad institucional y financiera de la Iglesia en los casos en los que sus sacerdotes son encontrados culpables de abuso sexual, y así obtener una "reparación del daño de forma subsidiaria", de acuerdo con la explicación que dio a Sputnik el abogado defensor David Peña Rodríguez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
"En términos de responsabilidad penal ya no les interesa tanto proteger a los sacerdotes. Se deslindan. Dicen: 'Fue él'. Antes era protección, lo llevaban a una parroquia, lo llevaban a otra, lo cuidaban, lo escondían, lo jubilaban, todo ese esquema. Y ahora no. Creemos, y es una inferencia, que pasaron de la protección de la procuraduría de lo penal a la protección del tribunal. Porque ahí sí les interesa mucho más porque el tribunal es contra la Iglesia, no contra los sujetos", explica Peña Rodríguez.
Sputnik solicitó un posicionamiento sobre el caso de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pero hasta la publicación de este trabajo no obtuvo respuesta. Por su parte, el área de prensa de la Arquidiócesis rechazó la solicitud debido a que las autoridades no les han notificado sobre la demanda.
Sigue la crisis en la Iglesia
El cardenal Carlos Aguiar López –elegido como máximo representante de la Iglesia católica en México en 2016, en sustitución del polémico Norberto Rivera– reconoció a finales de 2022 al presentar un protocolo de atención de casos de abuso sexual que, a pesar de las medidas para prevenir abusos sexuales por parte de sus sacerdotes, incluso impulsadas por el Vaticano ya desde hace años, y que incluye el envío de personal especializado desde Roma, existe una "grave crisis" en la entidad religiosa mexicana.
Este protocolo, con un costo de 100 pesos (cinco dólares), además de definir el abuso sexual, invita a las víctimas a llenar un formulario y presentar pruebas a la Iglesia cuando sean atacadas, con el fin de que la propia institución eclesiástica valore si el caso tiene sustento y se pueda iniciar el procedimiento correspondiente, el cual incluye presentarlo ante las autoridades civiles. Esto se propone a pesar de que la Iglesia no tiene facultades legales para valorar las pruebas, pues México es un Estado laico constitucionalmente.
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El exsacerdote y activista Alberto Athié señaló que este protocolo se contrapone a la recomendación que emitió el Comité de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instancia que advierte que la Iglesia no debe atender las denuncias a través de sus dependencias internas, sino que en cambio debe apegarse a las leyes civiles.
"Funcionan en una suerte de cofradía, en una suerte de clan, y entonces entre ellos se cuidan y se protegen. Ahora creo que más porque esta posibilidad de que sea la Iglesia la que empiece a pagar, creo que les preocupa mucho más en términos económicos", opina David Peña al relatar cómo fue que se consiguió la sentencia contra Carlos Romero.
Según datos de la CEM difundidos en 2020, solo 426 sacerdotes son investigados por presunto abuso sexual. La cifra no incluye aquellos casos en los que se llegó a un acuerdo con los familiares, quienes principalmente son personas de escasos recursos y con un fuerte apego a la religión católica.
A pesar de la evasión, la institución católica ha sido obligada a pagar fuertes cantidades de dinero por diferentes denuncias alrededor del mundo. Uno de los casos más recientes fue el de la Arquidiócesis de Santa Fe, en EEUU, donde la institución se vio obligada a entregar más de 121 millones de dólares por las denuncias "creíbles" que se hicieron en contra de 74 párrocos.
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Acciones colectivas exitosas se han registrado también en América Latina. En Chile, en 2019, un grupo de víctimas logró una sentencia para que la Iglesia pagará una indemnización de 440.000 dólares.
Actualmente, en Alemania un grupo de víctimas también impulsa acciones contra el difunto papa Benedicto XVI, a quien acusan de encubrir toda una red de abuso infantil, mientras que en Portugal, apenas la semana pasada, la Iglesia reveló que casi 5.000 menores pudieron ser víctimas de violación entre 1950 y 2022.
El protocolo que emitió la Iglesia para víctimas como Jesús Romero solo se trata de la ampliación de una "burocracia perversa y mezquina" que agota a las víctimas, las hace desistir y así mantener la apariencia de que la institución religiosa atiende una crisis que está lejos de disminuir, estima Jesús Romero.
"Los protocolos están dedicados a hacer una cosa mediática y pública para que la gente piense que están haciendo algo bueno. En realidad, en los hechos reales y contundentes, no están actuando de ninguna manera como lo marca, ni como lo dicta, ni como lo dicen hacer", acusa.
El poder
En México, hasta 2021 existían casi 98 millones de personas que se declaran como católicos, un 77,7% del total poblacional, contrastante con el 82,7% que se registró en 2010, acorde con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Pese a la baja, la influencia de la Iglesia es fuerte en un país de 130 millones de habitantes que tiene como uno de sus símbolos identitarios a la Virgen de Guadalupe.
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"Yo creo que es una cuestión de que han estado acostumbrados a estar por encima del ciudadano promedio, se creen que tienen como un toque de divinidad, una divinidad que la pervierten y la usan para colocarse por encima del ciudadano", considera Jesús Romero.
Este halo de divinidad y poder no solo es una percepción de Romero. La propia Iglesia reconoce que parte del problema estructural que permite los casos de violencia sexual proviene del abuso de poder de los sacerdotes –considerados eclesiopatías por la institución–, como se menciona en el protocolo presentado en diciembre.
"Una vez que se ha dado a conocer la grave crisis de delitos sexuales dentro de la Iglesia, también se ha descubierto la manera errónea en la que algunos jerarcas de esta institución han gobernado durante mucho tiempo, ejerciendo el poder y otorgándolo como un beneficio y no como un servicio superior, donde lo único que propiciaron fue una cultura abusiva", se lee en el documento.
Dicha ostentación de poder fue manifiesta durante el proceso legal que llevaron en contra de Carlos López, en tiempos de Norberto Rivera, cardenal retirado que ha sido vinculado incluso en operaciones de lavado de dinero de acuerdo con investigaciones periodísticas.
"Cuando estaba Norberto sí era muy complicado. Sobre todo con los abogados. Tenían una actitud muy amenazante. Cuando íbamos a las audiencias llegaban con un dispositivo de seguridad, cerraban el juzgado, hombres armados. Una cosa de fuerza, no sé cómo decirlo, como de demostrar poder", narra el letrado.
Peña Rodríguez recuerda, además, que al presentar el caso ante el Ministerio Público los propios funcionarios actuaban como si los cardenales y arzobispos tuvieran algún cargo público, por lo cual gozaban de privilegios especiales, como avisos sobre los procedimientos que iniciaban en contra del acusado. Esto sin mencionar que entre su cuerpo de abogados llegan a colaborar exmagistrados, es decir, profesionales con pleno conocimiento del funcionamiento del Poder Judicial mexicano.
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Jesús Romero incluso rememora cuando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México les informó que una de las pruebas principales se había "destruido" a pesar de estar bajo su resguardo. Se trataba de un disco con más de 800 fotografías de niños desnudos –entre ellos Romero Colín– que había tomado Carlos López y que fueron encontradas en su computadora personal.
Este tipo de irregularidades, entre otras, fueron registradas en 2015 por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, organismo que emitió la recomendación 1/2015 al respecto.
"Piensan y consideran que, si tienen un país lleno de impunidad, entonces ellos pueden hacer lo que quieran y que nadie los va a tocar, que no hay absolutamente un lugar, un espacio, ni un tratamiento, ni un reconocimiento para las víctimas y para todos los atropellos que ellos han hecho a lo largo de los años", afirma Romero.
Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierten desde 2019 sobre los altos niveles de impunidad en México respecto a la persecución de casos de abuso sexual infantil: nueve de cada 10 denuncias no llegan hasta un juez.
El abogado David Peña considera que parte de este poder e impunidad se da porque el Estado mexicano no tiene ninguna especie de control sobre las acciones y finanzas de la Iglesia, so pretexto de respetar la libertad religiosa.
"[Estamos] en una situación de desventaja porque estamos enfrentando a un poder que sigue siendo muy poderoso. Pero generalmente los casos de derechos humanos son para enfrentar a los poderosos, sea el Ejército, la Marina, el Gobierno, los narcos, la Iglesia", asevera Peña Rodríguez.
El letrado asegura que la demanda colectiva –a presentarse en el primer semestre de este 2023– es una herramienta que, como en otros casos de Chile y Francia, podría asentar un precedente de responsabilidad institucional contra la Iglesia, por lo que incluso no descarta que el tema llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, está consciente del poder de la Iglesia mexicana, pues incluso la institución presume que nunca ha perdido una demanda. Para el abogado, la razón es clara: siempre se llega a acuerdos fuera de tribunales, en conversación directa con las víctimas.
"Podemos presentarla nosotros solitos, pero con el poder de la Iglesia, así como nos costó 10 años mover [la denuncia] en la fiscalía, nos podemos encerrar 10 años en el tribunal para que medianamente se mueva algo de la demanda", augura David Peña.
El camino es largo, y Jesús Romero lo sabe.
"Fueron 10 años que generaron traumas, dolor, que generaron muchas cosas en mi vida, me frenaron en lo laboral, lo intelectual, lo económico, lo familiar, lo amoroso, aparte de que yo estaba cargando con el abuso que sufrí".
Pese a ello, se dice "curado de espanto". Piensa que su victoria, quizá, no será como lo espera, pero está firme en su convicción de que la Iglesia debe reconocer su responsabilidad institucional en los casos de pederastia clerical.
"Tal vez no va a ser el reconocimiento como yo quisiera. Quisiera honestamente que ellos sí hubiesen mostrado esa voluntad de cambio real. La demanda es un hecho de que la vamos a ganar, pero va a ser un reconocimiento forzado, claro, pero un reconocimiento", concluye Romero Colín.
