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Expresidente Sanguinetti: el golpe de Estado en Uruguay se sigue viendo con "prejuicios políticos"

© AFP 2023 / Pablo Porciuncula Julio María Sanguinetti
Julio María Sanguinetti - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2023
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La historia de la última dictadura cívico-militar (1973-1985) de Uruguay se sigue viendo con "pasión y prejuicios políticos", por lo que existe una corriente historiográfica que ha soslayado la influencia de la guerrilla en el golpe de Estado, dijo a Sputnik el expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).
"Desgraciadamente hay una corriente historiográfica que ha soslayado lo que es la influencia de la guerrilla en el golpe de Estado. No se explica, nadie puede explicar la irrupción militar en Uruguay sin el fenómeno de la guerrilla. Es inexplicable. Hay que mirar los hechos con serenidad. Desgraciadamente a 50 años todavía se sigue mirando a veces con pasión, con prejuicios políticos. Hay que ser objetivo", afirmó quien fue el primer presidente elegido al retorno a la democracia.
El último golpe de Estado en Uruguay se produjo el 27 de junio de 1973, cuando el entonces presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento un año después de que se declarara "estado de guerra interno" en el marco de la lucha de las Fuerzas Conjuntas (policías y militares) contra la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN).
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Para entonces, la guerrilla, que comenzó a operar a mediados de los años 60, había sido derrotada y sus principales líderes encarcelados, pero las Fuerzas Armadas redoblaron la persecución y detención de opositores políticos, dejando 197 desaparecidos, según cálculos de organizaciones de derechos humanos, además de numerosos casos de detenciones arbitrarias y torturas, y provocando el exilio de unas 380.000 personas.
Esta es la conversación que mantuvo la Agencia Sputnik con el exmandatario Sanguinetti:
El 27 de junio de 1973 fue el día en que Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento con el argumento puntual de que este se negó a aprobar el desafuero del senador Enrique Erro, pedido por la justicia militar para investigarlo por sus supuestos vínculos con el MLN, pero ¿cuándo considera usted que se inició el descalabro del orden democrático?
El golpe de Estado comienza en febrero de 1973 si lo entendemos como la subordinación del poder civil al militar, en la crisis de febrero en virtud de la cual el Ejército sacó los tanques a la calle para resistir el nombramiento de un ministro. [Esto] termina en un pacto entre las Fuerzas Armadas con el presidente en el que éste tiene que aceptar [la creación de] un Consejo de Seguridad del Estado de naturaleza militar, queda claro que allí estamos en el comienzo de un golpe de Estado que culmina en junio cuando se disuelve el Parlamento.
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Es un golpe que no se hizo en un acto, sino en un lapso. Si vamos más allá, también debemos decir que no es un clavel en el aire, no es algo que apareció una mañana porque sí, es un proceso de deterioro democrático que en la vieja democracia uruguaya se produjo desde el momento que irrumpió la violencia armada, el proceso de guerrilla en un contexto económico social de transición, que fue dejando un proceso de desestabilización que le dio a las Fuerzas Armadas un protagonismo que no tenían desde hacía 100 años.
¿Cómo vivó esos días de febrero del 73?
Con la angustia del caso. En el caso de junio fue sin sorpresa, porque era evidente la crónica de la muerte anunciada, como diría [el escritor colombiano Gabriel] García Márquez. A esa altura era muy difícil detener lo que desde febrero se había consagrado y que nos llevaba a ese desenlace fatal. Habría sido algo excepcional que hubiéramos logrado superar el episodio políticamente.
¿Mantuvo contactos con el entonces presidente?
Nosotros nos habíamos ido del Gobierno en octubre del 72 a raíz de la prisión de Jorge Batlle (a la postre presidente entre 2000 y 2005), que era el líder de la Lista 15 (importante sector del entonces gobernante Partido Colorado). Nos habíamos retirado los ministros de ese grupo que éramos tres, el de Economía (Francisco A. Forteza), el de Obras Públicas (Walter Pintos Risso) y yo, de Educación y Cultura.
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Esa prisión arbitraria ocurrió a raíz de una denuncia pública que había hecho Jorge Batlle de una conmixtión entre un grupo militar y un grupo tupamaro para perseguir a políticos, lo cual era verdad. Primero hubo una reacción militar y la justicia militar lo procesó. Estamos hablando de octubre del 72. El proceso venía desarrollándose desde entonces con mucha fuerza porque la arremetida militar era fundamentalmente contra el mundo político, acusados de demagogos, corruptos y todo lo que han denunciado los militares cada vez que quieren tomar el poder.
¿Cómo evalúa que los gobiernos de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) y de Bordaberry (1972-1976) le hayan dado creciente espacio a los militares en un contexto tan delicado?
El Gobierno de Pacheco se mantuvo en todo el proceso de guerrilla con la policía, nunca les dio intervención a los militares conscientes de los riesgos que conllevaba. A raíz de la irresponsable e incalificable fuga del penal de Punta Carretas donde estaban presos toda la división tupamara a 60 días de la elección [de 1971], se genera una sensación tan particularmente disruptiva que no tuvo más remedio que encargar a las Fuerzas Armadas la represión.
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Las Medidas Prontas de Seguridad (poderes de emergencia y suspensión de ciertas garantías ante casos graves de conmoción interna) son un recurso constitucional que depende del Parlamento. El Poder Ejecutivo las toma y el Parlamento las levanta o las ratifica. El presidente Pacheco se mantuvo absolutamente dentro de los cánones constitucionales. No lo digo yo, lo dijo el general [Líber] Seregni (fundador del opositor Frente Amplio, centroizquierda) en un libro que se publicó.
¿No había otras opciones para afrontar la inestabilidad?
Hay que retrotraerse al fenómeno de la guerrilla. Pensémoslo en los términos de hoy: ¿qué pensaría usted si el fiscal de Corte (procurador general) mañana es secuestrado, y al mismo tiempo el embajador de Inglaterra, y al mismo tiempo el juez que está juzgando a militares y tupamaros? ¿Usted qué pensaría? Que es un fenómeno de una intensidad de opinión pública y quiebre democrático impresionante. Eso es lo que había producido, eso es lo que estaba ocurriendo en Uruguay. Desgraciadamente hay una corriente historiográfica que ha soslayado lo que es la influencia de la guerrilla en el golpe de Estado. No se explica, nadie puede explicar la irrupción militar en Uruguay sin el fenómeno de la guerrilla. Es inexplicable.
Se lo menciona a usted como uno de los que más plantea la "visión de los dos demonios", que de cierta manera equipara la violencia guerrillera con el terrorismo de Estado. ¿Qué piensa sobre esto?
Esa llamada teoría nació como una explicación en Buenos Aires. Yo no hablo de teorías, hablo de hechos. La secuencia de los hechos es esa. El Ejército solo intervino progresivamente a raíz de episodios tan violentos como el que le estoy mencionado.
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¿Cree que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares en nombre del Estado son equivalentes a las acciones violentas de la guerrilla?
No, no, no. No estoy haciendo un juicio moral. De ninguna manera. Estoy describiendo un hecho. Las violaciones de derechos humanos es otro tema. Yo no estaba hablando de eso, estamos hablando del golpe de Estado, sus causas y de dónde nació la desestabilización.
Le preguntaba porque los que se amparan en la teoría de los dos demonios dan a entender que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares son equivalentes a las acciones violentas de la guerrilla.
Yo no creo que sean moralmente equivalentes, lo que sí que cada uno tuvo su consecuencia política, que es otra cosa. Es otra cosa. En el juego del poder, no hay duda que los guerrilleros alfombraron el camino a la irrupción militar. Nadie puede imaginar que después de usar la violencia no hay consecuencias. Lo dijo el Che Guevara en el 61 [durante una conferencia en la Universidad de la República en Montevideo], alertando [contra una revolución en Uruguay ya] que se sabía "cuándo se tiraba el primer tiro pero no cuándo se tiraba el último". Desgraciadamente no fue escuchado y en el 63 empezó este proceso que años después llegó a lo que llegó.
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Usted me dirá: "¿pero no hubo otras causas?" Yo diría que sí, había un momento difícil económicamente, la transformación del sector industrial, un contexto universal de protesta, una irrupción del movimiento hippie en EEUU… Estábamos en un mundo de protesta, en América Latina estábamos en un mundo que soñaba con una revolución detrás de la cubana, que nos iba a liberar de todos los males. Ese conjunto de fenómenos históricos configura un cuadro, en el que aparece el fenómeno guerrillero primero de un modo no demasiado grave y luego va creciendo hasta ser motor de un proceso de desestabilización.
Usted me dirá: "¿fue solo eso?" No. Para ser precisos metafóricamente: el enfermo estaba más o menos débil y luego lo mató el COVID-19. Que el enfermo estaba débil, es verdad, ahora, que lo mató el COVID-19, lo mató.
¿Cómo vivió personalmente ese 27 de junio del 73? ¿Cómo fue ese día en su vida?
Con la angustia del caso, con la preocupación y a su vez la incertidumbre, porque no sabíamos a dónde iba a dar eso, qué nos podía pasar a nosotros, qué le podía pasar al país, hasta qué punto el golpe de Estado iba a llegar… Son momentos muy difíciles y complejos.
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¿Cuál era el argumento de fondo de los militares para permanecer en el poder, considerando que la guerrilla ya estaba derrotada?
Esa situación se encierra en dos cosas cuestionables: no tenía ningún sentido la guerrilla en Uruguay, como dijo el Che Guevara, y no tenía ningún sentido la irrupción militar para combatir una guerrilla que ya no existía, que estaba derrotada. Todo este proceso se enmarca dentro de fenómenos poco explicables.
Vuelvo a decir: el protagonismo del Ejército se fue dando progresivamente. Incluso muy contenido al principio en el Gobierno de Pacheco, aunque no se le quería dar intervención. Incluso, ¿por qué en febrero los militares se sublevan contra la designación del general [Antonio] Francese [como ministro de Defensa por parte de Bordaberry]? Porque cuando fue ministro en el Gobierno de Pacheco fue cómplice o responsable de que la guerrilla creciera porque había una situación de enojo militar de que no se le diera protagonismo.
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Hay que mirar los hechos con serenidad. Desgraciadamente, a 50 años todavía se sigue mirando a veces con pasión, con prejuicios políticos. Hay que ser objetivo. Esto no es teoría de los dos demonios ni la teoría antidemonios. Son hechos, son como ocurrieron. ¿Pudieron ser distintos? Sí. ¿Debieron ser diferentes? Sí. Pero fueron como fueron.
Entre 1976 y 1981 usted tuvo sus derechos políticos prohibidos por oponerse al golpe. ¿Cómo vivió esos años?
Yo estuve proscripto como todos los dirigentes políticos porque el golpe se daba contra la política y los políticos. Nos responsabilizaban de todos los males. Hubo cadenas de televisión de mandos militares enjuiciando a los partidos políticos. En el proceso de deterioro que se venía dando entre febrero y junio hubo una campaña de desvalorización de los partidos y de sus dirigentes. Lo sufrimos con mucho pesar. Yo permanecí en Uruguay sin poder hacer política activa, haciendo política subrepticia.
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¿Qué lección deja esta parte de la historia uruguaya a los jóvenes y ciudadanos en general?
Yo diría que las nuevas generaciones están muy lejos de los hechos, no tienen las vivencias. Es muy difícil, ese es el problema de los historiadores y los periodistas, que es explicar el clima en donde ocurren las cosas. Es muy difícil entender aquello.
Ojala pudiéramos llegar a una historiografía más objetiva, más fáctica. Tenemos una tendencia predominante en la historiografía de ese periodo que desvaloriza el fenómeno de violencia en un país que no conocía la violencia desde [la Revolución de] 1904 [la última guerra civil en Uruguay].
Lo más importante de los jóvenes es que entiendan que la violencia no es el recurso, porque acá, cuando perdimos la libertad, es porque perdimos antes la tolerancia. Lo que deben entender por encima de todo es el apego a las instituciones. Mi generación tuvo un debate profundo entre los que defendíamos la institucionalidad liberal y quienes consideraban que esta institucionalidad burguesa era formal y que no tenía ningún sentido mientras existiera pobreza y desigualdad social. Ese fue el debate. Esa segunda teoría es la que está en la base de la insurrección revolucionaria y todas sus consecuencias.
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¿Usted cree entonces que se tiene que "cerrar un capítulo" o "pasar la página"? ¿No debería ser constante el análisis y el debate sobre el pasado reciente?
Se tiene que hacer el debate, pero sin pasión, mirando los hechos como fueron. En febrero del 73, los partidos de izquierda en Uruguay dijeron que el conflicto no era entre institucionalidad y dictadura, que ese no era el conflicto; afirmaron que el conflicto era entre oligarquía y pueblo, y que dentro del pueblo cabían los militares. En una palabra: apoyaron los comunicados militares 4 y 7 [del Ejército y la Fuerza Aérea, rechazando la designación de Francese y con propuestas de corte "progresista" del tipo a las aplicadas en Perú por el general Juan Velasco Alvarado].
Los apoyó el Partido Comunista, los socialistas y [la central sindical] PIT-CNT creyendo que ahí estaba la esperanza de un Gobierno como el que había en Perú, que era un Gobierno militar llamado nacional y popular, con reforma agraria y con algunas de las consignas de la izquierda tradicional.
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Entonces, fíjese hasta qué punto los conceptos, la adhesión o no a la institucionalidad fue muy relevante. Yo diría que es el único remanente afirmativo del periodo dictatorial y que hoy nadie duda del valor de la Constitución y del valor de los derechos y garantías individuales establecidos en la Constitución.
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