¿Depende del proceso constitucional actual resolver la crisis política y social de Chile?
¿Depende del proceso constitucional actual resolver la crisis política y social de Chile?
Sputnik Mundo
Las últimas encuestas reflejan que los chilenos rechazarían el segundo intento de cambiar la constitución vigente. De ser negada la propuesta, ¿cómo se... 30.09.2023, Sputnik Mundo
El segundo intento para cambiar la actual carta magna, tras el rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional expresado el 4 de septiembre de 2022, ha carecido de apoyo ciudadano.Según las encuestas, todo parece indicar que la propuesta de nueva carta fundamental que surja del Consejo Constitucional —órgano de 50 integrantes, donde el Partido Republicano y Chile Vamos (coalición de partidos de derecha) tienen 33 representantes—, sufriría un rotundo fracaso en el plebiscito del 17 de diciembre, cuando se vote para avalar o rechazar el texto constitucional.El último sondeo de Data Influye es categórico. Solo un 10% de los encuestados se manifiesta "más a favor". Por su parte, la última entrega de Encuesta Cadem Plaza Pública reflejó que 59% votaría en contra en el plebiscito constitucional y sólo 21% a favor, el nivel más bajo desde marzo. A su vez, la Encuesta Criteria dio a conocer que solo el 14% aprueba el Consejo Constitucional.Godoy explicó que encuestas como Cadem y Pulso Ciudadano vienen señalando hace tiempo una tendencia de desaprobación hacia el actual proceso constitucional.En el caso del estudio realizado por Cadem, "llama la atención que se evidencia un mayor conocimiento del proceso en los últimos meses, pero que se da a la par de un creciente rechazo hacia este", señaló el experto.El estallido de 2019 "no se solucionará con el proceso constitucional actual"El inicio del proceso constitucional en Chile data del 15 de noviembre del 2019, cuando los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, firmaron el Acuerdo por la Paz, que buscaba darle una salida institucional a la crisis social que se originó el 18 de octubre en el país en protestas masivas contra el entonces presidente Sebastián Piñera.Las protestas del llamado estallido social se iniciaron por la subida del precio del transporte público y derivaron en millones de chilenos en las calles demandando una educación no mercantil, mejoras en la salud, un nuevo sistema de pensiones, entre varias otras exigencias históricas del país donde la dictadura de Augusto Pinochet se apresuró a ensayar el neoliberalismo.La respuesta por parte del Estado fue una represión desatada, que terminó con 34 personas muertas y cientos de mutilados por parte de agentes del Estado.Ninguna de las demandas levantadas en octubre de 2019 son contempladas en el texto que está elaborando el actual Consejo Constitucional. Este proceso, a diferencia de la Convención Constitucional que redactó la propuesta de carta magna rechazada en septiembre de 2022, se caracterizó por la exclusión de los movimientos sociales, quienes fueron los protagonistas de las protestas del estallido.La politóloga Ana María Gutiérrez señaló a Sputnik que la crisis social del 2019 "no se solucionará con el proceso constitucional actual".La experta explicó que, según las encuestas, la ciudadanía parece estar en desacuerdo con la labor realizada por el Consejo Constitucional y por ello votarían en contra de la propuesta."El Partido Republicano (PLR) y Chile Vamos han repetido lo que tanto criticaron en el debate constituyente anterior, es decir, la exclusión de un sector político de la toma de decisiones. La exclusión de la centroizquierda ha generado un texto capturado por un sector político de derecha al que Chile Vamos no ha puesto límites [en referencia al PLR], esto a pesar de los mecanismos establecidos por la Comisión de expertos", agregó Gutiérrez.La académica explicó que la propuesta del Consejo Constitucional es lo opuesto a la elaborada por la Convención Constitucional, la cual "reforzaba la idea de un Estado social, garante de derechos, versus una [propuesta en proceso] que enfatiza la libertad de elección en materia de salud, pensiones, educación, lo que se evidencia en las enmiendas que ha presentado el Partido Republicano".Para Godoy la forma de resolver las demandas levantadas en 2019, "si bien es compleja y multidimensional, pasa por una mayor reconexión con la política. En ese sentido, lamentablemente las demandas del estallido no han sido atendidas".Godoy enfatizó en que el ejecutivo no puede seguir dilatando promesas de su programa de Gobierno, como la condonación de los créditos universitarios (CAE), que beneficiaría a más de un millón de chilenos que tuvieron que endeudarse con la banca privada para poder estudiar."Por ello, la ciudadanía se prepara nuevamente para salir a la calle, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de Estudiantes de Chile han llamado a una manifestación en contra del proceso el 3 de octubre, lo que podría marcar la reactivación de los movimientos sociales que fueron parte del estallido social del 2019 y que el plebiscito del 2022 había desmovilizado al menos en la calle", finalizó la académica.
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¿Depende del proceso constitucional actual resolver la crisis política y social de Chile?
Las últimas encuestas reflejan que los chilenos rechazarían el segundo intento de cambiar la constitución vigente. De ser negada la propuesta, ¿cómo se solucionarían las demandas que se levantaron durante la crisis de octubre de 2019 y que motivaron el proceso constitucional? Sputnik conversó con expertos para resolver esta interrogante.
Según las encuestas, todo parece indicar que la propuesta de nueva carta fundamental que surja del Consejo Constitucional —órgano de 50 integrantes, donde el Partido Republicano y Chile Vamos (coalición de partidos de derecha) tienen 33 representantes—, sufriría un rotundo fracaso en el plebiscito del 17 de diciembre, cuando se vote para avalar o rechazar el texto constitucional.
En conversación con Sputnik, el politólogo Camilo Godoy consideró que "se hace difícil señalar con certeza que habrá un fracaso, pues la política en Chile y el mundo es bastante dinámica y las condiciones pueden cambiarse y reacomodarse luego de las contingencias".
El último sondeo de Data Influye es categórico. Solo un 10% de los encuestados se manifiesta "más a favor". Por su parte, la última entrega de Encuesta Cadem Plaza Pública reflejó que 59% votaría en contra en el plebiscito constitucional y sólo 21% a favor, el nivel más bajo desde marzo. A su vez, la Encuesta Criteria dio a conocer que solo el 14% aprueba el Consejo Constitucional.
Godoy explicó que encuestas como Cadem y Pulso Ciudadano vienen señalando hace tiempo una tendencia de desaprobación hacia el actual proceso constitucional.
En el caso del estudio realizado por Cadem, "llama la atención que se evidencia un mayor conocimiento del proceso en los últimos meses, pero que se da a la par de un creciente rechazo hacia este", señaló el experto.
El estallido de 2019 "no se solucionará con el proceso constitucional actual"
El inicio del proceso constitucional en Chile data del 15 de noviembre del 2019, cuando los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, firmaron el Acuerdo por la Paz, que buscaba darle una salida institucional a la crisis social que se originó el 18 de octubre en el país en protestas masivas contra el entonces presidente Sebastián Piñera.
Las protestas del llamado estallido social se iniciaron por la subida del precio del transporte público y derivaron en millones de chilenos en las calles demandando una educación no mercantil, mejoras en la salud, un nuevo sistema de pensiones, entre varias otras exigencias históricas del país donde la dictadura de Augusto Pinochet se apresuró a ensayar el neoliberalismo.
La respuesta por parte del Estado fue una represión desatada, que terminó con 34 personas muertas y cientos de mutilados por parte de agentes del Estado.
Ninguna de las demandas levantadas en octubre de 2019 son contempladas en el texto que está elaborando el actual Consejo Constitucional. Este proceso, a diferencia de la Convención Constitucional que redactó la propuesta de carta magna rechazada en septiembre de 2022, se caracterizó por la exclusión de los movimientos sociales, quienes fueron los protagonistas de las protestas del estallido.
La politóloga Ana María Gutiérrez señaló a Sputnik que la crisis social del 2019 "no se solucionará con el proceso constitucional actual".
La experta explicó que, según las encuestas, la ciudadanía parece estar en desacuerdo con la labor realizada por el Consejo Constitucional y por ello votarían en contra de la propuesta.
"El Partido Republicano (PLR) y Chile Vamos han repetido lo que tanto criticaron en el debate constituyente anterior, es decir, la exclusión de un sector político de la toma de decisiones. La exclusión de la centroizquierda ha generado un texto capturado por un sector político de derecha al que Chile Vamos no ha puesto límites [en referencia al PLR], esto a pesar de los mecanismos establecidos por la Comisión de expertos", agregó Gutiérrez.
La académica explicó que la propuesta del Consejo Constitucional es lo opuesto a la elaborada por la Convención Constitucional, la cual "reforzaba la idea de un Estado social, garante de derechos, versus una [propuesta en proceso] que enfatiza la libertad de elección en materia de salud, pensiones, educación, lo que se evidencia en las enmiendas que ha presentado el Partido Republicano".
Para Godoy la forma de resolver las demandas levantadas en 2019, "si bien es compleja y multidimensional, pasa por una mayor reconexión con la política. En ese sentido, lamentablemente las demandas del estallido no han sido atendidas".
"Eso mismo va socavando bases de apoyo y movilización más fuertes, pues genera una ciudadanía pasiva en torno a anuncios como un aumento del sueldo mínimo, que son un apoyo, pero no cambian las condiciones estructurales para los trabajadores y tampoco generan una mayor movilización o empoderamiento a nivel social", agregó el analista.
Godoy enfatizó en que el ejecutivo no puede seguir dilatando promesas de su programa de Gobierno, como la condonación de los créditos universitarios (CAE), que beneficiaría a más de un millón de chilenos que tuvieron que endeudarse con la banca privada para poder estudiar.
Por su parte Gutiérrez señaló que "a casi cuatro años del estallido social, la clase política chilena no ha sido capaz de llevar a buen puerto dos procesos constituyentes, dejando a la ciudadanía en el mismo lugar, uno en que las demandas sociales que se exigían continúan sin grandes modificaciones".
"Por ello, la ciudadanía se prepara nuevamente para salir a la calle, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de Estudiantes de Chile han llamado a una manifestación en contra del proceso el 3 de octubre, lo que podría marcar la reactivación de los movimientos sociales que fueron parte del estallido social del 2019 y que el plebiscito del 2022 había desmovilizado al menos en la calle", finalizó la académica.
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