A 20 años de la Guerra del Gas en Bolivia: "Era evidente el abuso de poder que existió"
A 20 años de la Guerra del Gas en Bolivia: "Era evidente el abuso de poder que existió"
Sputnik Mundo
Este octubre en Bolivia se cumplen dos décadas de la llamada Guerra del Gas, cuando 70 personas fueron asesinadas por reclamar la soberanía del país sobre sus... 14.10.2023, Sputnik Mundo
Pasaron 20 años de la llamada Guerra del Gas, en septiembre y octubre de 2003. Para las familias de las 70 personas asesinadas por la Policía o el Ejército fueron dos décadas de movilización incesante para conseguir justicia, lo cual en todos los casos no fue posible.Un grupo de familiares de ocho víctimas lograron que en Estados Unidos el entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997, 2002-2003), reconociera su involucramiento en la matanza y aceptara compensar económicamente a sus seres queridos.Constantino Quispe Mamani, un trabajador de 43 años, se sumó a las manifestaciones el domingo 12 de octubre de 2003. Exigían que no se importara el gas boliviano a EEUU a través de puertos de Chile. También reclamaban la nacionalización de los hidrocarburos.Constantino estaba en el puente de Río Seco de la ciudad de El Alto cuando recibió un balazo que le entró por la espalda y le destrozó estómago y vejiga. Tenía a su hijo a cargo. Su familia, como las de los demás asesinados, aún no han tenido justicia en Bolivia.Su hermano es Juan Patricio Quispe Mamani, presidente de la Asociación de Familiares de Caídos por la Defensa del Gas Natural (ASOFAC-DG). "En 2003 pensábamos que en tres años ya estarían juzgados los asesinos. Había tanta evidencia, tantos muertos, heridos, tantas pruebas. Era evidente el abuso de poder que existió. Creía que era un proceso ganado", dijo a Sputnik.Pero "había sido tan fácil huir de Bolivia, refugiarse en Estados Unidos u otros países, como hicieron algunos exministros. Ha sido muy duro perseguir a los responsables y buscar justicia", sostuvo.El presidente de la ASOFAC-DG recuerda con precisión lo actuado cada año para acercarse a la justicia, hasta ahora sin resultados en Bolivia. En 2004, los familiares tuvieron que movilizarse para que el Congreso avalara el juicio al expresidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).Para cuando obtuvieron el permiso, Sánchez de Lozada ya estaba refugiado en Estados Unidos, por lo cual se inició el trámite para su extradición, la cual tampoco fue realizable hasta hoy.En 2011, lograron que dos exministros de Sánchez de Lozada —Erick Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible; y Adalberto Kuajara, de Trabajo— fueran condenados a tres años de prisión, mientras los cinco jefes militares de 2003 recibieron 15 años.En 2007 comenzaron el proceso en Estados Unidos, "porque existía una ley que permitía procesar civilmente a quienes hubieran cometido delitos relacionados con la violación de derechos humanos", contó Quispe.En 2018, el Tribunal estadounidense estableció la culpabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en la matanza de 2003. Pero los imputados apelaron, hasta que en 2022 la sentencia quedó firme a favor de los familiares.Los culpables fueron condenados a pagar 10 millones de dólares a las familias de las ocho víctimas. Dos semanas atrás, los abogados de ambas partes se reunieron para llegar a un acuerdo que pusiera fin al juicio. Las sumas que se entregarán a los familiares se mantienen en secreto.Asimismo, los abogados de los responsables de la matanza aclararon que este acuerdo no implicaba que reconocerían su culpabilidad en los asesinatos."Ahora nos queda insistir en el trámite de extradición", afirmó. Sánchez de Lozada, también conocido como Goni, ya tiene 93 años.Un triunfoEl abogado Thomas Becker estuvo detrás de este triunfo de las familias de las víctimas. En diálogo con Sputnik, evaluó que "octubre es un mes muy triste, pero también es un mes de resistencia: cuando los bolivianos sacaron del poder a una persona que representa una historia de explotación".Particularmente, en este 2023 "no solamente recordamos lo que pasó. También celebramos porque los bolivianos han hecho algo que nunca ha pasado en los EEUU. Goni escapó después de matar a la gente, pensaba que EEUU era su refugio. Pero las víctimas no aceptaron esto y fueron a gringolandia para enfrentarlo a Goni en su cancha", graficó el abogado.Durante el proceso, Becker tuvo el apoyo de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, perteneciente a la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, y del Centro para los Derechos Constitucionales, una organización de la sociedad civil."Es la primera vez en la historia de EEUU que un expresidente tiene que responder a los acusadores en un caso de violaciones de derechos humanos. Cuando comenzamos nos dijeron que estábamos locos y que era imposible, porque Goni es muy poderoso, intocable, muy rico", relató el abogado.Agregó que los familiares "han hecho algo histórico y han demostrado que ningún líder tiene impunidad"."Por muchos años los EEUU han sido un refugio para personas que mataron a su gente. Ahora los bolivianos de barrios humildes y del campo han mostrado a las víctimas de otros países que hay posibilidades de justicia. No importa si la persona es rica o pobre", concluyó Becker.
Este octubre en Bolivia se cumplen dos décadas de la llamada Guerra del Gas, cuando 70 personas fueron asesinadas por reclamar la soberanía del país sobre sus recursos hidrocarburíferos. El entonces presidente aceptó, en los últimos días y desde EEUU, indemnizar a familiares de las víctimas de la masacre.
Pasaron 20 años de la llamada Guerra del Gas, en septiembre y octubre de 2003. Para las familias de las 70 personas asesinadas por la Policía o el Ejército fueron dos décadas de movilización incesante para conseguir justicia, lo cual en todos los casos no fue posible.
Un grupo de familiares de ocho víctimas lograron que en Estados Unidos el entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997, 2002-2003), reconociera su involucramiento en la matanza y aceptara compensar económicamente a sus seres queridos.
Constantino Quispe Mamani, un trabajador de 43 años, se sumó a las manifestaciones el domingo 12 de octubre de 2003. Exigían que no se importara el gas boliviano a EEUU a través de puertos de Chile. También reclamaban la nacionalización de los hidrocarburos.
Constantino estaba en el puente de Río Seco de la ciudad de El Alto cuando recibió un balazo que le entró por la espalda y le destrozó estómago y vejiga. Tenía a su hijo a cargo. Su familia, como las de los demás asesinados, aún no han tenido justicia en Bolivia.
Su hermano es Juan Patricio Quispe Mamani, presidente de la Asociación de Familiares de Caídos por la Defensa del Gas Natural (ASOFAC-DG). "En 2003 pensábamos que en tres años ya estarían juzgados los asesinos. Había tanta evidencia, tantos muertos, heridos, tantas pruebas. Era evidente el abuso de poder que existió. Creía que era un proceso ganado", dijo a Sputnik.
Pero "había sido tan fácil huir de Bolivia, refugiarse en Estados Unidos u otros países, como hicieron algunos exministros. Ha sido muy duro perseguir a los responsables y buscar justicia", sostuvo.
El presidente de la ASOFAC-DG recuerda con precisión lo actuado cada año para acercarse a la justicia, hasta ahora sin resultados en Bolivia. En 2004, los familiares tuvieron que movilizarse para que el Congreso avalara el juicio al expresidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).
Para cuando obtuvieron el permiso, Sánchez de Lozada ya estaba refugiado en Estados Unidos, por lo cual se inició el trámite para su extradición, la cual tampoco fue realizable hasta hoy.
En 2011, lograron que dos exministros de Sánchez de Lozada —Erick Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible; y Adalberto Kuajara, de Trabajo— fueran condenados a tres años de prisión, mientras los cinco jefes militares de 2003 recibieron 15 años.
En 2007 comenzaron el proceso en Estados Unidos, "porque existía una ley que permitía procesar civilmente a quienes hubieran cometido delitos relacionados con la violación de derechos humanos", contó Quispe.
Los culpables fueron condenados a pagar 10 millones de dólares a las familias de las ocho víctimas. Dos semanas atrás, los abogados de ambas partes se reunieron para llegar a un acuerdo que pusiera fin al juicio. Las sumas que se entregarán a los familiares se mantienen en secreto.
Asimismo, los abogados de los responsables de la matanza aclararon que este acuerdo no implicaba que reconocerían su culpabilidad en los asesinatos.
"Pero los hechos son los hechos: ahí está el veredicto del jurado, según el cual Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables. Pueden decir que son inocentes y todo lo que quieran, pero nosotros vamos a hacer prevalecer la sentencia", sostuvo Quispe.
"Ahora nos queda insistir en el trámite de extradición", afirmó. Sánchez de Lozada, también conocido como Goni, ya tiene 93 años.
Un triunfo
El abogado Thomas Becker estuvo detrás de este triunfo de las familias de las víctimas. En diálogo con Sputnik, evaluó que "octubre es un mes muy triste, pero también es un mes de resistencia: cuando los bolivianos sacaron del poder a una persona que representa una historia de explotación".
Particularmente, en este 2023 "no solamente recordamos lo que pasó. También celebramos porque los bolivianos han hecho algo que nunca ha pasado en los EEUU. Goni escapó después de matar a la gente, pensaba que EEUU era su refugio. Pero las víctimas no aceptaron esto y fueron a gringolandia para enfrentarlo a Goni en su cancha", graficó el abogado.
Durante el proceso, Becker tuvo el apoyo de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, perteneciente a la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, y del Centro para los Derechos Constitucionales, una organización de la sociedad civil.
"Es la primera vez en la historia de EEUU que un expresidente tiene que responder a los acusadores en un caso de violaciones de derechos humanos. Cuando comenzamos nos dijeron que estábamos locos y que era imposible, porque Goni es muy poderoso, intocable, muy rico", relató el abogado.
Agregó que los familiares "han hecho algo histórico y han demostrado que ningún líder tiene impunidad".
"Por muchos años los EEUU han sido un refugio para personas que mataron a su gente. Ahora los bolivianos de barrios humildes y del campo han mostrado a las víctimas de otros países que hay posibilidades de justicia. No importa si la persona es rica o pobre", concluyó Becker.
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