La violencia en Ecuador responde a "un desmantelamiento deliberado del Estado" | Video
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Sputnik Mundo
La violencia sistemática en la que está hundido Ecuador es producto de un proceso de desestructuración deliberada del Estado de derecho, derivado de políticas... 10.01.2024, Sputnik Mundo
Que hoy Ecuador esté en situación de conflicto armado interno, que haya estado de excepción y que hasta un programa de televisión en directo sea interrumpido por hombres armados, no es resultado de la generación espontánea. Por el contrario: la crisis de seguridad en la nación sudamericana es el síntoma de una serie de políticas que descuidaron el tejido social y abrieron la brecha a los grupos criminales, que ocupan espacios donde el Estado no puede o no quiso llegar, asegura el también maestro en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). De acuerdo con el también maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Andina, Simón Bolívar, en dichas Administraciones hubo una reducción del presupuesto para la salud, la educación y el gasto social, mientras que se dio prioridad al pago de los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI)."Ecuador es un país desestructurado (...), un país deliberadamente desmantelado en su Estado de derecho", observa. Paladines sostiene que el incremento vertiginoso de la tasa de homicidios en los últimos tres años en Ecuador tiene varias causas, pero la más fundamental de ellas tiene que ver con el empobrecimiento y las condiciones paupérrimas en que vive buena parte de la ciudadanía. Según cifras del propio Gobierno, más de un cuarto de la población (27%) vive en situación de pobreza y mientras que casi el 11% vive en pobreza extrema. El relator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter, aseguró a finales del año pasado que la falta de oportunidades laborales y la educación de baja calidad conducen a muchos ecuatorianos al crimen y a la desesperación. Ecuador terminó el año 2023 con un total de 7.878 homicidios ocurridos hasta el 31 de diciembre de 2023, según cifras oficiales, lo que significa una tasa de 46,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de la historia del país sudamericano.¿Medidas inútiles?Ante la crisis en varias prisiones del país y la fuga de dos importantes cabecillas criminales —El Fito y el Capitán Pico—, el nuevo Gobierno de Daniel Noboa, que no tiene ni dos meses en el poder, decidió imponer una serie de medidas jurídicas con las que pretende erradicar o disminuir la violencia. Una de esas medidas fue la declaratoria del estado de excepción, el toque de queda y, posteriormente, este 9 de enero, el decreto de "conflicto armado interno", con el cual el Ejército podrá intervenir para "neutralizar" a las células delincuenciales. El analista Jorge Paladines —también miembro del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)— considera que, específicamente, el decreto de estado de excepción, es una medida estéril que no resolverá el problema de la violencia ni la crisis penitenciaria. "No han funcionado, no han servido ni operativa ni tácticamente", aseguró el también autor del libro Matar y dejar matar, sobre la violencia en las cárceles de Ecuador y la desestructuración social en el país sudamericano.Según el académico, el toque de queda ordenado en el decreto presidencial de hecho ya se aplicaba antes de la medida en las ciudades costeras ecuatorianas, en provincias como El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena, Manabí y Guayas, donde se produce una especie de "autotoque de queda" por parte de la ciudadanía, en el que ya en la tarde noche no sale de sus propias casas porque las organizaciones criminales producen terror."Igualmente, hay una restricción de derechos, pero en el caso del Estado ecuatoriano no tiene un horizonte, no tiene una salida, no es una medida que va a solucionar el problema ni tampoco lo va a atenuar; es decir, es una medida estéril", señala. Falta de estrategia para combatir la inseguridadEl analista también considera que el presidente Noboa no ha presentado hasta ahora un plan de gobierno de cómo enfrentar el problema de la violencia. Además, dice, el promocionado Plan Fénix para devolver la seguridad es desconocido, nadie sabe qué es, qué concepto tiene y no se ha señalado exactamente cuáles son sus métodos. "No hay un plan, no hay políticas públicas certeras y lo que [el mandatario] ha anunciado verbalmente ha generado una ola de revuelta nuevamente carcelaria", apunta el académico en referencia a las declaraciones del presidente sobre el traslado de los líderes de grupos criminales de los lugares donde se encuentran recluidos a prisiones de máximo seguridad. Para Paladines, lo que es sostenible para reducir la violencia es quitarle la base social al narcotráfico y devolverle la estructura social de oportunidades al pueblo de a pie. De acuerdo con el profesor, prácticamente desde el gobierno de Moreno y radicalmente desde el gobierno Guillermo Lasso se dejó a los jóvenes sin oportunidades para ir a la universidad, sin medicinas en los hospitales, sin una asistencia pública adecuada y se les condenó cruzar a la selva del Darién y a transitar por el desierto mexicano para cumplir el llamado "sueño americano" o incluso para involucrarse con organizaciones criminales de gran calado que operan en América Latina. "La forma de reducir la violencia (…) es reducir la pobreza en Ecuador y eso está íntimamente relacionado con el modelo económico, con la política económica que decidan tomar los gobiernos en adelante", asegura el especialista."No es una medida que se la va a lograr al menos a corto plazo, es a largo plazo (…) y no son medidas cuyos resultados son inmediatos; esto cuesta años, perseverancia y coherencia; no es ni siquiera parte de un período presencial, esto va a trascender a periodos quinquenales, a decenios", concluye.
La violencia sistemática en la que está hundido Ecuador es producto de un proceso de desestructuración deliberada del Estado de derecho, derivado de políticas implementadas en los últimos tres gobiernos, advierte en entrevista con Sputnik Jorge Paladines, académico de la Universidad Central del Ecuador y maestro en derecho y ciencias políticas.
Por el contrario: la crisis de seguridad en la nación sudamericana es el síntoma de una serie de políticas que descuidaron el tejido social y abrieron la brecha a los grupos criminales, que ocupan espacios donde el Estado no puede o no quiso llegar, asegura el también maestro en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
"Desde el gobierno de Lenin Moreno, siguiendo con el gobierno del banquero Guillermo Lasso y el gobierno del joven empresario bananero Daniel Noboa, estos tres gobiernos mantienen un hilo conductor que tienen que ver con el achicamiento del Estado en lo social", afirma Paladines.
De acuerdo con el también maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Andina, Simón Bolívar, en dichas Administraciones hubo una reducción del presupuesto para la salud, la educación y el gasto social, mientras que se dio prioridad al pago de los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Hay un planteamiento deliberado de reducción del Estado que se verifica en las inconmensurables ganancias en las utilidades que tiene, por ejemplo, la banca", afirma el académico.
"Ecuador es un país desestructurado (...), un país deliberadamente desmantelado en su Estado de derecho", observa.
Paladines sostiene que el incremento vertiginoso de la tasa de homicidios en los últimos tres años en Ecuador tiene varias causas, pero la más fundamental de ellas tiene que ver con el empobrecimiento y las condiciones paupérrimas en que vive buena parte de la ciudadanía.
Según cifras del propio Gobierno, más de un cuarto de la población (27%) vive en situación de pobreza y mientras que casi el 11% vive en pobreza extrema.
🇪🇨 | URGENTE: Hombres armados ingresan a canal TC Televisión en Guayaquil, Ecuador; hay detonaciones.
El ataque y secuestro de varios de los trabajadores quedó registrado en video. pic.twitter.com/YPqR44asuv
El relator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter, aseguró a finales del año pasado que la falta de oportunidades laborales y la educación de baja calidad conducen a muchos ecuatorianos al crimen y a la desesperación.
"Este círculo vicioso solo podrá romperse si el país invierte más en su gente", dijo el experto de las Naciones Unidas.
Mensaje a la Nación:
Los grupos mencionados en el decreto se han convertido en un Objetivo Militar. pic.twitter.com/HuUS7A1tkP
Ecuador terminó el año 2023 con un total de 7.878 homicidios ocurridos hasta el 31 de diciembre de 2023, según cifras oficiales, lo que significa una tasa de 46,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de la historia del país sudamericano.
Ante la crisis en varias prisiones del país y la fuga de dos importantes cabecillas criminales —El Fito y el Capitán Pico—, el nuevo Gobierno de Daniel Noboa, que no tiene ni dos meses en el poder, decidió imponer una serie de medidas jurídicas con las que pretende erradicar o disminuir la violencia.
Una de esas medidas fue la declaratoria del estado de excepción, el toque de queda y, posteriormente, este 9 de enero, el decreto de "conflicto armado interno", con el cual el Ejército podrá intervenir para "neutralizar" a las células delincuenciales.
El analista Jorge Paladines —también miembro del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)— considera que, específicamente, el decreto de estado de excepción, es una medida estéril que no resolverá el problema de la violencia ni la crisis penitenciaria.
"Se ha demostrado que dentro de los estados de excepción también se producen explosiones de coches bomba o asesinatos. [Esta medida] no ha reducido la tasa de criminalidad", dice el experto, quien recuerda que también el expresidente Guillermo Lasso decretó protocolos similares sin obtener resultados.
"No han funcionado, no han servido ni operativa ni tácticamente", aseguró el también autor del libro Matar y dejar matar, sobre la violencia en las cárceles de Ecuador y la desestructuración social en el país sudamericano.
Ante la situación de seguridad que vive el país, el presidente @DanielNoboaOk toma acciones concretas para respaldar a las Fuerzas Armadas durante el proceso de intervención y control de cárceles.#ElNuevoEcuadorpic.twitter.com/SUCR5aEFZl
Según el académico, el toque de queda ordenado en el decreto presidencial de hecho ya se aplicaba antes de la medida en las ciudades costeras ecuatorianas, en provincias como El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena, Manabí y Guayas, donde se produce una especie de "autotoque de queda" por parte de la ciudadanía, en el que ya en la tarde noche no sale de sus propias casas porque las organizaciones criminales producen terror.
"Igualmente, hay una restricción de derechos, pero en el caso del Estado ecuatoriano no tiene un horizonte, no tiene una salida, no es una medida que va a solucionar el problema ni tampoco lo va a atenuar; es decir, es una medida estéril", señala.
El analista también considera que el presidente Noboa no ha presentado hasta ahora un plan de gobierno de cómo enfrentar el problema de la violencia. Además, dice, el promocionado Plan Fénix para devolver la seguridad es desconocido, nadie sabe qué es, qué concepto tiene y no se ha señalado exactamente cuáles son sus métodos.
"No hay un plan, no hay políticas públicas certeras y lo que [el mandatario] ha anunciado verbalmente ha generado una ola de revuelta nuevamente carcelaria", apunta el académico en referencia a las declaraciones del presidente sobre el traslado de los líderes de grupos criminales de los lugares donde se encuentran recluidos a prisiones de máximo seguridad.
Para Paladines, lo que es sostenible para reducir la violencia es quitarle la base social al narcotráfico y devolverle la estructura social de oportunidades al pueblo de a pie.
"La característica de los gatilleros, de los disparadores, de los jóvenes criminales que están en las cárceles ecuatorianas, pero también están extramuros extorsionando a la población, asesinando a personas, secuestrando a policías, es que son jóvenes de estratos socioeconómicos marginalizados que no tienen futuro", afirma.
De acuerdo con el profesor, prácticamente desde el gobierno de Moreno y radicalmente desde el gobierno Guillermo Lasso se dejó a los jóvenes sin oportunidades para ir a la universidad, sin medicinas en los hospitales, sin una asistencia pública adecuada y se les condenó cruzar a la selva del Darién y a transitar por el desierto mexicano para cumplir el llamado "sueño americano" o incluso para involucrarse con organizaciones criminales de gran calado que operan en América Latina.
"La forma de reducir la violencia (…) es reducir la pobreza en Ecuador y eso está íntimamente relacionado con el modelo económico, con la política económica que decidan tomar los gobiernos en adelante", asegura el especialista.
"No es una medida que se la va a lograr al menos a corto plazo, es a largo plazo (…) y no son medidas cuyos resultados son inmediatos; esto cuesta años, perseverancia y coherencia; no es ni siquiera parte de un período presencial, esto va a trascender a periodos quinquenales, a decenios", concluye.
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