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La violencia narcocriminal paraliza la tercera ciudad más grande de Argentina

© AFP 2023 / RODRIGO OROPEZAArgentina
Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 13.03.2024
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Una brutal seguidilla de asesinatos a civiles inocentes a sangre fría por parte de sicarios llevó al cierre de las escuelas, a la suspensión de la recolección de residuos, y a una huelga de choferes de colectivos y taxis en reclamo por seguridad. El Gobierno nacional respondió con el envío de fuerzas federales.
"Vamos a matar más inocentes": la amenaza vertida en una nota hallada junto al cuerpo de un joven de 25 años ejecutado de tres disparos en la gasolinera donde trabajaba exhibe que el brutal crimen forma parte de una ola de asesinatos que sacude a la ciudad de Rosario, sumida en un clima de violencia extrema en manos de bandas de narcotraficantes.
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La vida urbana del emblemático distrito portuario ubicado en la provincia de Santa Fe (centro) quedó virtualmente paralizada tras la sucesión de cuatro homicidios -a dos taxistas, un chofer de colectivos y el citado en la estación de servicio- en apenas cinco días.

Ante un estado de profundo estupor, gremios de docentes, junto a trabajadores de transporte público, de la salud y de recolección de residuos llamaron a una huelga que frenó la prestación de servicios básicos.
Como respuesta, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dispuso la creación de un comité de crisis y anunció el envío de 450 efectivos de fuerzas federales a la ciudad para reforzar a la policía.

Además, la funcionaria ordenó relevar a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, habida cuenta de la presunta coordinación de ataques por parte de los líderes de las principales bandas, a pesar de estar recluidos en prisión.
Con más de 1.300.000 habitantes, Rosario —la tercera ciudad más poblada del país austral— registra una tasa de asesinatos que cuadruplica al promedio nacional. Las cifras resultan estremecedoras: en 2023 hubo 258 homicidios —apenas por debajo del récord de 2022, cuando se perpetraron 288— y, en lo que va del 2024, ya se han registrado más de 30 crímenes de este tipo.

La espiralización sin límites

"La violencia callejera es algo que venimos experimentando hace tiempo. La novedad es el asesinato a civiles inocentes en plena vía pública: esto es absolutamente inédito y por eso se ha paralizado la ciudad", dijo a Sputnik Manuel Parola, periodista rosarino especializado en policiales.

A pesar de constituir un flagelo extenso historial, el consenso entre los especialistas e investigadores apunta a un hecho que marcó el punto de quiebre para que se desatara la escalada de delincuencia narcocriminal: la difusión de imágenes desde la Unidad Penitenciaria N.º 11 —conocida como Penal de Piñero, que alberga a integrantes de estas bandas— donde se exhibe a los reclusos con el torso descubierto, sentados en el piso y rodeados por efectivos con armas largas, en sintonía con el régimen carcelario de El Salvador bajo el Gobierno de Nayib Bukele.
Las fotografías fueron difundidas por el ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, cuyo responsable —Pablo Cococcioni— publicó en sus redes sociales seguidas del mensaje "cada vez la van a pasar peor".
La publicación de las imágenes llegó después de un ataque a dos micros que trasladaban los efectivos del Servicio Penitenciario de Santa Fe y en el que resultó herido un oficial. Según Parola, "está claro que la ola de asesinatos respondió a las requisas carcelarias difundidas por el Gobierno, que a la vez llegaron después del embate a los policías.

"La llegada al poder del nuevo gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hizo que la política de investigación criminal se basara en una apuesta por el aumento de la beligerancia contra las bandas narcocriminales. De alguna manera, se intentó emular una política similar a la de El Salvador con las pandillas", apuntó el investigador.

Consultado por Sputnik, el diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe, Nicolás Mayoraz, remarcó que "la decisión de la provincia de aislar a los presos generó este tipo de reacción que debemos afrontar sin dar un paso atrás". El legislador justificó el accionar del Gobierno local, puesto que "hace tiempo que las cárceles son una especie de home-office de los delincuentes. Tenían una vida casi envidiable por las libertades para seguir delinquiendo y extorsionando a inocentes".

Un problema estructural

Si bien el envío de agentes federales a Rosario fue respaldado por la mayor parte del espectro político rosarino, la resolución del conflicto supone un desafío algo mayor. Según Parola, "desde el año 2011 se acumularon 11 desembarcos de fuerzas federales, y lo cierto es que hasta ahora no han dado muchos resultados. El envío de fuerzas armadas no es de por sí sola una solución".
A pesar de la complejidad que reviste el caso, existe un creciente consenso entre los especialistas: la policía local se ha mostrado ineficaz. "Las fuerzas provinciales están prácticamente desmanteladas: está claro que hay vínculos entre algunos sectores de la policía y las bandas de narcotraficantes. Esto es responsabilidad de todos los Gobiernos de los últimos años", apuntó Mayoraz.
"Cada vez que viene una ayuda de fuerzas federales, a pesar de que no tengan conocimiento sobre el territorio, es bienvenida. Todo esto tiene que ir de la mano de un trabajo de inteligencia mancomunado para avanzar contra estas bandas", sostuvo el legislador.
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Rosario terminó de convertirse en epicentro de la producción de drogas en 2007, cuando la cocaína importada de Bolivia fue sustituida por la local.
Hasta el año 2013 el negocio se desarrolló sin grandes episodios de violencia, siempre bajo el liderazgo del grupo "Los Monos". Sin embargo, en aquel año se desató una brutal oleada de crímenes tras el asesinato de Ariel 'Pájaro' Cantero, líder de la emblemática banda.

El homicidio echó por tierra cualquier posibilidad de moderación de la violencia entre los grupos, máxime cuando quien tomó las riendas del clan fue Ariel Cantero, hermano del difunto.
"El asesinato de Pájaro llevó a quien tomara la dirección de la banda fuera su hermano, con un perfil muchísimo más violento y sanguinario que el que regía hasta ese momento. Se disparó una oleada de violencia entre las mismas bandas para disputar el territorio, y hoy vemos las consecuencias de eso", indicó Parola.

El elefante en la sala

La lucha contra el narcotráfico suele soslayar un aspecto central que subyace a cualquier negocio ilegal: el fenomenal lavado de dinero que, en Rosario, se manifiesta en opulentos edificios y hoteles de lujo construidos en base a capitales de borroso origen.
A lo largo de los años, los sucesivos Gobiernos nacionales y provinciales han focalizado los recursos en la cantidad de agentes de seguridad dispuestos en las calles de la ciudad portuaria, omitiendo un factor central en la estructura criminal. Según Parola, "es fundamental hacer hincapié en el lavado de activos, que es la base sobre la cual se monta todo el negocio del narcotráfico. Sin ese complemento, la narcocriminalidad es insostenible".
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"Por un lado, hay una enorme marginalidad y pauperización de la calidad de vida en las afueras. Sin embargo, a pocos kilómetros aparece un opulento centro, con tiendas de lujo y cafeterías boutique. Hay una diferencia abismalísima en cuanto a las dos fotos que describen a una misma ciudad", graficó el especialista.
El diagnóstico es compartido por Mayoraz. Según el diputado, "la ruta del dinero es la más importante. Hay que trabajar en inteligencia criminal para investigar sobre los bienes mal habidos producto de actividades ilícitas. Es importante que cuando detienen al narcotraficante lo priven no solo de su libertad, sino también de sus bienes mal habidos".
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