El fallido bloqueo de Telegram en España: ¿por qué es técnica y tecnológicamente casi imposible?
09:38 GMT 26.03.2024 (actualizado: 11:07 GMT 26.03.2024)
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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El mismo juez que había ordenado el bloqueo cautelar, anula su decisión, tras considerarla "desproporcionada" y sin esperar al informe solicitado a la Policía. Buscaba atajar el uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Los especialistas aseguran que la medida era inútil, lesiva y trataba de "poner puertas al campo".
La noticia saltó el 22 de marzo, cuando un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenaba suspender de forma cautelar la aplicación de mensajería instantánea Telegram tras admitir a trámite una denuncia presentada por los grupos de comunicación Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por el presunto uso ilegal de contenidos audiovisuales sujetos a derechos de autor.
Mediante una comisión rogatoria cursada a finales de julio de 2023, el magistrado había requerido a la compañía información sobre los presuntos infractores, quienes, básicamente, comparten a través de grupos y diversos canales partidos de fútbol, series o películas. Al no recibir ninguna respuesta, la medida, a ejecutar por las operadoras nacionales de telecomunicaciones, debía aplicarse en un plazo de tres horas, una vez los directivos de Telegram tuvieran constancia de la notificación oficial de la Audiencia Nacional.
En su auto del día 22, el juez calificó la medida de "idónea" para poner fin a la infracción de los derechos de la propiedad intelectual denunciada. Pero el 25 de marzo la aplicación seguía funcionando. A primera hora de la mañana del mismo día, se supo que el juez Pedraz solicitaba a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la estructura de Telegram y sobre el impacto del bloqueo en sus usuarios, y pasaba a suspender la suspensión temporal ordenada por él mismo tres días antes. Horas después, a mediodía, descartaba definitivamente el bloqueo sin aguardar al informe policial.
Providencia juez Pedraz
© Foto : @FACUA / vía X
Pedraz pedía que se le informara acerca de "la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal", al temer que la medida sea "excesiva y no proporcional", si bien es consciente de que la plataforma se utiliza "también para actividades delictivas". Según afirmaba en el segundo auto, "son más que múltiples los usuarios de todo tipo que han optado por utilizar Telegram, al brindarles unos beneficios que otras plataformas no dan. Todo ello bajo una amparada privacidad".
Críticas a la medida
Se pone así punto y final a una decisión que ha suscitado críticas de organizaciones de consumidores y partidos políticos, y que también había encendido un debate en España donde chocan los límites y la protección de la propiedad intelectual con la libertad de expresión y el derecho a la información.
"Pedraz paraliza la orden de bloqueo de Telegram. FACUA celebra que las críticas de usuarios y organizaciones le hayan llevado a reflexionar sobre el enorme impacto que tendría y espera que el informe que ha pedido a la Policía le lleve a revocar su auto", escribe en la red X Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción.
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"Es bastante sorprendente bloquear Telegram por una demanda de propiedad intelectual cuando en otros momentos ha habido investigaciones en materias como terrorismo, pornografía infantil o narcotráfico, que parecen más justificadas", declaró Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Ingeniería Informática de España (CCII).
"Es como si se decidiera cerrar completamente una provincia de nuestro país porque dentro del territorio se produjese un caso de narcotráfico o un robo", señaló Suárez en un comunicado de su organización, donde a renglón seguido califica de "medida desproporcionada" dejar sin comunicación a millones de personas "por un conflicto de propiedad intelectual".
Una medida desproporcionada e inútil
Por una parte, la repercusión que podría haber tenido un eventual bloqueo temporal de Telegram en España radica en el amplio espectro de usuarios que utilizan sus servicios. Más de siete millones de personas lo usan a diario en el país ibérico, donde hay 18 millones de usuarios únicos de esta aplicación con funciones de mensajería, servicios multimedia y de red social con elevados niveles de seguridad y privacidad.
Pero, por otro lado, habría sido fácil seguir utilizando Telegram de haberse ejecutado su bloqueo temporal. Basta con instalar una VPN o un proxy en el teléfono o computadora personal. "El asunto es que la medida solamente iba a perjudicar a los que no fueran capaces de saltarse el bloqueo, porque hoy en día con VPN y proxies es muy fácil saltarse estas prohibiciones", explica a Sputnik O. Torres, consultor informático independiente, que no ve ninguna lógica en la medida inicialmente promovida por el juez Pedraz porque "es como poner puertas al campo".
Este ingeniero explica que para bloquear una aplicación como Telegram, solo caben dos opciones; una es poco factible y la otra prácticamente inútil. "Como la aplicación opera en una red distribuida, los ordenadores de la red no están en un solo país, por lo que es difícil bloquear el servidor. La otra forma es bloquear a los usuarios de cada país, pero esos bloqueos se saltan usando VPN y proxies".
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Las VPN (Virtual Private Network) cifran la conexión, pero pueden ser no demasiado fáciles de instalar, las gratuitas no son muy seguras y las más fiables son de pago. Pero el propio Telegram tiene habilitado un canal en el que ofrece servidores proxy gratuitos, que no cifran la conexión, pero ocultan la dirección IP. Se trata de Proxy MTProto, diseñado por los propios desarrolladores de la compañía y cuyo protocolo oculta el tráfico a los dueños de los proxies.
"El resultado es que el juez no puede bloquear Telegram, tendría que hablar con todos los Estados del mundo donde están esos servidores, y eso es imposible. Lo único que puede intentar es bloquear el acceso de los españoles a la aplicación diciéndole a las compañías telefónicas que bloqueen la conexión a Internet a determinadas direcciones de esos servidores", afirma Torres.
Ya a principios de marzo, un juez de Barcelona falló poder multar a los usuarios de retransmisiones de partidos fútbol en plataformas piratas. Se obligará a las operadoras de telefonía Telefónica, Vodafone, Orange, MásMovil y Digi a facilitar los datos de los usuarios que se conecten a los servidores de páginas ilegales. Después, la patronal de los clubes de fútbol (LaLiga) podrá presentar demandas por visionado de partidos de fútbol de manera fraudulenta.
Daño a los usuarios
Uno de los motivos por los que el juez Pedraz ha renegado de sus iniciales intenciones, es el perjuicio que podría ocasionar a todo aquel que hace un uso cabal y profesional de la herramienta.
"Yo soy agente digitalizador adherido, en España hay unas 10.000 empresas adheridas a este servicio de la Administración, y nuestro medio de comunicación para compartir información sobre las dudas o las incidencias es Telegram", explica O. Torres, aludiendo a su condición de profesional acreditado que presta servicios tecnológicos a pequeñas empresas y autónomos beneficiarias de alguna subvención del Estado para digitalizar su negocio, el llamado kit digital.
"Un bloqueo de Telegram impediría el trabajo de mucha gente; el nuestro y el de la gente que quiere digitalizar sus negocios. Tenemos un canal con 1.100 miembros y 10 subcanales con toda la historia de las conversaciones y los documentos adjuntos. Los chats echan humo con lo del bloqueo. Es como decir que vas a bloquear todas las autopistas del país porque me han dicho que circula por ellas un vehículo con narcotraficantes dentro, no tiene sentido", concluye.
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