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A cinco años del terremoto de 2017 en México, solo 50 de 143 investigaciones se han concluido

A cinco años del terremoto de 2017 en México, solo 50 de 143 investigaciones se han concluido

Sputnik Mundo

El terremoto del 19 de septiembre de 2017, ocurrido hace media década, generó la apertura de 143 carpetas de investigación para fincar responsabilidades por... 20.09.2022, Sputnik Mundo

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Además, sólo se han emitido 15 sanciones administrativas contra funcionarios públicos activos entonces y empresas de la construcción, identificó un reportaje del periodista David Santiago publicado en Expansión.La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México detalló que las investigaciones se abrieron por posibles actos de corrupción o irregularidades en la reconstrucción derivada del terremoto.La conclusión de 50 carpetas estuvo acompañada de sanciones administrativas e inhabilitación de servidores públicos entonces activos, sin embargo 81 han sido canalizadas al Tribunal de Justicia Administrativa para que imponga las sanciones correspondientes.El ente público con más carpetas es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México correspondiente a los periodos de 2017 y 2018, cuando la capital del país fue gobernada por Miguel Ángel Mancera y por su suplente interino José Ramón Amieva.Esta jefatura concentra 80 carpetas, seguida por la Secretaría de Obras y Servicios, con nueve, y la alcaldía Tlalpan, con cuatro investigaciones.El Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Finanzas cuentan con dos carpetas de investigación pendientes, mientras que la Secretaría de Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda empatan con una carpeta cada una.Desde que ocurrió el terremoto hasta hoy se han aplicado sólo 15 sanciones administrativas e inhabilitaciones por periodos de entre 10 y 20 años contra funcionarios públicos, entre quienes figuran directores y subdirectores de área, así como directores generales.Además de la indagatoria de la Contraloría, tres de las 16 alcaldías que conforman el panorama municipal de la Ciudad de México también abrieron sus propias investigaciones e impusieron sanciones conforme a sus criterios.La alcaldía Magdalena Contreras, ubicada en el poniente territorial de la ciudad, abrió 14 carpetas de investigación que hasta ahora han producido siete sanciones contra cinco servidores públicos, como destituciones o puestas a disposición de órganos internos de control.La alcaldía Cuauhtémoc, que alberga el Centro Histórico y las colonias Condesa y Roma, de las más afectadas durante ambos sismos, abrió 13 carpetas de investigación, mientras que Coyoacán generó 10, sin que ninguna derivara en sanciones a servidores públicos.Funcionarios bajo la lupaEl titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) en 2017, Raymundo Collins, está acusado de un presunto uso ilegal de sus atribuciones como funcionario debido a la adquisición de un predio por 21,3 millones de pesos (alrededor de 1,03 millones de dólares) sin la autorización del comité de suelo.Ese mismo caso generó la detención del director de asuntos inmobiliarios de la misma dependencia durante el sismo, Francisco Javier "N", acción a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país (FGJCDMX).Además, en 2021 fue detenido en España el comisionado para la reconstrucción Édgar Tungüí, nombrado por el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y trasladado por extradición al país latinoamericano.El excomisionado está acusado de uso indebido de atribuciones, en un caso que implica al extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, acusado de desfalco al erario destinado a la reconstrucción, con un daño de 40 millones de pesos (alrededor de 1,95 millones de dólares).Además, la Auditoría Superior de la Ciudad de México abrió en 2019 una investigación a tres integrantes de la entonces existente Asamblea Legislativa del Distrito Federal por manejo irregular de recursos de la reconstrucción, Leonel Luna, quien fue delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, hoy prófugo, y Jorge Romero, quien actualmente coordina la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados federal.Los tres fungieron desde su trabajo legislativo como integrantes de la comisión de reconstrucción en la Asamblea Legislativa.Firmas sancionadasAl menos 15 empresas de la construcción han sido sancionadas por las consecuencias del terremoto del 19 de septiembre de 2017.La empresa Ideas Residenciales, a cargo de cuatro torres de departamentos en Tlalpan 550, fue sancionada, junto con la responsable del edificio de Insurgentes 1260 Vertical Holmes y del Canada Building System, ubicado en Zapata 56. Ambos bienes raíces sufrieron serios daños estructurales durante el siniestro.Además, la Contraloría sancionó en 2020 a distintas empresas por procesos deficientes en la reconstrucción o por falta de entregas a tiempo en al menos seis inmuebles.

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