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Con Lula en el poder, Bolivia pedirá a Brasil la extradición de exfuncionarios

© Foto : Twitter / @LuchoXBoliviaEl presidente de Bolivia, Luis Arce, se reunió en Sao Paulo con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011)
El presidente de Bolivia, Luis Arce, se reunió en Sao Paulo con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) - Sputnik Mundo, 1920, 01.11.2022
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La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva fue bien recibida en el Gobierno de Luis Arce, sobre todo porque abre la posibilidad de extraditar al exministro de Defensa, Fernando López, así como a exjefes policiales y del Ejército.
El triunfo de Lula da Silva en las elecciones presidenciales fue celebrado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en el Gobierno de Bolivia.
"Felicitamos por su triunfo a nuestro hermano presidente electo (con el 50,9% de votos) Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos seguros de que su victoria trae mejores días para el pueblo de Brasil", dijo a Sputnik el diputado del MAS Gualberto Arispe.
Además de las coincidencias ideológicas entre el Gobierno de Arce y Lula da Silva, la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores representa la posibilidad de extraditar a funcionarios de la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) radicados en Brasil.
La Fiscalía General del Estado avisó que iniciará el procedimiento para extraditar a Fernando López, exministro de Defensa de Áñez; a Yuri Calderón, jefe de la Policía durante el golpe de 2019, y a Carlos Orellana, comandante de las Fuerzas Armadas en ese periodo.
El 26 de octubre, Bolsonaro declaró que su Gobierno da protección a López y a otros exfuncionarios de Áñez. "Mientras yo sea presidente, él no saldrá de Brasil", aseguró el presidente brasileño a la prensa local.
"Los golpistas que han roto el orden constitucional y están asilados en el vecino país, estoy seguro de que están temblando como ratones. Pediremos la extradición del señor López y otros golpistas que están allí", aseguró Arispe.
El diputado evaluó que otras personas vinculadas al derrocamiento de Evo Morales (2006-2019) también podrían abandonar el país: "A Luis Fernando Camacho [gobernador de Santa Cruz] le queda un país menos para asilarse. Él también tiene que pagar por los hechos de 2019 y por lo que está ocasionando en este momento".
Arispe se refiere al paro indefinido que se lleva a cabo en el departamento de Santa Cruz desde el 22 de octubre, patrocinado por Camacho y el Comité Cívico local, el cual era presidido por el actual gobernador durante los días del golpe de 2019.
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Sin combustible, sin servicio de recolección de residuos y con escasez de alimentos, Santa Cruz vive su versión del apocalipsis. El motivo de la protesta está en la fecha de la realización del próximo censo de población y vivienda. Mientras el presidente Arce propone hacerlo en 2024, los cívicos cruceños presionan para que tenga lugar en 2023.
Ante la falta de resultados en la protesta, varias organizaciones sociales cruceñas comenzaron a movilizarse contra el paro y en reclamo de la renuncia de Camacho.

Extradición reactivada

El secretario general de la Fiscalía General, Edwin Quispe, se refirió a los dichos de Bolsonaro: "El hecho de que la autoridad oficial haya indicado que el mismo [el exministro López] se encuentra en este país junto con Carlos Orellana y el excomandante general de la Policía Boliviana hace que reactivemos el procedimiento de extradición que hemos ido iniciado desde marzo de este año", dijo a la prensa este lunes 31, luego de la victoria de Lula da Silva.
El pedido de extradición se formalizará recién en enero de 2023, cuando asuma el nuevo presidente: "Entendemos que Brasil está en un proceso transitorio de Gobierno. Una vez que tome posesión el ganador de esta contienda política, seguramente se pondrá al tanto de las obligaciones que tiene su país con el nuestro", comentó Quispe.
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Entre otros delitos, los asilados en Brasil son investigados por incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el Estado y terrorismo.
La senadora del MAS, Lucy Escobar, dijo a Sputnik: "Toda persona que ha infringido la ley y ha cometido delitos tiene que responder a la justicia. No pueden ser protegidos por nadie, tampoco pueden interceder otros países en esta situación".
"No puede haber intromisión de otros mandatarios. Se debe dejar a la justicia hacer su trabajo para que las vulneraciones de derechos y los de delitos que han cometido sean juzgados como corresponde", afirmó.
López, lo mismo que el exministro de Gobierno Arturo Murillo —detenido actualmente en EEUU por lavado de dinero—, salió de Bolivia en noviembre de 2020, días antes de la asunción del presidente Arce, ganador en las elecciones de ese año con el 55,1%.
"En Bolivia estamos felices y contentos. Recordemos que al hermano Lula le han hecho persecución política y lo han llevado a la cárcel, vulnerando sus derechos. Pero el pueblo de Brasil nuevamente le ha dado su voto. Ahora tiene que trabajar para la gente que ha confiado en él", aseguró la senadora.
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