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Los grandes desafíos de Argentina en 2023: bajar la inflación, ganar reservas y evitar un estallido

© Foto : Twitter/Economia_ArEl presidente argentino, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa
El presidente argentino, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa - Sputnik Mundo, 1920, 03.12.2022
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Con una inflación que se acerca al 100%, las reservas en estado crítico y los vencimientos de la deuda que se avecinan, el último año de mandato presidencial de Alberto Fernández viene muy difícil. ¿Cómo ordenar la economía sin agudizar la tensión social en pleno año electoral? Este es el interrogante que más dudas siembra entre los analistas.
Diciembre es históricamente un mes sensible en Argentina: en la memoria colectiva está impregnado el recuerdo de la devastadora crisis del 2001. A pesar de la fiebre mundialista que tiene en vilo a todo el país, las dificultades económicas persisten y condicionan las políticas del presidente Alberto Fernández y de su ministro de Economía, Sergio Massa, quienes encaran el último año de Gobierno en un escenario por demás adverso.
El 6,3% de inflación registrado en octubre aceleró la adopción de medidas por parte del equipo económico. Ante el 95% de aumento interanual augurado por el propio Estado, el gobernante Frente de Todos impulsó una serie de políticas para apaciguar el impacto en los ingresos de los argentinos, que acumulan una fuerte caída desde el año 2017. El interrogante es si el Gobierno logrará capear este temporal en el corto plazo.

La tormenta perfecta

"La macroeconomía está muy desordenada. Esto se agrava si vemos los niveles de actividad: si bien Argentina recuperó sus mediciones de la prepandemia, seguimos cerca de un 10% por debajo de los registros del 2011, son 11 años sin crecimiento", dice a Sputnik Guido Zack, director de Economía de la organización Fundar.
Para el investigador, la causa central que impide el desarrollo es la inflación. "No hay registro de ningún país que haya crecido sostenidamente con niveles superiores al 30% anual. Es imposible recuperar el crecimiento con estos niveles". En efecto, de cumplirse las previsiones que ubican al incremento general de precios cerca del 100% interanual, se trataría del mayor en los últimos 30 años.
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La coyuntura se inscribe en un marco global signado por las dificultades económicas: el derrumbe generalizado durante la pandemia, agravado por las consecuencias de las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania, que disparó los precios internacionales de la energía a nivel mundial.
En el caso argentino, la caída se monta sobre la profunda crisis desatada en 2018, durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019). Estefanía Pozzo, periodista y analista, pone en palabras el cúmulo de adversidades: "Argentina necesita dejar de tener todas las tormentas juntas", afirma a Sputnik.

Soluciones temporales a problemas estructurales

En el amplio espectro de dificultades, hay una que destaca por su urgencia: la falta de dólares en el Banco Central (BCRA). "Sin dudas, el principal desafío del Gobierno es la escasez de reservas", dice a Sputnik Santiago Manoukian, economista y jefe de investigaciones de la consultora Ecolatina.
En efecto, de acuerdo al informe del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social, el BRCA cuenta con 3.562 millones de dólares en sus arcas, mientras que solo en diciembre deberá afrontar vencimientos por 2.900 millones de dólares.
El riesgo de caer de la estrecha cornisa donde se encuentra el país se traduce en la prioridad que el ministro de Economía, Sergio Massa, atribuye a la materia en cada una de sus giras oficiales. Manoukian lo expresa crudamente: "Si no se alcanza un nivel de reservas suficiente, tarde o temprano va a tener que convalidar una fuerte devaluación de la moneda, que es lo que el Gobierno quiere evitar a toda costa porque aceleraría mucho la inflación y generaría una contracción relevante, además de enterrar las posibilidades electorales", sostiene.
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Consciente del acuciante peligro, el Gobierno decidió apostar nuevamente por el llamado dólar soja, un régimen cambiario especial que ofrece a los sectores agroexportadores de soja —los principales generadores de divisas— liquidar su producción, obteniendo 230 pesos por cada dólar, a diferencia de los 174,25 pesos que vale la moneda en el mercado oficial. A través de este incentivo, en septiembre ingresaron 8.000 millones de dólares a las arcas nacionales y se espera que esta reedición de la medida atraiga 3.000 millones más.
La contracara es que consiste en un adelanto de la cosecha del próximo período. "El dólar soja es pan para hoy y hambre para mañana: básicamente, se está adelantando la liquidación de divisas que iba a ocurrir el próximo año", sentencia Manoukian.
"Cuando el esquema caduque, va a repetirse el escenario delicado de hace unas semanas. Se trata de una medida de emergencia que ahora es útil porque pone paños fríos a las expectativas de una devaluación", agrega.
Estefanía Pozzo coincide: "Con esta medida el Gobierno gana tiempo. No es que por tener más dólares se resuelvan todos los problemas, pero le da más músculo para defender la política económica. La pregunta clave es de qué manera se ordenará el resto de las variables", apunta la analista.

Atados de manos

La ponderación del Gobierno que prioriza la acumulación reservas de dólares por sobre otras urgencias omite al elefante en la sala, el combate a la inflación. Esto se ve reflejado en el diseño de las políticas: "No sé si puede hablarse de un plan económico. Quizás lo haya, pero no se están tomando medidas integrales para intentar solucionar el problema inflacionario. De haber un plan, creo que no apunta a desacelerar los precios. Pero sí se busca cumplir con las metas del FMI", apunta Zack.

Para Manoukian, "el Gobierno tiene un plan y es el programa con el Fondo Monetario Internacional. Puede gustar más o menos, pero supone lineamientos que mantienen al Gobierno encarrilado: es quizás la única ancla en este momento. Si el acuerdo se rompiera, la economía sufriría mucho", afirma.

El economista se refiere al pacto alcanzado en marzo para refinanciar la deuda por 45.000 millones de dólares contraída durante la presidencia de Macri.
"El acuerdo con el FMI es un corsé muy malo porque impone condiciones en un momento en el que los Estados necesitan espacio para tomar decisiones libremente. Las metas de ajuste son difíciles de cumplir", sostiene Pozzo.
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La fragilidad de la situación argentina ata el rumbo del país con el del acuerdo con la entidad multilateral: "El margen de maniobra lo va a dar el FMI. Si en algún momento decide no desembolsar lo acordado, va a ser un evento muy disruptivo en la economía. Al Gobierno no le queda otra que cumplir o negociar el incumplimiento hasta cierto margen que permita el organismo", afirma Zack. "Podría decirse que el futuro de la economía depende de la aprobación del Fondo. Es un escenario muy incierto", completa.
Manoukian ve difícil mantener la calma de estos días, en los que, por el momento, el Gobierno no se ha visto obligado a devaluar la moneda. "Las bases sobre las cuales se mantiene la calma actual son bastante endebles: la economía transita un equilibrio vulnerable. Lo único estable ahora es la inestabilidad. Cualquier tropiezo o desvío del camino trazado eleva las chances de un escenario disruptivo. El peor escenario sería que se cayera el acuerdo con el FMI", sostiene el economista.

La tensa cuerda de la estabilidad social

El otro componente que incide en la viabilidad de las políticas de austeridad implementadas es la potencial resistencia popular al ajuste en un año electoral. "El tema es el impacto social: ¿está dispuesto el Gobierno a sufrir un golpe político?", se pregunta Manoukian.
La pregunta halla asidero en un fenómeno tangible: la pauperización de la situación de los sectores más empobrecidos de la población. Pese a los programas de protección estatal impulsados para atender a las personas más vulnerables, el Gobierno aún no logra encauzar el rumbo para cumplir con su principal asignatura pendiente.
"La situación social es muy compleja. Si bien hubo un rebote tras la pandemia, hay mucha presión por la inequidad con la que se distribuyó el crecimiento: aumentó la indigencia por el fuerte incremento del precio de los alimentos", sostiene Pozzo.
"Las tensiones van a seguir existiendo y el desafío es evitar que derive en las calles. Con una inflación del 100% es imposible evadir el conflicto, hay que conducirlo políticamente, tanto el Gobierno como los gremios", agrega la analista.
El subrayado sobre el rol de los sindicatos no es casual. La evolución de los ingresos acumula cinco años de caída libre: los salarios perdieron el 23% de su valor real desde 2017 a la fecha, según un informe de la consultora LCG.
"Hay una dualidad: los trabajadores formales, cubiertos por las negociaciones paritarias, están mucho más protegidos que los informales", afirma Manoukian.
En este punto emerge la altísima inflación. Recomponer los ingresos de los sectores postergados resulta una odisea. "Lo más deseable es que los sectores más vulnerables no vean resentidos sus ingresos, pero es muy difícil hacer una política redistributiva con niveles inflacionarios como los que tenemos ahora", postula Zack.
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Si a los condicionamientos de la economía se agrega el peso del acuerdo con el FMI, el resultado es un escenario de un mínimo margen de maniobra para el Estado: "La meta de reducción del déficit fiscal pactada con el Fondo genera que haya que contener los pedidos de aumentos salariales, lo que plantea una incógnita sobre la tensión que se genere. Si el Gobierno no consigue financiamiento, va a tener que aumentar el ajuste, lo que es complicado en términos sociales", afirma Manoukian.
Ante un horizonte complejo, el consultor infiere que, sin mayor margen de acción, la administración del Frente de Todos deberá optar por mantener el pacto con el FMI, aun en detrimento de su mandato electoral: el recuperar los ingresos de los sectores más empobrecidos.

"Va a prevalecer la necesidad sobre la convicción: las medidas económicas están encorsetadas por el acuerdo con el Fondo" y no hay margen para evitar el ajuste fiscal, sentencia el economista.

Ante un año electoral como es el 2023, en el cual el oficialismo buscará revertir el duro revés sufrido en las elecciones legislativas del 2021, el dilema del equipo económico tiene su faceta política. La pregunta es si Sergio Massa "va a seguir contando con apoyo para ajustar aun antes de las elecciones. La clave es que a esta altura no queda alternativa: ya casi no queda margen de acción", concluye Manoukian.
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