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La frágil situación de los sectores populares aumenta la tensión social en Argentina

© Sputnik / Juan LehmannVilla 21-24, barrio popular en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires
Villa 21-24, barrio popular en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires - Sputnik Mundo, 1920, 23.02.2023
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El incremento de los precios de los alimentos y de la canasta de productos que determinan la línea de pobreza, impacta de lleno en el nivel de vida de las clases más vulnerables y recrudece la presión sobre el Gobierno progresista del Frente de Todos. Recuperar los ingresos y mantener la paz social: el principal desafío del oficialismo.
El comienzo del 2023 trajo consigo indicadores económicos que preocupan al Gobierno del presidente Alberto Fernández. Mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, atiende la presión sobre las reservas y el dólar oficial, el aumento del costo de vida de los sectores más postergados vuelve a situar en el centro de la agenda pública a la inflación y al precio de los alimentos.
La subida del 7,2% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) —que fijan el umbral de la indigencia y de la pobreza, respectivamente— en enero, superando a la inflación mensual que se ubicó en el 6%, cae como un balde de agua fría en un oficialismo que asumió en 2019 con la misión de revertir el fuerte impacto de la crisis en las capas más desprotegidas de la sociedad tras el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Llegar con lo justo

El incremento de precios golpea con mayor fuerza a la población más vulnerable, que en el 2022 sufrió el quinto año consecutivo de caída de sus ingresos. Mientras la inflación acumulada de los últimos 12 meses fue del 98,8%, la suba interanual de ambas canastas superó el 108%. Es decir: los pobres sintieron un aumento de precios en los productos básicos que supera en 10 puntos al del nivel general de la economía.
"La situación es muy delicada. La inflación no para de comerse los ingresos de las familias: la gente está mal porque no alcanza la plata", dice a Sputnik Silvia Saravia, referente del movimiento Barrios de Pie y de Libres del Sur.

"Estamos en una situación de franco deterioro económico que impacta mucho más en los sectores populares", sostiene Saravia.

La fragilidad del escenario preocupa a los especialistas del oficialismo. Para Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos y exministro de Desarrollo Social del Gobierno, "el problema central es el aumento en el precio de los alimentos".
A pesar de que el conflicto en Ucrania y las sanciones antirrusas multiplicaron los precios de los productos básicos, el diputado reconoció a Sputnik que Argentina tiene "una clara inflación estructural que excede al resto del mundo".
"Es claro que la inflación es la responsable de que la plata no alcance, y que el precio de los alimentos complica la situación", reconoce Arroyo.

La angustia desde abajo

Cada cifra que maneja el Estado tiene detrás una historia. Susana Cárdenas tiene 48 años y hace 13 fundó el comedor cooperativo El Señor de los Milagros, en el barrio de La Paternal de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los días ofrece el almuerzo a más de 300 personas que no tienen para comer.
"La situación es muy dura. Familias de cuatro integrantes piden comida para ocho personas, para guardarlas y tener algo que cenar", dice Susana.
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La escasez de recursos que sufren las personas que acuden a la cooperativa se refleja en el trabajo "a pulmón" que hacen sus responsables para mantenerlo: "Ponemos dinero de nuestro bolsillo. A veces pedimos a las verdulerías, que nos ofrecen frutas que ya están feas, pero a un precio accesible", sostiene la fundadora de la institución.
Los recursos que sustentan al comedor tienen distintos orígenes, ya que el apoyo estatal no resulta suficiente. "En los últimos años el Estado redujo mucho la ayuda: no alcanza con lo que recibimos, por eso apelamos a la ayuda de los vecinos", cuenta Susana.
"El monto que recibimos nos alcanza para comprar garrafas y tener gas solo una semana al mes. Si no, cocinamos con leña que los vecinos nos ayudan a conseguir", sostiene la referente.

Los planes sociales, eje central del debate

Las tareas llevadas a cabo por Susana y su equipo de colaboradores —que trabajan en el comedor de lunes a viernes de 7 a 13 horas— son remuneradas por el Estado mediante el Potenciar Trabajo, el plan que ofrece una suma de dinero equivalente a medio salario mínimo —$67.743 pesos, equivalente a 388 dólares a tipo de cambio oficial— por una contraprestación de tareas comunitarias.
"Trabajamos seis horas, pero el Estado solo nos paga cuatro. Nos encantaría dar comida los sábados y domingos, pero no nos alcanza", señala Susana.
Precisamente, este programa social fue el que originó la última ola de protestas a nivel nacional, tras la auditoría llevada a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que redundó en la suspensión de más de 100.000 planes por incompatibilidades en la inscripción de los beneficiarios que los recibían.
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"Lo que pasó es un desastre. Está bien que se audite el gasto público, pero primero suspendieron a la gente y recién ahora están revisándolo", denuncia Silvia Saravia. "Es mucha la gente que queda afuera tras esta limpieza que impulsaron en el Ministerio", agrega la dirigente.
"La auditoría fue una excusa para recortar el gasto en este programa", dice Saravia.
Según la referente social, las medidas anunciadas desde el Gobierno marcan un cambio de orientación en la identidad progresista con la que llegó al poder.
Por supuesto, la visión no es unánime. Desde el oficialismo, la respuesta enmarca a las protestas en un malestar generalizado: "Lo que se hizo fue revalidar los datos. Los reclamos no son solo sobre lo social, sino sobre el tema laboral: en el fondo, las demandas tienen que ver con que no alcanzan los ingresos", responde Arroyo.

El empleo precario, la otra cara de la moneda

La consigna que respalda el lanzamiento del Potenciar Trabajo es la de convertir a los planes sociales en puestos laborales genuinos. Sin embargo, el desafío choca de lleno con la realidad del empleo: "Hoy Argentina tiene un 40% de informalidad laboral, y ese esquema va a durar muchos años. Lamentablemente, esto no va a terminar en el corto plazo", sostiene el exministro.
Pese a las adversas condiciones que afronta una porción significativa de los trabajadores, Arroyo rescata la creación de empleos: "Hoy hay más trabajo, porque el que busca siempre consigue alguna changa [trabajo informal]".
El contraste entre el aumento en la cantidad de puestos de trabajo, pero la precariedad que revisten se plasma en los barrios populares: "La gente solamente consigue trabajo en changas, pero al poco tiempo vuelve al comedor porque suelen ser por un par de días", cuenta Susana.
"Los trabajos registrados son por pocos meses, ya que echan a los trabajadores al poco tiempo. En este tiempo creció mucho el empleo precario", advierte Saravia.

Horizonte de incertidumbre

Las adversidades que atraviesan los sectores populares se inscriben en un escenario de incertidumbre de cara a un año signado por los desafíos económicos que deberá afrontar el Gobierno antes de las elecciones presidenciales de octubre.
"No tenemos buenas perspectivas del 2023. Todos los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional apuntan a profundizar el ajuste. Que el FMI nos audite no es algo bueno: impacta de lleno en los ingresos de los trabajadores", señala Saravia.
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En este marco, la dirigente social no descarta una profundización de las protestas intensificadas en los últimos meses del 2022: "La situación no mejoró ni tuvimos respuestas por parte del Ministerio. El Gobierno tomó la decisión de ajustar como sea, y por eso vamos a afrontar esta realidad tomando medidas de lucha", dice la referente.

"Seguramente profundizaremos el plan de lucha, porque vemos a un Gobierno muy decidido a hacer recortes en las partidas destinadas a los pobres", apunta Saravia.

La trascendencia del objetivo de contener la situación social es advertida por los funcionarios del Frente de Todos. Según Arroyo, "los desafíos que marcarán el rumbo del Gobierno son dos: mejorar los ingresos y estabilizar el precio de los alimentos. Este último tramo del Gobierno va a ser juzgado por si estabiliza el precio de los alimentos. Ahí está la clave".
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