Viviana Veloz, la asambleísta que se puso al hombro el juicio contra Lasso
Viviana Veloz, la asambleísta que se puso al hombro el juicio contra Lasso
Sputnik Mundo
La asambleísta de centroizquierda Viviana Veloz se ha ganado un lugar destacado en las portadas ecuatorianas como una de las principales impulsoras del juicio... 13.04.2023, Sputnik Mundo
Rebeca Viviana Veloz Ramírez es asambleísta ecuatoriana desde 2021, cuando fue electa por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro norte) y en representación de la coalición de centroizquierda Unión por la Esperanza (UNES).Si bien integra la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, Veloz se ha cobrado notoriedad como una de las principales impulsoras del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, por el controvertido caso denominado El Gran Padrino, que involucra al mandatario en una trama de corrupción y peculado en empresas públicas en el que también aparece su cuñado Danilo Carrera.El avance del juicio y la posibilidad de que Veloz sea una de las interpelantes no solo dieron a la legisladora un rol protagónico en el escenario político sino que también la convirtieron en el centro de amenazas recibidas, presuntamente, por organizaciones criminales.El 20 de febrero, Veloz denunció haber recibido amenazas por parte de lo que identificó como "mafia albanesa", por la supuesta relación que mantendrían con el presidente Lasso por el financiamiento de su campaña. El grupo criminal también estaría vinculado al nombramiento de personas en cargos y empresas públicas por parte del cuñado del presidente, que incluyen ámbitos sensibles al narcotráfico, como designaciones en Aduanas y empresas públicas afines al lavado de activos por parte de las redes de narcotráfico.Según la asambleísta, las amenazas tenían como objetivo impedir el avance de investigaciones por presunta corrupción en el Gobierno de Lasso, tanto en lo referente al caso de El Gran Padrino como otras vinculaciones del narcotráfico y la mafia albanesa."Si el poder político no se ha unido con la mafia, entonces ¿por qué empiezan a amenazarnos de muerte?", manifestó Veloz.Veloz, guardiana de la votación en la ANEn el marco de la etapa de recolección de pruebas y testimonios, que se extenderá hasta el 16 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó 49 pruebas de oficio, de forma adicional a las presentadas con anterioridad en la solicitud del juicio político.Veloz calificó las pruebas presentadas hasta el momento como "contundentes" y que permitiría esclarecer y demostrar que el presidente Lasso tendría responsabilidad política al "advertir y no impedir" que se cometa peculado en contratos de la empresa naviera estatal Flopec.Sin embargo, lo que más ha llamado la atención dentro de la batería de pruebas y oficios requeridos durante el proceso de juicio político, ha sido la solicitud, por parte de Veloz, de las grabaciones del circuito cerrado de cámaras de seguridad del séptimo piso de la Asamblea Nacional.La asambleísta solicitó las grabaciones como medio de prueba porque presume que en esas oficinas existirían "transacciones" entre delegados del Poder Ejecutivo y parlamentarios con el objetivo de asegurar que el juicio político no prospere en la Asamblea Nacional."Estoy a la espera de que el presidente de la Asamblea autorice estas grabaciones", aseguró Veloz el 11 de abril, en declaraciones al programa Contacto Directo de Ecuavisa.De acuerdo a la Constitución de Ecuador, en el caso de que el juicio político avance al pleno de la Asamblea Nacional, una vez finalizada la etapa de presentación de pruebas, la defensa del mandatario cuenta con 10 días —con la posibilidad de 10 días extras de prórroga—, "para cumplir con el derecho a la defensa y contestación a las acusaciones políticas".Una vez cumplido el plazo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene 10 días más para entregar y difundir un informe situacional de las etapas previas del juicio político, tras lo cual, en un plazo de 48 horas, deberá convocar al pleno de la Asamblea donde Lasso será definitivamente interpelado de forma pública por dos asambleístas.Luego de abierto el debate entre los 137 asambleístas, se convocará la votación del pleno en el que se necesitan 92 votos favorables para avanzar en la destitución del presidente Lasso.
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Viviana Veloz, la asambleísta que se puso al hombro el juicio contra Lasso
La asambleísta de centroizquierda Viviana Veloz se ha ganado un lugar destacado en las portadas ecuatorianas como una de las principales impulsoras del juicio político contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Como contracara, la legisladora ha debido afrontar amenazas de muerte.
Rebeca Viviana Veloz Ramírez es asambleísta ecuatoriana desde 2021, cuando fue electa por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro norte) y en representación de la coalición de centroizquierda Unión por la Esperanza (UNES).
Si bien integra la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, Veloz se ha cobrado notoriedad como una de las principales impulsoras del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, por el controvertido caso denominado El Gran Padrino, que involucra al mandatario en una trama de corrupción y peculado en empresas públicas en el que también aparece su cuñado Danilo Carrera.
El avance del juicio y la posibilidad de que Veloz sea una de las interpelantes no solo dieron a la legisladora un rol protagónico en el escenario político sino que también la convirtieron en el centro de amenazas recibidas, presuntamente, por organizaciones criminales.
El 20 de febrero, Veloz denunció haber recibido amenazas por parte de lo que identificó como "mafia albanesa", por la supuesta relación que mantendrían con el presidente Lasso por el financiamiento de su campaña. El grupo criminal también estaría vinculado al nombramiento de personas en cargos y empresas públicas por parte del cuñado del presidente, que incluyen ámbitos sensibles al narcotráfico, como designaciones en Aduanas y empresas públicas afines al lavado de activos por parte de las redes de narcotráfico.
Según la asambleísta, las amenazas tenían como objetivo impedir el avance de investigaciones por presunta corrupción en el Gobierno de Lasso, tanto en lo referente al caso de El Gran Padrino como otras vinculaciones del narcotráfico y la mafia albanesa.
"Si el poder político no se ha unido con la mafia, entonces ¿por qué empiezan a amenazarnos de muerte?", manifestó Veloz.
Veloz, guardiana de la votación en la AN
En el marco de la etapa de recolección de pruebas y testimonios, que se extenderá hasta el 16 de abril, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó 49 pruebas de oficio, de forma adicional a las presentadas con anterioridad en la solicitud del juicio político.
Veloz calificó las pruebas presentadas hasta el momento como "contundentes" y que permitiría esclarecer y demostrar que el presidente Lasso tendría responsabilidad política al "advertir y no impedir" que se cometa peculado en contratos de la empresa naviera estatal Flopec.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención dentro de la batería de pruebas y oficios requeridos durante el proceso de juicio político, ha sido la solicitud, por parte de Veloz, de las grabaciones del circuito cerrado de cámaras de seguridad del séptimo piso de la Asamblea Nacional.
La asambleísta solicitó las grabaciones como medio de prueba porque presume que en esas oficinas existirían "transacciones" entre delegados del Poder Ejecutivo y parlamentarios con el objetivo de asegurar que el juicio político no prospere en la Asamblea Nacional.
"Estoy a la espera de que el presidente de la Asamblea autorice estas grabaciones", aseguró Veloz el 11 de abril, en declaraciones al programa Contacto Directo de Ecuavisa.
De acuerdo a la Constitución de Ecuador, en el caso de que el juicio político avance al pleno de la Asamblea Nacional, una vez finalizada la etapa de presentación de pruebas, la defensa del mandatario cuenta con 10 días —con la posibilidad de 10 días extras de prórroga—, "para cumplir con el derecho a la defensa y contestación a las acusaciones políticas".
Una vez cumplido el plazo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene 10 días más para entregar y difundir un informe situacional de las etapas previas del juicio político, tras lo cual, en un plazo de 48 horas, deberá convocar al pleno de la Asamblea donde Lasso será definitivamente interpelado de forma pública por dos asambleístas.
Luego de abierto el debate entre los 137 asambleístas, se convocará la votación del pleno en el que se necesitan 92 votos favorables para avanzar en la destitución del presidente Lasso.
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