Pueblos originarios de Guatemala condenan las acciones del Ministerio Público contra la democracia
Pueblos originarios de Guatemala condenan las acciones del Ministerio Público contra la democracia
Sputnik Mundo
San Salvador, 18 nov (Sputnik) — Autoridades indígenas y otros sectores sociales de Guatemala repudiaron este viernes 17 de noviembre las nuevas acciones del... 18.11.2023, Sputnik Mundo
Los movimientos sociales señalan que la parte acusatoria busca anular la voluntad popular expresada en las elecciones a favor de quienes luchan contra la corrupción. La manifestante Alida Vicente, de la alcaldía indígena de Palín, departamento de Escuintla (suroeste), denunció que mientras el MP persigue a quienes luchan contra la corrupción, las personas que han desfalcado al Estado por millones de quetzales, la moneda guatemalteca, siguen libres. Los manifestantes mantuvieron su protesta frente a la sede del Ministerio Público, ubicada en el Centro Histórico de la capital, en demanda de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y otros miembros del poder judicial, a quienes acusan de fungir como operadores de los planes golpistas del llamado "pacto de corruptos". En otra manifestación frente a la sede del Congreso de la República los pueblos originarios expresaron su solidaridad con las personas detenidas o con orden de aprehensión por presuntos delitos de sedición y agrupación ilícita durante la ocupación estudiantil de la estatal Universidad de San Carlos (USAC) desde mayo de 2022 hasta junio de 2023, que motivó al Ministerio Público a instruir allanamientos al recinto académico y más de dos decenas de órdenes de aprehensión.El Ministerio Público anunció previamente que, mediante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, presentó solicitudes para el retiro de inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, y su compañera de fórmula, Karin Herrera, en el marco del caso de la toma de la universidad. Similar decisión adoptó la autoridad judicial contra los diputados Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla, fundado por Arévalo; Adán Pérez y Pérez, del Movimiento Winaq, y Carlos Barrera, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). También extendió el requisito contra Raúl Barrera, diputado electo por el Movimiento Semilla en las elecciones del 25 de junio, primera vuelta presidencial. Por el caso de la Universidad de San Carlos, fiscales y policías allanaron el jueves 16 de noviembre varias casas y detuvieron a cinco personas responsabilizadas de la ocupación de la universidad, entre ellos una excandidata a diputada del partido Semilla. Según las acusaciones del MP, Arévalo y Herrera trataron de utilizar la protesta en la universidad contra un fraude en la elección del rector como un trampolín político para promover sus candidaturas en las elecciones, afirmaciones descalificadas por el gobernante electo. La directiva del Congreso, controlado por fuerzas de derecha, no ha fijado posición en torno a los pedidos de retiro de inmunidad contra Arévalo y otros diputados, pese a que sus sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre y el 14 de enero próximo tomarán posesión los legisladores electos. En enero también tomarán posesión de sus cargos Arévalo y Herrera, de acuerdo con las leyes guatemaltecas.
San Salvador, 18 nov (Sputnik) — Autoridades indígenas y otros sectores sociales de Guatemala repudiaron este viernes 17 de noviembre las nuevas acciones del Ministerio Público en contra de universitarios, catedráticos y opositores que luchan contra la corrupción.
"Toda la información conocida públicamente no deja dudas del proceso de golpe de Estado y las intenciones de acallar a toda voz disidente a la corrupción y a la cooptación del Estado", expresaron los inconformes en un comunicado.
Los movimientos sociales señalan que la parte acusatoria busca anular la voluntad popular expresada en las elecciones a favor de quienes luchan contra la corrupción.
La manifestante Alida Vicente, de la alcaldía indígena de Palín, departamento de Escuintla (suroeste), denunció que mientras el MP persigue a quienes luchan contra la corrupción, las personas que han desfalcado al Estado por millones de quetzales, la moneda guatemalteca, siguen libres.
Los manifestantes mantuvieron su protesta frente a la sede del Ministerio Público, ubicada en el Centro Histórico de la capital, en demanda de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y otros miembros del poder judicial, a quienes acusan de fungir como operadores de los planes golpistas del llamado "pacto de corruptos".
En otra manifestación frente a la sede del Congreso de la República los pueblos originarios expresaron su solidaridad con las personas detenidas o con orden de aprehensión por presuntos delitos de sedición y agrupación ilícita durante la ocupación estudiantil de la estatal Universidad de San Carlos (USAC) desde mayo de 2022 hasta junio de 2023, que motivó al Ministerio Público a instruir allanamientos al recinto académico y más de dos decenas de órdenes de aprehensión.
El Ministerio Público anunció previamente que, mediante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, presentó solicitudes para el retiro de inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, y su compañera de fórmula, Karin Herrera, en el marco del caso de la toma de la universidad.
Similar decisión adoptó la autoridad judicial contra los diputados Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla, fundado por Arévalo; Adán Pérez y Pérez, del Movimiento Winaq, y Carlos Barrera, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
También extendió el requisito contra Raúl Barrera, diputado electo por el Movimiento Semilla en las elecciones del 25 de junio, primera vuelta presidencial.
Por el caso de la Universidad de San Carlos, fiscales y policías allanaron el jueves 16 de noviembre varias casas y detuvieron a cinco personas responsabilizadas de la ocupación de la universidad, entre ellos una excandidata a diputada del partido Semilla.
Según las acusaciones del MP, Arévalo y Herrera trataron de utilizar la protesta en la universidad contra un fraude en la elección del rector como un trampolín político para promover sus candidaturas en las elecciones, afirmaciones descalificadas por el gobernante electo.
La directiva del Congreso, controlado por fuerzas de derecha, no ha fijado posición en torno a los pedidos de retiro de inmunidad contra Arévalo y otros diputados, pese a que sus sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre y el 14 de enero próximo tomarán posesión los legisladores electos.
En enero también tomarán posesión de sus cargos Arévalo y Herrera, de acuerdo con las leyes guatemaltecas.
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