EEUU acusa de corrupción al expresidente de Guatemala: ¿justicia o intervencionismo?
EEUU acusa de corrupción al expresidente de Guatemala: ¿justicia o intervencionismo?
Sputnik Mundo
Apenas dos días después de que dejara la presidencia de Guatemala, el político Alejandro Giammattei fue acusado por el Departamento de Estado norteamericano de... 25.01.2024, Sputnik Mundo
En un momento de convulsión política en el país centroamericano, que permitió en 2023 el triunfo electoral de la fuerza progresista del Movimiento Semilla y la toma de posesión de la presidencia por Bernardo Arévalo, una de las principales demandas sociales es precisamente que la nueva gestión ejecutiva combata de manera eficaz la corrupción en Guatemala.No obstante, el hecho de que sea una dependencia federal de Estados Unidos la que emita la acusación, como hizo ya con el expresidente de Paraguay Horacio Cartes o con el exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández, incluso procesado ante la justicia del país angloparlante, genera la interrogante de si se trata de una oportunidad para la fiscalización de responsables de corrupción o una maniobra de intervencionismo político.Sputnik conversó con el sociólogo guatemalteco Miguel Alejandro Saquimux, egresado de la Universidad de San Carlos del país centroamericano, con trayectoria en procesos de construcción de paz y transformación de conflictos, para discernir las dudas sobre soberanía latinoamericana y procuración de justicia que abren estas acusaciones del Departamento de Estado."Centroamérica no va a escapar de la influencia estadounidense"Para empezar, estima el sociólogo, hay que tener en cuenta que, dada su posición estratégica, Centroamérica no se puede sustraer al campo de influencia de Washington."Sabemos el rol histórico que ha jugado Estados Unidos y su política de seguridad nacional en la región y que Centroamérica, por su ubicación geográfica, no va a escapar de la influencia estadounidense, eso es algo que hay que tener en mente", argumenta.La sociedad guatemalteca subraya Saquimux, recibió con agrado la noticia del Departamento de Estado, "porque se sabe que actualmente no existen las condiciones para iniciar un proceso penal en contra de Alejandro Giammattei y todos sus exministros y exsecretarios".El universitario alude a que el Ministerio Público, que encabeza Consuelo Porras, conforma lo que la sociedad ha calificado como el pacto de corruptos, es decir, las fuerzas políticas que se vieron desplazadas en las urnas y que buscaron distintas argucias legales para tratar de descarrilar la toma de posesión de Arévalo y la fuerza política de su partido, el Movimiento Semilla.Así, aunque no escapa a la percepción política que la acusación de Washington contra Giammattei encierra un intervencionismo, sostiene, "se recibe de buen agrado porque se sabe de las condiciones en las que nos encontramos actualmente".Exmandatarios señalados como criminalesPara enmarcar su análisis, el sociólogo Saquimux recuerda que en 2013 se alcanzó una sentencia histórica contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, resultado de un proceso iniciado en 2009, cuando se evitó la designación de una persona ligada al crimen organizado como fiscal general del país centroamericano.En aquellos años, Guatemala adoptó un enfoque a la política criminal de persecución de delitos de genocidio y lesa humanidad, lo que condujo a Ríos Montt al banquillo de los acusados."Pero antes de que ocurriera esta sentencia histórica ya habían ocurrido varias sentencias en contra de exmilitares, excomisionados militares, exparamilitares que cometieron los delitos de lesa humanidad y en ningún momento se generó mayor desestabilización política o intentos de golpe de Estado" en Guatemala, observa."Lo que sí sucedió es que cuando se dio la sentencia en contra de Ríos Montt empezó todo un proceso de persecución en contra de Claudia Paz y Paz (quien presidió la Fiscalía General entonces) y la búsqueda de retomar el control del Ministerio Público", apunta.Entonces, el país centroamericano no es que propiamente viva falta de fortaleza institucional en su impartición de justicia como para procesar a Giammattei o la falta de políticas de persecución criminal, sino que el ejercicio del puesto se desarrolla de manera discrecional y con criterios desiguales para perseguir a exfuncionarios.Con Porras al frente del Ministerio Público, observa, es improbable que se inicien persecuciones eficaces contra no nada más el ahora expresidente guatemalteco, sino el también exmandatario Otto Pérez Molina, recientemente liberado, y el también exjefe de Estado Jimmy Morales."Guatemala ya demostró que cuando hay voluntad política sí se pueden construir institucionalmente procesos que garanticen que la justicia es imparcial, objetiva, pronta y cumplida", describe, con respeto de los acusados y sus garantías constitucionales, además del fomento del acceso poblacional a la verdad.Permitir o impedir crímenes en LatinoaméricaEstados Unidos, señala el sociólogo Saquimux, mantiene un poder regional muy significativo en Latinoamérica que le permite, según sus intereses, permitir o impedir procesos fuera de la legalidad.Es el caso del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien mientras gozó del favor de Washington, acusa, se le favoreció operatividad política para asumir la presidencia luego del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, perpetrado en 2009.También se permitió que, contra el margen constitucional de Honduras, se reeligiera en el cargo, con un fraude electoral de por medio, subraya el sociólogo."Después cayó en desgracia, producto de todo el narcoestado que estaba armando y lo que implicaba para la seguridad nacional estadounidense", describe.El caso de Giammattei es distinto, considera, a pesar de los esfuerzos del ahora exmandatario de Guatemala de mostrarse siempre en términos de concordia con Estados Unidos y su política exterior, como demuestra que visitara Ucrania para refrendar su apoyo al país europeo, en el marco de su conflicto con Rusia, o que se adhiriera a Israel, aliado de Washington, en sus acciones militares contra la población de Palestina."Un par de comunicados que hizo a favor de Taiwán, también, alineándose a la política de Estados Unidos. Quedaron en meras formalidades, y los estadounidenses por eso no se lo perdonan (...)", afirma."Por eso es que este afán estadounidense de catalogarlo ya como actor corrupto y tenerlo ya en la lista, Engel es un llamado, también, de atención al resto que lo acompañó y que están en la misma situación, porque al final todos fueron parte de esos procesos de corrupción", describe Saquimux.Con estas acciones, contrarias a los intereses regionales norteamericanos, Washington considera que Giammattei representó un peligro para su seguridad nacional, argumenta el sociólogo.Una ideal condena en GuatemalaUn escenario ideal, aventura el estudioso, es que Alejandro Giammattei cumpliera primero una condena en Guatemala, pero esa posibilidad dependerá de la titularidad del Ministerio Público.En cambio, "Estados Unidos está respondiendo de manera tan inmediata posterior a la entrega del mandato también como una forma de prevenir que pueda desaparecer Giammattei y que no lo puedan procesar", estima.En conclusión, Saquimux resume que la acusación del Departamento de Estado contra el exmandatario sí tiene una carga de intervencionismo en Latinoamérica, pero, dentro de la complejidad del escenario centroamericano y de cierta falta de capacidad del Estado guatemalteco para procesar a sus exdirigentes, es deseable que purguen condenas ante la justicia norteamericana.Agrega que no se descarta que en el futuro, tras ser condenados en Estados Unidos, vuelvan a Guatemala a encarar también ahí procesos de justicia por sus delitos.
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EEUU acusa de corrupción al expresidente de Guatemala: ¿justicia o intervencionismo?
Apenas dos días después de que dejara la presidencia de Guatemala, el político Alejandro Giammattei fue acusado por el Departamento de Estado norteamericano de involucramiento en corrupción "significativa", como aceptar sobornos que condicionaron sus funciones en la administración pública.
En un momento de convulsión política en el país centroamericano, que permitió en 2023 el triunfo electoral de la fuerza progresista del Movimiento Semilla y la toma de posesión de la presidencia por Bernardo Arévalo, una de las principales demandas sociales es precisamente que la nueva gestión ejecutiva combata de manera eficaz la corrupción en Guatemala.
No obstante, el hecho de que sea una dependencia federal de Estados Unidos la que emita la acusación, como hizo ya con el expresidente de Paraguay Horacio Cartes o con el exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández, incluso procesado ante la justicia del país angloparlante, genera la interrogante de si se trata de una oportunidad para la fiscalización de responsables de corrupción o una maniobra de intervencionismo político.
Sputnik conversó con el sociólogo guatemalteco Miguel Alejandro Saquimux, egresado de la Universidad de San Carlos del país centroamericano, con trayectoria en procesos de construcción de paz y transformación de conflictos, para discernir las dudas sobre soberanía latinoamericana y procuración de justicia que abren estas acusaciones del Departamento de Estado.
"Centroamérica no va a escapar de la influencia estadounidense"
Para empezar, estima el sociólogo, hay que tener en cuenta que, dada su posición estratégica, Centroamérica no se puede sustraer al campo de influencia de Washington.
"Sabemos el rol histórico que ha jugado Estados Unidos y su política de seguridad nacional en la región y que Centroamérica, por su ubicación geográfica, no va a escapar de la influencia estadounidense, eso es algo que hay que tener en mente", argumenta.
La sociedad guatemalteca subraya Saquimux, recibió con agrado la noticia del Departamento de Estado, "porque se sabe que actualmente no existen las condiciones para iniciar un proceso penal en contra de Alejandro Giammattei y todos sus exministros y exsecretarios".
El universitario alude a que el Ministerio Público, que encabeza Consuelo Porras, conforma lo que la sociedad ha calificado como el pacto de corruptos, es decir, las fuerzas políticas que se vieron desplazadas en las urnas y que buscaron distintas argucias legales para tratar de descarrilar la toma de posesión de Arévalo y la fuerza política de su partido, el Movimiento Semilla.
Para enmarcar su análisis, el sociólogo Saquimux recuerda que en 2013 se alcanzó una sentencia histórica contra el dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, resultado de un proceso iniciado en 2009, cuando se evitó la designación de una persona ligada al crimen organizado como fiscal general del país centroamericano.
En aquellos años, Guatemala adoptó un enfoque a la política criminal de persecución de delitos de genocidio y lesa humanidad, lo que condujo a Ríos Montt al banquillo de los acusados.
"Pero antes de que ocurriera esta sentencia histórica ya habían ocurrido varias sentencias en contra de exmilitares, excomisionados militares, exparamilitares que cometieron los delitos de lesa humanidad y en ningún momento se generó mayor desestabilización políticao intentos de golpe de Estado" en Guatemala, observa.
"Lo que sí sucedió es que cuando se dio la sentencia en contra de Ríos Montt empezó todo un proceso de persecución en contra de Claudia Paz y Paz (quien presidió la Fiscalía General entonces) y la búsqueda de retomar el control del Ministerio Público", apunta.
Entonces, el país centroamericano no es que propiamente viva falta de fortaleza institucional en su impartición de justicia como para procesar a Giammattei o la falta de políticas de persecución criminal, sino que el ejercicio del puesto se desarrolla de manera discrecional y con criterios desiguales para perseguir a exfuncionarios.
Con Porras al frente del Ministerio Público, observa, es improbable que se inicien persecuciones eficaces contra no nada más el ahora expresidente guatemalteco, sino el también exmandatario Otto Pérez Molina, recientemente liberado, y el también exjefe de Estado Jimmy Morales.
"Guatemala ya demostró que cuando hay voluntad política sí se pueden construir institucionalmente procesos que garanticen que la justicia es imparcial, objetiva, pronta y cumplida", describe, con respeto de los acusados y sus garantías constitucionales, además del fomento del acceso poblacional a la verdad.
Estados Unidos, señala el sociólogo Saquimux, mantiene un poder regional muy significativo en Latinoamérica que le permite, según sus intereses, permitir o impedir procesos fuera de la legalidad.
Es el caso del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien mientras gozó del favor de Washington, acusa, se le favoreció operatividad política para asumir la presidencia luego del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, perpetrado en 2009.
También se permitió que, contra el margen constitucional de Honduras, se reeligiera en el cargo, con un fraude electoral de por medio, subraya el sociólogo.
"Después cayó en desgracia, producto de todo el narcoestado que estaba armando y lo que implicaba para la seguridad nacional estadounidense", describe.
El caso de Giammattei es distinto, considera, a pesar de los esfuerzos del ahora exmandatario de Guatemala de mostrarse siempre en términos de concordia con Estados Unidos y su política exterior, como demuestra que visitara Ucrania para refrendar su apoyo al país europeo, en el marco de su conflicto con Rusia, o que se adhiriera a Israel, aliado de Washington, en sus acciones militares contra la población de Palestina.
"Un par de comunicados que hizo a favor de Taiwán, también, alineándose a la política de Estados Unidos. Quedaron en meras formalidades, y los estadounidenses por eso no se lo perdonan (...)", afirma.
"Por eso es que este afán estadounidense de catalogarlo ya como actor corrupto y tenerlo ya en la lista, Engel es un llamado, también, de atención al resto que lo acompañó y que están en la misma situación, porque al final todos fueron parte de esos procesos de corrupción", describe Saquimux.
Con estas acciones, contrarias a los intereses regionales norteamericanos, Washington considera que Giammattei representó un peligro para su seguridad nacional, argumenta el sociólogo.
En cambio, "Estados Unidos está respondiendo de manera tan inmediata posterior a la entrega del mandato también como una forma de prevenir que pueda desaparecer Giammattei y que no lo puedan procesar", estima.
En conclusión, Saquimux resume que la acusación del Departamento de Estado contra el exmandatario sí tiene una carga de intervencionismo en Latinoamérica, pero, dentro de la complejidad del escenario centroamericano y de cierta falta de capacidad del Estado guatemalteco para procesar a sus exdirigentes, es deseable que purguen condenas ante la justicia norteamericana.
Agrega que no se descarta que en el futuro, tras ser condenados en Estados Unidos, vuelvan a Guatemala a encarar también ahí procesos de justicia por sus delitos.
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