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Acusan "ejercicio abusivo del poder" del Ministerio Público de Guatemala en su arremetida a Arévalo

© AP Photo / Moises CastilloVendedores del mercado marchan hacia el centro durante una huelga nacional en Ciudad de Guatemala
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Dos días después de que el Ministerio Público de Guatemala acusara al binomio presidencial electo, formado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, de utilizar la movilización estudiantil de la Universidad de San Carlos (USAC) en 2022 como trampolín electoral, la CIDH condenó el actuar de la institución de justicia.
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión rechazan el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público de Guatemala, mediante incesantes acciones e injerencias indebidas", apuntó el organismo defensor, adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Además de acusar un uso político de la USAC para apuntalar políticamente candidaturas del Movimiento Semilla —la fuerza electoral que llevó al triunfo a Arévalo—, el Ministerio Público guatemalteco consideró que la movilización estudiantil contra la renovación de la rectoría de la universidad en 2022 dañó el patrimonio público del recinto académico, por lo que ejecutó 27 órdenes de aprehensión contra los inconformes de entonces y más de 30 allanamientos.
La parte acusatoria también informó que interpuso un requisito de retiro de inmunidad contra Arévalo y Herrera, junto con cinco parlamentarios electos.
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Esto se suma a otras acciones acusatorias contra el Movimiento Semilla, como asegurar que falsificó sus firmas para constituirse como partido político o que incurrió en irregularidades durante la jornada electoral, acciones que han sido condenadas por el propio Arévalo y distintos actores guatemaltecos, que las califican como un intento de golpe de Estado para impedirle tomar posesión de la presidencia este enero de 2024.

Mediante un comunicado emitido este 18 de noviembre, la CIDH acusó que las acciones del Ministerio Público (MP) "atentan contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas del país".

"La solicitud del retiro de inmunidad del presidente y vicepresidenta electos ocurre en un contexto ampliamente documentado sobre reiteradas acciones injerencistas del MP en las elecciones generales y en el proceso de transición en curso, mediante la instrumentalización del derecho penal", recriminó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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La actitud del Ministerio Público, abundó el organismo defensor, socava la separación guatemalteca de poderes y profundiza la inestabilidad política en el país centroamericano.
El actuar del Ministerio Público ha motivado movilizaciones y bloqueos carreteros durante semanas de parte de la ciudadanía guatemalteca, que repudia la persecución política contra Arévalo y exige, además, la renuncia de la fiscal Consuelo Porras.
En una orientación parecida a la de la CIDH, exdirigentes políticos latinoamericanos, como el expresidente de Paraguay Mario Abdo y el exmandatario mexicano Felipe Calderón, llamaron al orden institucional en Guatemala mediante un pronunciamiento, también emitido este 18 de noviembre.
El país centroamericano sufre una alteración del orden constitucional que atenta contra la democracia guatemalteca, afirmaron los integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en que participan también los expresidentes Iván Duque y Mauricio Macri, respectivamente de Colombia y Argentina, entre otros.
"Al poder judicial guatemalteco y a los demás poderes del Estado les hacemos presente que el acceso al poder y su ejercicio conforme al estado democrático y constitucional de derecho es un elemento esencial de la democracia y una garantía que no puede ser burlada a través de actos de fraude y manipulaciones de la ley", cerraron los exmandatarios, entre quienes también figuran los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy.
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