"No se trata de solucionar el problema guerrillero, no se trata de la desmovilización, se trata de que hayan unas transformaciones reales que conduzcan a que efectivamente exista la paz (…), no se trata de la pacificación, del silenciamiento de los fusiles, sino que se trata de que existan verdaderas transformaciones, que podamos dialogar como sociedad colombiana y poder vivir en paz sin necesidad de utilizar la violencia para resolver nuestros conflictos", expresó Arango a través del canal estatal Venezolana de Televisión.
Arango destacó su confianza en que este proceso de diálogo permita a ambas partes alcanzar acuerdos para la paz.
"Hay unos niveles de confianza entre las delegaciones, partimos del hecho que en el Gobierno pasado ni siquiera hubo un diálogo. El país en el 2017 tenía otras características, había otros gobiernos, este Gobierno es diferente, por primera vez en Colombia llega un Gobierno que es de otra tradición política diferente a la derecha", comentó.
La gestora de paz resaltó la participación de Venezuela como país garante en esta mesa de diálogo.
"Somos un solo pueblo que estamos divididos por una frontera que es más una línea imaginaria (…). Ha sido muy gratificante para nosotros poder contar con el apoyo del hermano país de Venezuela", acotó.
El lunes 21 de noviembre, la administración de Gustavo Petro y el ELN reinstalaron en Caracas la mesa de diálogo con el objetivo de lograr un acuerdo de paz definitivo, con Venezuela como país garante y sede de este proceso.
Las partes expresaron su voluntad de construir la paz a partir de una democracia con justicia, así como de lograr cambios tangibles y urgentes para Colombia.
Venezuela fue garante de un proceso de paz en 2016, cuando acompañó la primera fase de las conversaciones con el ELN, junto con Cuba, Noruega, Chile, Brasil y Ecuador.
El último intento por negociar comenzó en 2017 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
21 de noviembre 2022, 02:37 GMT
Los primeros encuentros se llevaron a cabo en Quito, pero en 2018 la mesa fue trasladada a La Habana.
En enero de 2019, el entonces presidente Iván Duque (2018-2022) suspendió de forma definitiva el proceso tras un ataque del grupo guerrillero a la policía.
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