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AMLO busca que los extranjeros participen en asuntos políticos: ¿Qué podría desatar esto?

© AFP 2023 / DANIEL SLIMMéxico siempre ha tenido disposiciones para el actuar de los extranjeros en el país.
México siempre ha tenido disposiciones para el actuar de los extranjeros en el país. - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2023
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó esta semana que desea modificar el artículo 33 de la constitución, que regula la participación de los extranjeros en temas políticos del país.
"Jamás hemos reprimido a nadie, no lo vamos a hacer, no hemos aplicado el artículo 33, que ya lo estamos modificando, para que hasta los extranjeros puedan expresarse libremente", afirmó el 28 de agosto el mandatario latinoamericano.
Esta no es la primera vez que lo hace. A finales de 2022, el mandatario mexicano habló de la modificación a este apartado de la carta magna luego de que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) sugiriera emplearlo para expulsar al analista político Abraham Mendieta del país, un joven de origen andaluz afín al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido oficialista.
Posteriormente, López Obrador defendió al comentarista temas políticos y dio a conocer que analizaba derogar el apartado del artículo constitucional para que cualquier persona de otra nación pudiese participar en los asuntos políticos de México. Y lo que eran dichos se convirtieron en hechos.
El 8 de marzo, envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para modificar el apartado, donde el Estado mexicano se reserva facultades para la expulsión de los extranjeros.
En su propuesta, López Obrador indica que solo podrán abandonar México "siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la Seguridad Nacional", todo con apego al respeto a sus derechos humanos.
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Al respecto, el doctor en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana campus Iztapalapa (UAM-I) Ignacio Isaías López Pérez comentó en entrevista para Sputnik que es importante analizar la propuesta conforme al contexto actual.
"Es sano que se pueda analizar basándose en las circunstancias actuales, recordando que la ley siempre sirve para apoyar los eventos sociales. La ley, en términos jurídicos, reacciona a los acontecimientos y se adapta a ellos", indica.

Los antecedentes

La relación de México con otras naciones ha tenido momentos de tensión, especialmente derivados del inicio del dominio español, en 1521. Para 1810, la población de la entonces Nueva España se rebeló e inició la guerra de independencia, que concluyó en 1821 a favor de México.
Sin embargo, a partir de esa época, las disposiciones del que se convertiría en el Estado mexicano fueron de una postura defensiva hacia los extranjeros.
Prueba de ello son los Elementos Constitucionales escritos por el insurgente Ignacio López Rayón en 1812. En el artículo 19 menciona que las personas nacidas en otra nación serán aceptadas solo si favorecen "la libertad de independencia de la Nación". Para 1814, la Constitución de Apatzingán retomó los mismos preceptos, esto con el propósito de que los extranjeros tuviesen todos los beneficios de la ley.
La primera vez que se habló en México de la expulsión de personas originarias de otras naciones fue en un decreto publicado el 20 de marzo de 1829, donde se confiere al ejecutivo la capacidad de enviar a los españoles a su país, esto mientras el Estado europeo no reconociera la independencia mexicana
Entre 1842 y 1856, legislaciones como las Bases Orgánicas de la República Mexicana y el Estatuto Orgánico Provisional dejaban de lado los derechos políticos de los extranjeros. Esto cambió para la Constitución de 1857, donde se estipulaba su contribución al país, así como sus obligaciones y el respeto que debían rendir ante las autoridades.
"México ha sido, derivado de su propia historia, muy celoso de su soberanía y no ha permitido opiniones de extranjeros sobre el país estando ellos en el territorio. Tuvimos intervenciones, inglesas, francesas y estadounidenses. Siempre ha existido la tentación de intervenir en los asuntos internos de los mexicanos", declara en entrevista para Sputnik el doctor en filosofía por la Johann Wolfgang Goethe Universität, Universidad de Frankfurt, Germán Pérez Fernández del Castillo, quien también es experto en temas de ciencia política.
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En la carta magna de 1917, vigente hasta nuestros días, se menciona lo siguiente: "Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 [que se hayan naturalizado mexicanos]. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero, de la presente Constitución, pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país".

Con el tiempo, se modificó la sección donde hace referencia a la expulsión de las personas de otras naciones. "El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención", se lee en la legislación actual.

Pros y contras de los cambios

Los expertos coinciden en que reformar el artículo 33 de la constitución mexicana puede traer tanto beneficios como consecuencias para la nación.
En los aspectos positivos, Pérez Fernández del Castillo expone que es adecuado el cambio, más porque la iniciativa muestra que el ajuste estaría alineándose con los derechos humanos de los involucrados.
"Era frecuencia que tomaran una persona, la llevaran al aeropuerto o a la frontera y lo deportaran. La protección jurídica me parece absolutamente vital y más conforme a los derechos humanos", puntualiza.
No obstante, agrega que, para que funcione, tendría que garantizarse que los extranjeros no fuesen expulsados por sus alegatos políticos, ya que si no pasarían por los juicios actualmente planteados en la constitución y esto derivaría en tiempo perdido.
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Mientras tanto, López Pérez destaca que hay organismos que ya protegen a las personas de otras nacionalidades que viven en México, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Pese a ello, el tema de la participación en asuntos políticos "debe ser tomado con matices e intensidades", donde se debe observar el tipo de rubros en los que se enfocan, como las elecciones presidenciales de 2024.

Lo que se debe entender

Pérez Fernández del Castillo y López Pérez son enfáticos en señalar que la iniciativa del presidente de México tiene que observarse desde el punto de vista político.
Por ejemplo, López Pérez, quien también es docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, comenta que los comicios son parte de este movimiento.
Abraham Mendieta, por quien comenzó la discusión de AMLO, "hacía declaraciones demasiado fuertes, callaba a ciertos diputados (...). Pienso que en estos tiempos que vivimos es relevante también tomar en cuenta que, en las redes sociales, las personas de otros países se quejan constantemente de una nación o de otra. Las plataformas rompieron las fronteras y esto no se debe satanizar", agrega.
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En su opinión, el doctor en filosofía, quien también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pondera que se abriría la puerta no solo a las personas extranjeras, sino a organismos internacionales a intervenir en la política nacional.
"A lo mejor el presidente se estaría dando un tiro al pie, porque los organismos que vigilan las cuestiones electorales, por ejemplo, se volverían opinadores de mucho peso, en un contexto en el que el mandatario actual tiene estrictamente prohibido intervenir de cualquier manera el proceso (...). Por ello, si se sigue violentando la normatividad electoral como se ha dado por parte fundamentalmente del Gobierno en turno, podría tener resultados no tan positivos", acota.
No obstante, los expertos subrayan en que es necesaria la participación de los extranjeros en otros rubros, como en los negocios, ya que esos permiten más inversiones y crecimiento del país.
Finalmente, López Pérez menciona que es posible que la iniciativa no avance más allá de la Cámara de Diputados, debido a que no cuenta con mayoría.
"En mi opinión, no creo que se pueda, que se pueda llevar a cabo. Considero que preferirá el presidente dirigir sus baterías en otros en otros términos donde es más importante, como el de seguridad", concluye.
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