La reforma laboral divide a Argentina de cara a las elecciones presidenciales
03:15 GMT 01.07.2023 (actualizado: 09:09 GMT 01.07.2023)
© AP Photo / Victor R. Caivano
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Con vistas a los comicios generales de octubre, la oposición de Juntos por el Cambio lanzó la propuesta de cambiar la legislación laboral con el foco puesto en la eliminación de las indemnizaciones por despido. El Gobierno rechaza la iniciativa y retruca con el impulso a una reducción de la jornada de trabajo.
La propuesta de una reforma laboral flexibilizadora por parte de la oposición ya luce imparable. Con los comicios presidenciales como norte, la plataforma electoral de Juntos por el Cambio promete eliminar las indemnizaciones por despido a fin de agilizar la dinámica del empleo.
Pese a la álgida disputa interna entre sus dos contendientes —el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich— el cambio en la legislación halla un punto en común en una coalición que parecía dividida.
➡️ Eliminando trabas al crecimiento, impuestos y los trámites innecesarios.
— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 27, 2023
➡️ Impulsando nuevas reglas laborales que se adapten a nuestro presente, terminando con la industria del juicio y transformando los planes sociales en trabajo.
➡️ Produciendo y exportando más de la mano…
La iniciativa propone, entre otros puntos, tres cambios centrales con respecto a la normativa vigente:
Eliminación de las indemnizaciones por despido. Apunta a reemplazarlas por "fondos de cese" (seguros de desempleo) que consisten en sumas de dinero a la que puede acceder el trabajador tras la finalización de un contrato y que es depositada por el empleador en una entidad dentro del convenio. Estos sistemas serán convenidos por actividad. Actualmente, ante un despido sin causa, el trabajador debe ser indemnizado con un monto equivalente al salario mensual más alto registrado por cada año completo de servicio en la empresa.
Disminución de las multas contra el empleo no registrado o mal registrado. En el caso de despido a trabajadores precarizados —quienes no gozan de todos los derechos previstos por ley—, los empleadores pasarían de abonar las tres multas vigentes a afrontar una única sanción: el 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil —SMVM, definido por el Gobierno nacional— por cada mes de contratación irregular. El SMVM actualmente es de 87.987 pesos, unos 343 dólares a cambio oficial.
Apertura de los convenios colectivos salariales. Diseñada para empresas con menos de cinco empleados, la medida busca que las negociaciones corran por fuera de los acuerdos generales alcanzados entre los gremios y las patronales de cada sector.
Terreno fértil
La iniciativa se inscribe en el marco de una paulatina pauperización en la calidad y remuneración del trabajo, con un cuadro de época donde convergen algunos fenómenos destacables.
Si bien el 6,9% de desempleo se ubica en mínimos históricos a la salida de la pandemia de coronavirus, el empleo no registrado —popularmente conocido como "trabajo en negro"— alcanza al 36,7% de los trabajadores, lo cual consolida una tendencia profundizada durante la década de 1990 bajo el Gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999), a partir de la cual el indicador oscila entre el 30% y el 40% de los empleados.
8 de junio 2023, 04:01 GMT
El dato sobresaliente dentro del panorama actual obedece a la remuneración por el trabajo: los salarios argentinos son los segundos más bajos de Latinoamérica y acumulan seis años consecutivos de caída, un período que alcanza a los mandatos de Mauricio Macri (2015-2019) —cuando los sueldos perdieron 20% en promedio— y al actual de Alberto Fernández, con una caída del 2,1%.
Es en ese marco donde la oposición promueve la Revolución del trabajo, propuesta que orbita en torno a la desregulación en la legislación laboral. Los antecedentes son directos: en 2022, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que modifica las sanciones por trabajo no registrado. Un año antes los legisladores llevaron al Congreso la iniciativa para eliminar las indemnizaciones por despido, pero no tuvo éxito.
¿Modernización o quita de derechos?
"La ley vigente quedó totalmente obsoleta: hay que adaptarla al mundo actual. Hoy las relaciones laborales no garantizan la previsibilidad necesaria para la creación de empleo decente", afirma ante Sputnik Héctor Stefani, diputado nacional de Juntos por el Cambio y autor del proyecto de eliminación de indemnizaciones.
"El mundo cambia, el trabajo cambia, los trabajadores cambian y es importante que las leyes también para brindar a su vez más seguridad jurídica", señala el legislador.
Desde las usinas del sindicalismo la propuesta es considerada inconducente si el fin único es la creación de empleo.
Consultado por Sputnik, el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Luis Campos, asegura que "la propuesta no tiene nada que ver: las empresas no contratan ni dejan de contratar según el costo de despedir, sino en base a la rentabilidad futura de su negocio".
"Cuando una empresa contrata a un trabajador no lo hace pensando en despedirlo. Si un empleador proyecta que su actividad no va a crecer, no va a contratar más trabajadores por más que se flexibilice la normativa laboral", responde Campos.
En el Gobierno, el rechazo a la propuesta de la oposición es menos amable, "lo único que buscan es aislar de cargas a los empresarios. Eximir de responsabilidades a los empleadores", dice a Sputnik Héctor Recalde, abogado laboralista y exdiputado nacional.
"¿Quieren terminar con la indemnización? ¿Quieren terminar con las jubilaciones? ¿Quieren terminar con los aportes a las obras sociales? En realidad están proponiendo volver al siglo XIX", acusa Recalde.
Contra la "industria del juicio"
La alianza opositora esta abroquelada en la cruzada contra la denominada "industria del juicio", en alusión al conjunto de acciones legales impulsadas por las personas despedidas sin causa o que estaban empleadas informalmente, que —según los reformistas— pone en aprietos las finanzas de las empresas empleadoras.
𝐕𝐨𝐲 𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥.
— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 2, 2023
Desde el 10 de diciembre voy a trabajar para modificar esta Ley de Multas absurda que solo frena a los que producen y dan trabajo. Tenemos que construir un sistema laboral mas justo,… pic.twitter.com/F5Yp5WH9UL
"Uno de los problemas centrales es la industria del juicio, alimentada por la alta litigiosidad que permite la ley. Esto atenta directamente contra la seguridad jurídica necesaria para generar empleo", apunta Stefani.
La iniciativa contemplada para salir del laberinto consiste en un Seguro de Garantía de Indemnización que funcione según los lineamientos de la llamada "mochila austríaca", un fondo creado en función del salario de cada empleado y que se acumula durante el tiempo trabajado en la empresa diseñado para que, cuando este renuncie o sea despedido, se "lleve" esa suma para disponer de ella o para acumularlo en la siguiente firma.
"No va haber ningún avasallamiento a los derechos de los trabajadores estos están consagrados en la Constitución Nacional. El único objetivo es generar un marco legal favorable a la generación de empleo", explica el diputado.
Sin embargo, desde el Gobierno remarcan la falsedad del diagnóstico de los reformistas: "La idea de que existe industria del juicio no es cierta ni por asomo", dice Recalde.
Según un informe del Centro de Estudios Metropolitanos, casi 2,8 millones de personas trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Amparado en estas cifras, el abogado laboralista remarca que "entre 2015 y 2022 hubo entre 17.000 y 25.000 causas anuales por despidos en los tribunales. Los números hablan por sí solos: si existe una 'industria del juicio', esta industria está quebrada".
En esta línea, Luis Campos apunta que "si una pequeña empresa contrata a un trabajador y lo despide a los seis meses, el costo de esa indemnización equivale a un mes de salario. Ninguna empresa quiebra por pagar un salario de más".
"Si despedir a alguien lleva a la empresa a quebrar, el problema no es el costo del despido sino la poca rentabilidad de la empresa. La razón remite al funcionamiento general de la economía, no a la ley laboral", sostiene Campos.
180 grados
Desde una perspectiva diametralmente opuesta, diputados del oficialismo presentaron un proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Recalde, promotor de la iniciativa, considera que "el modelo vigente, de 1929 quedó viejísimo a la luz de las nuevas tecnologías: hay que modificarlo cuanto antes".
"La disminución de la jornada laboral tiene dos efectos: aumenta la productividad y reduce los accidentes de trabajo. Eso de por sí supone una mayor ganancia para la empresa, así que les resultaría conveniente", señala Recalde.
Si bien el abogado laboralista remarca los beneficios que tendría la iniciativa para los empleadores, desde el sector empresarial la medida es resistida.
En diálogo con Sputnik, Teodoro Karagozián —CEO de TN&Platex, una de las hilanderías más grandes de Argentina— opina que esto "es una ridiculez, pues en un país que es cada vez más pobre, pensar que la solución es trabajar menos es no entender el fenómeno de por qué nos estamos empobreciendo".
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