Rechazo a la liberación de Fujimori en Perú: "No ha pedido ni un mínimo de perdón"
Rechazo a la liberación de Fujimori en Perú: "No ha pedido ni un mínimo de perdón"
Sputnik Mundo
El 7 de diciembre, cuando se cumplió un año de la destitución de Pedro Castillo, miles de personas salieron a las calles de Lima para repudiar la liberación... 09.12.2023, Sputnik Mundo
Los últimos diciembres deparan sorpresas para la población peruana, que en esta época del año pasado atravesó la destitución del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), actualmente preso en el penal limeño de Barbadillo.De esa misma prisión, el 6 de diciembre, salió en libertad el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.La justicia peruana consideró a Fujimori como autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por escuadrón del Ejército llamado grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y de un periodista.El aniversario de la destitución de Castillo y el indulto a Fujimori motivaron que miles de personas ocuparan la capital peruana con la consigna de "que se vayan todos, se llame a elecciones, se convoque a una Asamblea Constituyente y se libere a los presos políticos", contó a Sputnik Jorge Escalante, referente del movimiento político Nuevo Perú por el Vivir Bien.Para Escalante, como para otros líderes sociales consultados, la liberación de Fujimori constituye una distracción dirigida a quitar el foco del proceso iniciado a la fiscal general, Patricia Benavides, acusada de tener negociaciones bajo la mesa con al menos 37 congresistas con el objetivo de manipular el trabajo de la Justicia."Hoy se cumple un año de cuando Castillo intentó cerrar el Congreso de manera aislada, sin articular, lo cual ocasionó que el Congreso pueda vacarlo mediante un golpe. Y a partir de ahí la sucesora fue Dina Boluarte", recordó Escalante, en diálogo desde las calles de Lima.El dirigente de Nuevo Perú mencionó que en ese momento se inició un proceso de lucha que en los primeros meses de 2023 costó la vida de 60 personas durante las protestas, mayormente caídos por balas militares o policiales, según un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). "Aunque se la puso contra las cuerdas, Boluarte no cayó. Tenía el apoyo de medios de comunicación, del Congreso, las Fuerzas Armadas", relató el dirigente.Respecto a cómo ven los peruanos la gestión de la mandataria y de los congresistas, Escalante mencionó las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En el último estudio, publicado a finales de noviembre, la desaprobación de Boluarte alcanzó su pico máximo: 85%. Mientras que el 91% de los consultados rechazó el trabajo del Poder Legislativo.Esterilizaciones forzadas, a foja ceroAdemás de su libertad, Fujimori consiguió otro beneficio de parte de la Corte Suprema de Justicia: fue anulado el proceso que se seguía contra el expresidente y varios de sus funcionarios por la esterilización forzada de cientos de mujeres durante la década del 90.Ana María Vidal es abogada de parte de las víctimas, cuyas posibilidades de tener justicia se vieron reducidas de un día para el otro.La defensora resaltó que Fujimori fue liberado por un indulto decretado en 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que finalmente no se concretó por pedido de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.Pero ahora el Tribunal Constitucional dictaminó que las decisiones de este organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no son vinculantes para el Estado peruano.De acuerdo con Vidal, "estamos ante una cortina de humo en un momento en que estamos ante una crisis institucional muy fuerte. Han sacado ahora este tema para tapar la gravedad de la crisis que estamos sorteando", marcada por el proceso iniciado a la fiscal Benavides."El Ministerio Público está en grave riesgo porque estaba a la cabeza de una persona supuestamente involucrada en una organización criminal que extorsionaba a congresistas para que, a cambio de favores, no sean investigados", dijo la abogada.Vidal resaltó la reanudación de las protestas en las calles, a pesar de que el Gobierno peruano anunció que se aumentarán las penas para quienes cometan disturbios y corten carreteras."Si vas a tomar una vía puedes tener hasta 10 o 15 años de prisión. Los colaboradores de las protestas, es decir quienes apoyan con la organización de una colecta para apoyar una protesta, también pueden incurrir en el delito de colaboración a la comisión de disturbios", señaló la abogada. De esta manera se estaría vulnerando el derecho a la protesta, afirmó.Desde las calles de LimaBetty Izaguirre, de la Coordinadora Nacional de Prensa y Medios Alternativos de Perú (CONPYMAP), transmitió desde las calles la movilización del 7 de diciembre, que se extendió hasta la noche en el centro de Lima.En conversación con Sputnik, la comunicadora resaltó que "una parte de la población apoya a Fujimori. El día de su liberación en Barbadillo había una movilización que si bien no era tan grande, sí ha tenido toda la cobertura mediática".Asimismo, Izaguirre observó que según la Constitución elaborada durante el Gobierno de Fujimori "se establece que en cuestiones de derechos humanos la Corte Interamericana está por encima de lo que decida el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, este debe acatar lo que dice la Corte IDH".William Soberón Guevara, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y Comunicación Social (SUTPECOS), también registró las movilizaciones de este 7 de diciembre."Por más acciones que han tomado las organizaciones de familiares de víctimas [del Gobierno de Fujimori] en el aspecto legal, han tirado por el piso todas las disposiciones según las cuales en última instancia definía la Corte Interamericana", dijo Soberón a Sputnik.El secretario general remarcó lo oportuno de hacer estas movidas "justo cuando la mayoría está inmersa en compras de Navidad. Por eso las movilizaciones pues no llegan a ser tan masivas".
El 7 de diciembre, cuando se cumplió un año de la destitución de Pedro Castillo, miles de personas salieron a las calles de Lima para repudiar la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Mientras, una nueva crisis política amenaza al Gobierno de Dina Boluarte. Sputnik habló con líderes sociales peruanos sobre los hechos ocurridos.
De esa misma prisión, el 6 de diciembre, salió en libertad el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
La justicia peruana consideró a Fujimori como autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por escuadrón del Ejército llamado grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y de un periodista.
El aniversario de la destitución de Castillo y el indulto a Fujimori motivaron que miles de personas ocuparan la capital peruana con la consigna de "que se vayan todos, se llame a elecciones, se convoque a una Asamblea Constituyente y se libere a los presos políticos", contó a Sputnik Jorge Escalante, referente del movimiento político Nuevo Perú por el Vivir Bien.
Para Escalante, como para otros líderes sociales consultados, la liberación de Fujimori constituye una distracción dirigida a quitar el foco del proceso iniciado a la fiscal general, Patricia Benavides, acusada de tener negociaciones bajo la mesa con al menos 37 congresistas con el objetivo de manipular el trabajo de la Justicia.
"Hoy se cumple un año de cuando Castillo intentó cerrar el Congreso de manera aislada, sin articular, lo cual ocasionó que el Congreso pueda vacarlo mediante un golpe. Y a partir de ahí la sucesora fue Dina Boluarte", recordó Escalante, en diálogo desde las calles de Lima.
El dirigente de Nuevo Perú mencionó que en ese momento se inició un proceso de lucha que en los primeros meses de 2023 costó la vida de 60 personas durante las protestas, mayormente caídos por balas militares o policiales, según un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). "Aunque se la puso contra las cuerdas, Boluarte no cayó. Tenía el apoyo de medios de comunicación, del Congreso, las Fuerzas Armadas", relató el dirigente.
Respecto a cómo ven los peruanos la gestión de la mandataria y de los congresistas, Escalante mencionó las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En el último estudio, publicado a finales de noviembre, la desaprobación de Boluarte alcanzó su pico máximo: 85%. Mientras que el 91% de los consultados rechazó el trabajo del Poder Legislativo.
Además de su libertad, Fujimori consiguió otro beneficio de parte de la Corte Suprema de Justicia: fue anulado el proceso que se seguía contra el expresidente y varios de sus funcionarios por la esterilización forzada de cientos de mujeres durante la década del 90.
Ana María Vidal es abogada de parte de las víctimas, cuyas posibilidades de tener justicia se vieron reducidas de un día para el otro.
Fujimori "sale indultado sin haber pagado un sol de reparación de los más de 50 millones de soles [13,3 millones de dólares] que debe. Además, no se ha arrepentido en lo absoluto por cada uno de los crímenes. No ha pedido ni un mínimo de perdón, no lo ha reconocido nunca", consideró Vidal en diálogo con Sputnik.
Pero ahora el Tribunal Constitucional dictaminó que las decisiones de este organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no son vinculantes para el Estado peruano.
"Está saliendo por un indulto, que es perdonar un delito. Ahí hay una serie de elementos que te dan tristeza como país", comentó la abogada.
De acuerdo con Vidal, "estamos ante una cortina de humo en un momento en que estamos ante una crisis institucional muy fuerte. Han sacado ahora este tema para tapar la gravedad de la crisis que estamos sorteando", marcada por el proceso iniciado a la fiscal Benavides.
"El Ministerio Público está en grave riesgo porque estaba a la cabeza de una persona supuestamente involucrada en una organización criminal que extorsionaba a congresistas para que, a cambio de favores, no sean investigados", dijo la abogada.
"Si vas a tomar una vía puedes tener hasta 10 o 15 años de prisión. Los colaboradores de las protestas, es decir quienes apoyan con la organización de una colecta para apoyar una protesta, también pueden incurrir en el delito de colaboración a la comisión de disturbios", señaló la abogada. De esta manera se estaría vulnerando el derecho a la protesta, afirmó.
Desde las calles de Lima
Betty Izaguirre, de la Coordinadora Nacional de Prensa y Medios Alternativos de Perú (CONPYMAP), transmitió desde las calles la movilización del 7 de diciembre, que se extendió hasta la noche en el centro de Lima.
En conversación con Sputnik, la comunicadora resaltó que "una parte de la población apoya a Fujimori. El día de su liberación en Barbadillo había una movilización que si bien no era tan grande, sí ha tenido toda la cobertura mediática".
Asimismo, Izaguirre observó que según la Constitución elaborada durante el Gobierno de Fujimori "se establece que en cuestiones de derechos humanos la Corte Interamericana está por encima de lo que decida el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, este debe acatar lo que dice la Corte IDH".
William Soberón Guevara, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y Comunicación Social (SUTPECOS), también registró las movilizaciones de este 7 de diciembre.
"Por más acciones que han tomado las organizaciones de familiares de víctimas [del Gobierno de Fujimori] en el aspecto legal, han tirado por el piso todas las disposiciones según las cuales en última instancia definía la Corte Interamericana", dijo Soberón a Sputnik.
El secretario general remarcó lo oportuno de hacer estas movidas "justo cuando la mayoría está inmersa en compras de Navidad. Por eso las movilizaciones pues no llegan a ser tan masivas".
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