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Desaparecidos en México: el problema pendiente y calvario de miles de familias

© AP Photo / Eduardo VerdugoFotos de desaparecidos en México (imagen referencial)
Fotos de desaparecidos en México (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2023
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La desaparición de personas en México es uno de los temas que, pese a las iniciativas y leyes existentes para evitarlo y dar con el paradero de miles de connacionales, aún sigue sin resolverse, considera el politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Joel Rojas en entrevista para Sputnik.
De acuerdo con datos del Gobierno de México y de su Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), del 1 de enero de 1962 al 30 de agosto presente, fecha en la que se conmemora el Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, hay 111.084 mexicanos desaparecidos y no localizados.
De este total de víctimas, 84.076 son hombres, 26.341 son mujeres y en 667 casos se desconoce el género. De 1962 a la fecha, la mayor parte de las desapariciones ocurrieron en el Estado de México, centro del país, con 50.491 casos.
"El principal aspecto negativo en materia de desaparición es que el Gobierno mexicano se negaba a reconocer este [fenómeno], ya sea por cuestiones políticas o por consecuencia de la 'guerra' contra el narcotráfico", destaca Rojas.

A lo largo de la historia, como aspecto positivo ve que las autoridades mexicanas "visibilizaron un problema que aqueja a una sociedad más política y demandante, lo que no significa necesariamente que haya voluntad o estrategia eficiente para resolver el problema".

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Breve historia de las desapariciones en México

México es uno de los países donde las desapariciones han sido frecuentes desde mediados del siglo XX.
Según el experto en temas políticos, hay dos momentos importantes donde los casos incrementaron: durante la Guerra Sucia (entre 1965 y 1990), como se conoce al periodo de persecución desde el Gobierno federal contra opositores políticos, y tras la estrategia fallida de combate contra el narcotráfico que fue iniciada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
Las cifras hablan por sí solas. Según el Gobierno mexicano, los puntos más pronunciados en casos de desaparecidos en ambos periodos son los siguientes:
Guerra Sucia: Ocurrió en 1974, cuando se registraron 351 desapariciones. En su mayoría, las víctimas eran hombres.
A partir de la estrategia de lucha contra el narcotráfico hasta la fecha: Se dio en 2019, cuando hubo 8.931 casos. De estos, 7.044 fueron hombres.
A mediados del siglo XX, los casos se daban por motivaciones políticas, principalmente. Ello cambió en relación con el Gobierno de Calderón, ya que los grupos del crimen organizado comenzaron a atentar contra la población en general, sin importar si tenía o no vínculos con cárteles.
Ante esta estas situaciones, "se crearon políticas como el Programa Especial de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1990), la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (2012), la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017) y la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (marzo de 2018)", enumera Rojas.
Una de las medidas más recientes fue el censo para actualizar y limpiar el registro de personas desaparecidas, mismo por el que presuntamente renunció la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, a finales de este agosto, esto de acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
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El especialista hace énfasis en que estas legislaciones fueron impulsadas por las organizaciones civiles y familiares de las víctimas, que se han encargado de visibilizar el tema y presionar al Estado a tomar acciones para disminuir este delito y encontrar a sus seres queridos.
"El pendiente más relevante que tiene el Estado mexicano es el de la justicia (...). Aún falta que el Gobierno reconozca [de manera puntual] que hay un problema de violencia en el país y que es necesario replantear las políticas de seguridad, además de prevenir y atacar las causas de la delincuencia (...). Nunca es tarde para que la Administración federal replantee sus políticas y obtenga resultados", asevera el estudioso.
No obstante, el reto no es sencillo. En una entrevista previa para Sputnik, la experta en derecho Abril Jimenez Garrido declaró que el Estado debe asumir una postura distinta, con una vigilancia plena de las normas existentes, trabajo en conjunto con la sociedad y los gobiernos locales, y perspectiva de género.
"No solo tiene un enfoque social, sino en varios ámbitos, como el educativo. Debemos seguir avanzando en ello (...). Debe aplicarse en el desarrollo de políticas públicas sociales, con el fin de también apoyar a los sectores más vulnerables. Además, se requieren fortalecer los derechos humanos en general, ya que esto garantizaría un México donde sea un cambio paulatino y progresivo y se respete a la población", señaló.

"El desafío que debe asumir el nuevo Gobierno [tras las elecciones de 2024] es acompañar a las familias, a los colectivos y forjar una nueva dinámica que acabe con este hecho que se vive en nuestro país", apuntó la también docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las familias de las víctimas

Prueba de que las desapariciones en México aún son un tema pendiente para el Estado son los testimonios de las familias de las víctimas, quienes han buscado a sus seres queridos por más de una década sin tener noticias sobre su paradero.
En entrevista para Sputnik, cuatro madres de personas desaparecidas narran cómo ha sido su travesía para hallar a sus seres queridos, quienes han lidiado con diversas barreras a lo largo de los años y de diversos gobiernos.
La primera anécdota es la de la activista hondureña Ana Enamorado, quien busca a su hijo Óscar desde 2010. El joven, quien entonces tenía cerca de 20 años, vivía en Jalisco (poniente de México) después de haber pasado un tiempo en Estados Unidos buscando ser abogado.
En 2009, Enamorado recibió una llamada de una persona que le dijo que Óscar había chocado y debía pagar los daños. Ella envió el dinero y desde ahí la comunicación con su hijo fue extraña, como si alguien más escuchara lo que el joven le decía.
El 19 de enero del 2010 Ana recibió una llamada de Óscar diciéndole que estaba en un lugar parecido a una isla. No obstante, la comunicación se cortó y desde entonces no sabe de él. "Yo vivía con el teléfono en la mano (...). Nunca más me volvió a llamar ni me volvió a contestar" dice.
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A partir de ese momento, buscó ayuda sin obtener resultados, hasta que dio con un grupo de mujeres en Progreso, Honduras, que busca a sus seres queridos desaparecidos y que, anualmente, viajan a México para exigir ayuda a las autoridades.

"No tenía ni idea de qué hacer, así que empecé a aprender, a relacionarme con otras familias, conocer a los colectivos que se agrupaban para salir a las marchas que hacían, a los plantones (...). Mi vida cambió totalmente porque se convirtió en una lucha en una defensa de los derechos humanos", agrega Enamorado.

La activista hondureña considera que aún ningún gobernante mexicano ha logrado resolver las desapariciones y que en la actualidad se ha vuelto una situación más preocupante debido a que las personas ahora son víctimas de este delito de manera grupal, como en el caso de Lagos de Moreno, Jalisco, donde aún no se sabe qué ocurrió con cinco hombres durante el 11 de agosto pasado.
Para Enamorado es un síntoma que las autoridades no reconozcan como suyo este problema y que culpen a sexenios pasados sin aún lograr establecer una estrategia eficaz para que las desapariciones ya no ocurran.
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Un viaje y ninguna respuesta

El 14 de agosto de 2012 Milinaly volvía de un viaje de vacaciones con sus primos y un tío. En casa, en Tamuín, San Luis Potosí, centro norte de México, su madre, Graciela Pérez, los esperaba. No obstante, jamás llegaron a casa; se sabe que su desaparición ocurrió en Tamaulipas, estado colindante al territorio potosino. Desde esa época, Pérez no ha dejado de buscarlos.
La activista, junto a otros colectivos, ha realizado toda clase de acciones y estrategias para dar con el paradero de sus seres queridos. Prueba de la presión que ejerce son lineamientos como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, por ejemplo.
"Nosotros iniciamos repartiendo volantes en las carreteras y en campo porque nos dimos cuenta que la Fiscalía no iba a hacer absolutamente nada. (…) Si bien yo iniciaba sola, cuando hacía un hallazgo, documentaba esa información y la llevaba la Fiscalía de ese tiempo; luchaba para que también dispusieran de los peritos y del equipo para poder aprender", detalla.
Para ella, pese a los esfuerzos, aún ningún Gobierno o partido político ha conseguido avanzar suficiente para resolver este fenómeno violento.
"La esencia de la búsqueda de personas desaparecidas no es un programa de desarrollo social, no es un programita ni de sustento ni de nada. Estamos hablando de personas, de seres humanos, que están desaparecidos por la falta de seguridad del Estado mexicano. Eso es una permisión, la permisión de violencia, la permisión de la corrupción (…). Nosotros seguimos resistiendo para buscarlos. Este Gobierno actual nos prometió muchas cosas, pero [no ha cumplido]", indica.
En ese sentido, sobre el anuncio de López Obrador de un censo para actualizar y limpiar el registro de personas desaparecidas, Pérez dice que "es una pérdida de tiempo" y que enfrentarían el riesgo de los homónimos y su depuración.
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Enfrentarse a los grupos criminales

El 25 de enero de 2009, el ingeniero José Antonio Robledo Fernández desapareció en Monclova, Coahuila (norte de México). Él se desempeñaba como ingeniero en la Constructora ICA FLUOR, en el Proyecto El Fénix, para Altos Hornos de México (AHMSA).
Desde entonces su madre, Guadalupe Fernández, y su padre, Juan Antonio Robledo, lo han buscado y en su travesía se han enfrentado a las autoridades locales e integrantes de Los Zetas, uno de los cárteles más importantes del país, especialmente en la primera década del siglo XXI.
Pese a ello, han conseguido dos sentencias condenatorias contra los responsables de la desaparición de su hijo, aunque una de ellas fue impugnada hace un par de años, por lo que viven con la incertidumbre de si los involucrados en el caso seguirán en la cárcel u obtendrán la libertad.
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Ella y su esposo fundaron Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), uno de los primeros colectivos de familiares en México para la búsqueda de sus seres queridos. Actualmente participan en él 500 familias.
"En estos 14 años la prioridad siempre ha sido encontrar a mi hijo (...). En 2022, uno de los detenidos hizo un croquis donde aparentemente estaba mi hijo, pero resulta que eran 130 hectáreas de terreno. Conseguimos todos los permisos (...) y no encontramos nada. Era imposible", recuerda Fernández.
La fundadora de Fundec considera que medidas como el censo para numerar a las personas desaparecidas en México puede ser contraproducente, ya que se podría producir revictimización de los involucrados, por lo que sugiere que esos recursos y esfuerzos se destinen a formar más peritos que identifiquen los cuerpos que aún no tienen nombre y que, durante años, no han podido ser entregados a sus seres queridos.
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Las mismas malas prácticas

Luis Guillermo Lagunes Díaz fue desaparecido el 28 de junio de 2013 en Veracruz. Tenía 29 años y era un reconocido disc jockey (dj). Desde entonces, Lucy Díaz lo busca y encabeza la organización Solecito.
Fue ese colectivo el que encontró una de las fosas clandestinas más grandes del país, ubicada en la zona norte del puerto de Veracruz, estado colindante con el Golfo de México. En Colinas de Santa Fe, como se le conoce a la región donde están las fosas, se desenterraron 298 cráneos de personas y miles de fragmentos óseos.
Tras estos 10 años de buscar a su hijo Luis Guillermo, Díaz expone que la impartición de justicia es "un desastre" en México.
"Cargamos con las mismas malas prácticas. Lo que quisiéramos es que el próximo [presidente] que venga tenga una actitud de verdaderamente buscar a los desaparecidos, que no sea una simulación, que sea un hecho concreto, que lo ponga en su agenda en uno de los primeros lugares", exige.
La activista y dirigente social está a favor de que se realicen acciones como el censo y está convencida de que si el ejercicio se hace de manera adecuada y se acude a las zonas más recónditas del país, la cifra sería mucho mayor a los datos vertidos actualmente por el Gobierno federal.
Conforme a la experiencia de Díaz al frente del colectivo Solecito, el número real de personas desaparecidas en el país podría superar las 400.000 personas.

Reflexión a lo largo del tiempo

Para el politólogo Rojas, una de las tareas que deben enfrentar las autoridades tanto federales como locales es tener más personal capacitado para atender la problemática de las desapariciones, con el propósito de que jamás se repita ese fenómeno.
En esto, se debe sumar una comunicación más cercana con las familias que pasan por este hecho, ya que cuentan con metodologías especiales que pueden ayudar a agilizar la localización de sus seres queridos.
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Además, como sociedad, el experto invita a la gente a escuchar a los familiares de las víctimas, ya que así se sumarán esfuerzos e impulsarán que el Estado tome las acciones más adecuadas.
"Hay que poner en el foco cada historia, cada vida, que refleje la dimensión del problema y recordarnos que en México nadie esta exento de una tragedia como la desaparición y/o la ausencia de sus seres queridos", concluye.
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