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La seguridad, en el foco de los candidatos a la Presidencia de Ecuador

© AP Photo / Carlos NoriegaElecciones adelantadas en Ecuador (2023)
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QUITO (Sputnik) — El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue el ejemplo más triste y elocuente de la inseguridad que enfrenta Ecuador, ante la que deberán dar soluciones de manera rápida y eficaz en el balotaje de este domingo los dos contendientes, la izquierdista Luisa González y el centroderechista Daniel Noboa.
Tanto González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), como Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (centroderecha), experimentaron en carne propia los temores con los que conviven a diario los ecuatorianos.
González era el blanco elegido para un atentado, según declaraciones de un sospechoso arrestado el 30 de agosto, diez días después de la primera vuelta, y quien confesó a la Policía que los artefactos que llevaba en su mochila al momento de su detención iban dirigidos a atentar contra la candidata.
Noboa denunció haber sido víctima de un atentado mientras su caravana proselitista recorría la localidad de Durán, en el suroeste del país, y una de las más violentas, previo a la primera vuelta, aunque la Policía descartó que se tratara de un ataque selectivo en su contra.
Como nunca antes, la seguridad pública es el tema excluyente de la campaña electoral, en un país que en pocos años pasó de ser de los más seguros de la región a uno de los más inseguros.
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En el primer semestre de 2023 se registraron 3.599 homicidios intencionales, lo que supone un incremento de 69,13% respecto a los primeros seis meses de 2022, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado publicados en septiembre.
De acuerdo con esta entidad, surgida a instancias de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, organización no gubernamental creada en 1962 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), si continúa esta tendencia, Ecuador podría cerrar 2023 con más de 7.000 homicidios intencionales y una tasa de 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ubicándose como uno de los tres países más violentos de América Latina.
De hecho, ya hay ciudades en Ecuador con tasas de asesinato que se ubican entre las más altas en el mundo.
Es el caso de Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, que en 2022 estuvo entre las 25 ciudades más violentas del mundo, con 1.537 asesinatos y una tasa de 47,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, avanzando 26 puestos en tan solo un año.
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En 2019, la tasa de asesinatos en Ecuador fue de 6,87 cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos del monitor de homicidios del Instituto Igarapé de Brasil, especializado en temas de seguridad pública.
Según el ya mencionado observatorio ecuatoriano, los homicidios intencionales cometidos en el país aumentaron un 528,1% entre junio de 2019 y junio de 2023.
Ante esta situación, las propuestas de los candidatos pueden ser determinantes para el resultado de este domingo.

Depuración

El exviceministro del Interior, Diego Fuentes, dijo a Sputnik que el nuevo Gobierno que asumirá en noviembre deberá dar paso inmediatamente a tres acciones urgentes para detener el panorama de violencia e inseguridad.
"El nuevo Gobierno a lo que debe apuntar, primero, es a establecer un proceso de depuración rápida de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, a través de las pruebas de control y confianza que se hacían antes, que son básicamente pruebas de polígrafo, toxicológicas y de entorno económico y que permiten establecer si obviamente la relación económica de los policías responde a sus salarios y si los policías están vinculados con personas a su vez vinculadas con el crimen organizado", dijo Fuentes, quien ocupó el cargo entre 2013 y 2017, durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Una segunda medida, en su consideración, es lograr una buena coordinación interinstitucional para detectar si hay jueces y fiscales que estén trabajando en connivencia con el crimen organizado y puedan llegar a entorpecer investigaciones para desarticular a estos grupos.
La tercera acción que deberá implementar el nuevo Gobierno, explica Fuentes, es la "modernización" de la Policía.
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Fuentes es abogado y máster en políticas públicas de seguridad y defensa, por la Universidad Camilo José Cela, de España.
El presidente Guillermo Lasso atribuye la oleada violenta al accionar de su Gobierno contra el crimen organizado transnacional que opera junto a carteles de la droga mexicanos, aunque el exviceministro opina lo contrario.
"La exportación de droga ha crecido a nivel de Ecuador porque justamente no hay presencia del Estado. No hay presencia ni actitud contundente de la Policía y obviamente las mafias y los delincuentes, que son los líderes de las organizaciones, están actuando a sus anchas. Yo creo que eso, incluso, se puede atar con lo que pasa en las cárceles, en donde el Estado ha perdido el control", opinó.
Una muestra de la pérdida de control por parte del Estado se dio el viernes pasado, cuando en dos cárceles distintas fueron asesinadas siete personas acusadas del magnicidio de Villavicencio.
El múltiple crimen, que está siendo investigado por las autoridades ecuatorianas, vuelve todavía más difícil la posibilidad de dar con los autores intelectuales del asesinato.
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Las cárceles ecuatorianas viven su propia crisis de inseguridad, ligada a la situación general del país, con la que se retroalimentan: desde 2020 se registraron varios grandes motines, en los que murieron casi 500 personas.

Plan Resurgir

En medio de este panorama, González ha prometido declarar la emergencia en el sistema de seguridad una vez que tome posesión del cargo, como parte de su Plan Resurgir, al que destinará 500 millones de dólares.
"Vamos a declarar en emergencia el sector de seguridad y combatir la delincuencia", dijo la candidata del "correísmo" en un mensaje desde la red social X, antes Twitter.
González aseguró que su Gobierno reconstruirá el sistema de seguridad, recuperará el control de las cárceles y reubicará los penales que están en las áreas urbanas, al tiempo que construirá nuevos centros de alta seguridad.
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En una entrevista con la emisora local Radio Pichincha, la candidata de RC dijo que aplicará "mano dura" contra la delincuencia para desarticular las bandas delictivas, tomar el control del país con inversión en sistemas de inteligencia de alta tecnología, con la instalación de radares y con un trabajo coordinado con Colombia, para enfrentar el crimen organizado transnacional.
Uno de sus propósitos es retomar programas aplicados durante el Gobierno de Correa.
"Fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica ¡Ahora, seremos el primero!", dijo González en X.
Durante el mandato de Correa, líder de RC, Ecuador llegó a tener hasta 17 homicidios cada 100.000 habitantes, pero al dejar el Gobierno, el país llevaba algunos años con una tasa del entorno de 6 asesinatos cada 100.000 habitantes.
Para la especialista en seguridad, Carla Álvarez, la propuesta de González es "ambiciosa" pero "realista", ya que propone fortalecer la institucionalidad del Estado para que garantice la seguridad de los ecuatorianos.
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Doctora en Ciencias Sociales, la analista destacó que la iniciativa de la candidata correísta forma parte de una propuesta "más amplia" de política pública, "que le da coherencia y marca un norte".
En su plan, González se ha referido también a depurar el sistema judicial.
La candidata ha reiterado su disposición de sentar en la misma mesa a todas las instituciones que forman parte del sistema de justicia para que tomen cartas en el asunto de manera conjunta y poder bajar los índices de delitos.
"Mientras persista la desarticulación de los actores de seguridad y la presencia de malos operadores de justicia, la situación seguirá igual", dijo González en sus redes sociales.

Plan Fénix

Noboa también apunta a la seguridad como una de las prioridades de su eventual Gobierno.
Para ello, el empresario presentó el Plan Fénix, con el que buscará equipar con modernas tecnologías a la Policía y la instalación de lo que dio en llamar "cárceles-barcazas", para aislar a los presos de mayor peligrosidad.
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Estos barcos, destinados a unos 300 o 400 presos cada uno, estarían ubicados a unas 80 millas náuticas (unos 150 kilómetros) del territorio continental, que estarían monitoreadas por drones y tendrían un costo anual de ocho millones de dólares.

"Arreglar correctamente las [cárceles] que tenemos y sumarlas a un sistema de cárceles-barcazas puede ayudar al aislamiento de los criminales más violentos, a la segmentación de las cárceles", dijo Noboa.

Otra de las iniciativas del empresario es la creación de una agencia de inteligencia y a nivel judicial, la instalación de un sistema de jurados para los casos que involucren a criminales vinculados al narcotráfico.
"Tenemos que hacer un Gobierno que tenga apertura internacional y que sepa generar empleo y dar seguridad a las personas", dijo el candidato en entrevista con el canal local Ecuavisa.
Esta medida es cuestionada por Fuentes, quien considera que en un país donde fueron asesinados jueces y fiscales por investigar al crimen organizado, la propuesta de Noboa sería "potencialmente peligrosa y más lesiva de lo que pasa ahora, porque lo que están planteando es que los ciudadanos comunes y corrientes se dediquen a sentenciar a los narcotraficantes".
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Al menos cuatro fiscales y un juez fueron asesinados en Ecuador entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de este año.
Para Álvarez, el candidato centroderechista tiene una propuesta de seguridad "corta, sencilla y de orientación social", pero cuestiona que no sea esta la que Noboa presenta en sus discursos de campaña.
"Al margen de lo presentado formalmente ante el organismo electoral, el candidato ha armado un guión paralelo que exhibe en sus mítines públicos y en el que incluye ideas como el montaje de una cárcel barcaza, la compra e implementación de tecnología, la militarización de la seguridad, entre otras medidas, cuya complejidad las hacen difícilmente viables", explicó la especialista.
Este domingo, González y Noboa disputan la segunda vuelta de las elecciones nacionales, que se celebran de manera anticipada luego de que en mayo Lasso aplicara el mecanismo conocido como "muerte cruzada", para evitar un juicio político en su contra.
La figura de la "muerte cruzada", prevista en la Constitución de 2008 y usada por primera vez por el actual mandatario, establece la disolución simultánea de los poderes Ejecutivo y Legislativo y la convocatoria anticipada de elecciones.
El próximo Poder Ejecutivo asumirá el 25 de noviembre y gobernará hasta el 24 de mayo de 2025.
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