Los escándalos de Hunter Biden y Nicolás Petro exhiben los riesgos políticos del nepotismo
Los escándalos de Hunter Biden y Nicolás Petro exhiben los riesgos políticos del nepotismo
Sputnik Mundo
En las últimas semanas, las presidencias de Joe Biden, en EEUU, y Gustavo Petro, en Colombia, se vieron sacudidas por revelaciones y admisiones de corrupción... 20.08.2023, Sputnik Mundo
Por distintos motivos, el Gobierno de Petro y la Administración Biden tenían grandes planes para el mes de agosto, cuando ambos ejecutivos intentarían instalar un mensaje triunfalista para contrarrestar la creciente percepción negativa sobre sus gestiones.En el caso de la presidencia del exguerrillero colombiano, en la Casa de Nariño —sede de la presidencia del país sudamericano— buscaban celebrar el primer aniversario de su llegada al poder haciendo foco en los logros económicos que, desafiando las predicciones apocalípticas de sus adversarios políticos sobre los riesgos que conllevaba la elección del primer mandatario de izquierda en el país, resultaron en la baja sostenida de la (todavía muy alta) inflación, el fortalecimiento del peso colombiano y el retorno a la senda del crecimiento económico, tras dos años de contracción desde el inicio de la pandemia.De manera similar, el Gobierno de Biden, sufriendo de números negativos en todas las encuestas de aprobación, había puesto en marcha una ambiciosa campaña de comunicación con miras a las próximas elecciones, haciendo énfasis en la agenda económica —bautizada Bidenomics—, y tenía planeado mantener un perfil bajo durante el verano, con miras a aprovechar que las primeras planas estarían copadas exclusivamente por las incursiones en tribunales de su antecesor y favorito en la primaria republicana del 2024, el expresidente Donald Trump.Sin embargo, nada de eso sucedió. Los crecientes problemas judiciales de los hijos presidenciales torcieron los planes de ambos gobiernos, complicando el futuro político inmediato de ambos jefes de Estado —las oposiciones tanto en Washington como en Bogotá han sugerido recurrir al juicio político— y sembrando dudas sobre cuánto sabían y cuánto se beneficiaron sus padres en las tramas de corrupción lideradas por sus descendientes.Si bien cada caso tiene sus particularidades —el affaire Petro está cruzado por dinero del narcotráfico y la presunta financiación ilegal de la campaña del actual presidente, mientras que la investigación contra Hunter Biden gira principalmente en torno al tráfico de influencias y las gestiones con empresas internacionales, desde Ucrania hasta China—, las dos historias comparten un elemento en común: la tolerancia y fomento del nepotismo de sus padres, incluso cuando las alarmas sobre sus comportamientos fuera de la ley habían empezado a sonar hacía mucho tiempo.Nicolás Petro Burgos, hijo mayor de Gustavo Petro y él mismo un influyente diputado por el departamento de Atlántico, ya había sido señalado en la prensa en numerosas oportunidades por su estilo de vida fastuoso, inconsistente con sus modestos ingresos como legislador, y por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.Además, en el 2022, el Consejo Nacional Electoral lo multó por casi 15 millones de pesos colombianos (unos 3.600 dólares) por irregularidades financieras en su fallida campaña a gobernador de Atlántico cuatro años atrás, cuando las autoridades comprobaron que el hijo de presidente había utilizado una cifra superior a la permitida por ley.En tanto, Hunter Biden ha encadenó una serie de escándalos y polémicas desde su juventud, desde el consumo de drogas duras hasta ser echado de la Marina de su país en 2014 —cuando la institución había cambiado sus reglas para incorporarlo durante el Gobierno de Barack Obama— tras detectarse cocaína en su orina, pasando por la difusión de fotos íntimas, hijos no reconocidos y su controversial trabajo como cabildero para firmas extranjeras.Allí, más famosamente en la compañía de gas ucraniana Burisma, donde formaba parte de su directorio, según reportes periodísticos, el hijo del actual presidente vendía no solo acceso a su padre sino también la posibilidad de influir en el accionar del Gobierno de EEUU, como en el caso del exfiscal general ucraniano Viktor Shokin, que investigaba presuntos hechos de corrupción realizados por Burisma y quien, tras la presión del entonces vicepresidente Joe Biden, fue echado de su cargo.En ambas situaciones, si sus padres no se beneficiaron directamente de los esquemas corruptos de sus hijos, algo que se encuentra bajo investigación de la justicia, por lo menos queda claro que hicieron la vista gorda frente a sus conductas criminales. Y ahora, con Nicolás Petro admitiendo en tribunales que recibió dinero de dos narcotraficantes para la campaña de su padre y para su beneficio personal, y con Hunter Biden siendo investigado por un fiscal especial recién designado, tras la caída de su polémico pacto con la Fiscalía que lo eximía de castigo penal de potenciales investigaciones por su pasado como cabildero, ambos presidentes están pagando un alto precio político debido a esa actitud permisiva, lo que además pone en riesgo la releeción en el caso de Biden y la viabilidad de su ambiciosa agenda legislativa con respecto a Petro.Los antecedentes de Biden y PetroEstos casos de Hunter Biden y Nicolás Petro, que por ahora son los más recientes y sonados, están lejos de ser los únicos escándalos de la política contemporánea que tienen a hijos de presidentes en el centro.Los seguidores de la actualidad latinoamericana todavía recordarán la controversia en torno a Sebastián Dávalos, hijo de la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien fue acusado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos, por conseguir un millonario préstamo para la empresa de su esposa con el objetivo de comprar unos terrenos que, debido a su acceso a información privilegiada, sabía que se revaluarían.Si bien la justicia chilena sobreseyó en 2018 al hijo de Bachelet al considerar que no había quedado claro si participó o no en los hechos que se estaban investigando, el escándalo marcó la gestión de la mandataria, asestándole un duro golpe a su credibilidad y propiciando el regreso del derechista Sebastián Piñera al Palacio de La Moneda, sede del ejecutivo chileno.De la misma manera, aunque unas décadas más atrás, los escándalos mediáticos de Mark Thatcher, el hijo de la entonces primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, lastimaron la imagen de su madre, especialmente cuando debió desplegar fuerzas nacionales para encontrar el paradero de su hijo, quien se había perdido en el desierto del Sahara durante seis días al participar del Rally París-Dakar.Como si esto fuera poco, durante el Gobierno de su madre Mark Thatcher debió exiliarse al ser acusado de hacer cabildeo en favor de distintos países de Oriente Medio en varias tramas, incluyendo la venta de armas a Arabia Saudí. Unos años después, sería encontrado culpable de ayudar a financiar el intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial del 2004, organizado por empresarios británicos.Como lo demzstró el caso Bachelet, en América Latina la percepción de corrupción y dispendio asociado a los hijos de presidentes ha sido utilizada efectivamente en los últimos años como herramienta política para atacar al oponente.En México, la vida licenciosa y plagada de escándalos de hijos de presidentes y expresidentes, que incluyó desde afiliación a cultos sexuales hasta viviendas lujosas en el exterior, ayudó al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, a realizar un convincente argumento en su triunfal campaña del 2018 de que los políticos mexicanos habían ocupado su tiempo en Palacio Nacional enriqueciéndose en lugar de mejorar la vida de los ciudadanos (irónicamente, una vez en el poder el presidente mexicano sufrió las mismas críticas por el estilo de vida de sus hijos).La promesa de combate al nepotismo también puede ser un arma de doble filo. Cuando el Gobierno del presidente argentino Mauricio Macri enfrentó una serie de escándalos por designaciones de familiares en varios de sus ministerios, luego de llegar al poder con una agenda basada en la lucha contra la corrupción y las prácticas clientelares en el Estado, el mandatario de centro derecha debió elaborar de urgencia un decreto que prohibía el nombramiento de parientes en la función pública, para calmar el ánimo de sus votantes.Doble moral y falta de controlesPara el profesor de relaciones internacionales Javier Gámez, quien ejerce en el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la indignación provocada por los escándalos familiares tanto de Joe Biden como de Gustavo Petro ha sido potenciada por los perfiles de los políticos, que siempre se han presentado ante la ciudadanía como personas comunes y corrientes, alejadas de las élites."Ambos llegaron a la presidencia con un discurso anticorrupción, en contra de la desigualdad y las injusticias. Entonces verlos a ellos y a sus hijos en escándalos vinculados con enriquecimientos ilícitos y abuso de sus posiciones de poder es algo que perjudica a sus imágenes y da cuenta de una doble moral por parte de estos políticos", señala el docente universitario.El experto agrega que este tipo de hechos criminales coinciden con un alejamiento del Estado de bienestar hacia una concepción neoliberal de los gobiernos, donde la búsqueda de beneficios económicos inidivuales y la participación de empresas privadas es la norma.El profesor concede que, desde el punto de vista de los políticos, puede tener lógica rodearse de hijos o familiares una vez llegados al poder, dado que se trata de personas cercanas en las que teóricamente pueden confiar y no los traicionarán. Pero contrasta que a la vez esa intimidad hace más posible que las conductas impropias sean ocultadas o hasta defendidas llegadas el caso, como ha sucedido con Biden, que pese a las evidencias en contra de su hijo, y su propia admisión de varios delitos ante la justicia, continúa asegurando ante la prensa que no hizo nada malo.Para evitar este tipo de situaciones, afirma el experto, los Estados deberían reforzar los mecanismos de control e imponer o profundizar las leyes antinepotismo que se encuentren en vigor."Si los políticos continúan negándose a separar sus vidas familiares de sus actividades políticas, es imprescindible la participación del Estado frenando o supervisando con mucha mayor atención este tipo de situaciones, ya que no solo es perjudicial para los funcionarios y el erario público, sino que provoca un descreimiento de los ciudadanos sobre el sistema de representación política, y todos terminan perdiendo", concluye.
En las últimas semanas, las presidencias de Joe Biden, en EEUU, y Gustavo Petro, en Colombia, se vieron sacudidas por revelaciones y admisiones de corrupción protagonizadas por los hijos de ambos mandatarios. Aquí, los elementos en común entre las dos historias y otros familiares que contribuyeron a dañar la reputación de los gobiernos.
Por distintos motivos, el Gobierno de Petro y la Administración Biden tenían grandes planes para el mes de agosto, cuando ambos ejecutivos intentarían instalar un mensaje triunfalista para contrarrestar la creciente percepción negativa sobre sus gestiones.
En el caso de la presidencia del exguerrillero colombiano, en la Casa de Nariño —sede de la presidencia del país sudamericano— buscaban celebrar el primer aniversario de su llegada al poder haciendo foco en los logros económicos que, desafiando las predicciones apocalípticas de sus adversarios políticos sobre los riesgos que conllevaba la elección del primer mandatario de izquierda en el país, resultaron en la baja sostenida de la (todavía muy alta) inflación, el fortalecimiento del peso colombiano y el retorno a la senda del crecimiento económico, tras dos años de contracción desde el inicio de la pandemia.
De manera similar, el Gobierno de Biden, sufriendo de números negativos en todas las encuestas de aprobación, había puesto en marcha una ambiciosa campaña de comunicación con miras a las próximas elecciones, haciendo énfasis en la agenda económica —bautizada Bidenomics—, y tenía planeado mantener un perfil bajo durante el verano, con miras a aprovechar que las primeras planas estarían copadas exclusivamente por las incursiones en tribunales de su antecesor y favorito en la primaria republicana del 2024, el expresidente Donald Trump.
Si bien cada caso tiene sus particularidades —el affaire Petro está cruzado por dinero del narcotráfico y la presunta financiación ilegal de la campaña del actual presidente, mientras que la investigación contra Hunter Biden gira principalmente en torno al tráfico de influencias y las gestiones con empresas internacionales, desde Ucrania hasta China—, las dos historias comparten un elemento en común: la tolerancia y fomento del nepotismo de sus padres, incluso cuando las alarmas sobre sus comportamientos fuera de la ley habían empezado a sonar hacía mucho tiempo.
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor de Gustavo Petro y él mismo un influyente diputado por el departamento de Atlántico, ya había sido señalado en la prensa en numerosas oportunidades por su estilo de vida fastuoso, inconsistente con sus modestos ingresos como legislador, y por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Además, en el 2022, el Consejo Nacional Electoral lo multó por casi 15 millones de pesos colombianos (unos 3.600 dólares) por irregularidades financieras en su fallida campaña a gobernador de Atlántico cuatro años atrás, cuando las autoridades comprobaron que el hijo de presidente había utilizado una cifra superior a la permitida por ley.
En tanto, Hunter Biden ha encadenó una serie de escándalos y polémicas desde su juventud, desde el consumo de drogas duras hasta ser echado de la Marina de su país en 2014 —cuando la institución había cambiado sus reglas para incorporarlo durante el Gobierno de Barack Obama— tras detectarse cocaína en su orina, pasando por la difusión de fotos íntimas, hijos no reconocidos y su controversial trabajo como cabildero para firmas extranjeras.
Allí, más famosamente en la compañía de gas ucraniana Burisma, donde formaba parte de su directorio, según reportes periodísticos, el hijo del actual presidente vendía no solo acceso a su padre sino también la posibilidad de influir en el accionar del Gobierno de EEUU, como en el caso del exfiscal general ucraniano Viktor Shokin, que investigaba presuntos hechos de corrupción realizados por Burisma y quien, tras la presión del entonces vicepresidente Joe Biden, fue echado de su cargo.
En ambas situaciones, si sus padres no se beneficiaron directamente de los esquemas corruptos de sus hijos, algo que se encuentra bajo investigación de la justicia, por lo menos queda claro que hicieron la vista gorda frente a sus conductas criminales.
Y ahora, con Nicolás Petro admitiendo en tribunales que recibió dinero de dos narcotraficantes para la campaña de su padre y para su beneficio personal, y con Hunter Biden siendo investigado por un fiscal especial recién designado, tras la caída de su polémico pacto con la Fiscalía que lo eximía de castigo penal de potenciales investigaciones por su pasado como cabildero, ambos presidentes están pagando un alto precio político debido a esa actitud permisiva, lo que además pone en riesgo la releeción en el caso de Biden y la viabilidad de su ambiciosa agenda legislativa con respecto a Petro.
Los antecedentes de Biden y Petro
Estos casos de Hunter Biden y Nicolás Petro, que por ahora son los más recientes y sonados, están lejos de ser los únicos escándalos de la política contemporánea que tienen a hijos de presidentes en el centro.
Los seguidores de la actualidad latinoamericana todavía recordarán la controversia en torno a Sebastián Dávalos, hijo de la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien fue acusado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros cargos, por conseguir un millonario préstamo para la empresa de su esposa con el objetivo de comprar unos terrenos que, debido a su acceso a información privilegiada, sabía que se revaluarían.
Si bien la justicia chilena sobreseyó en 2018 al hijo de Bachelet al considerar que no había quedado claro si participó o no en los hechos que se estaban investigando, el escándalo marcó la gestión de la mandataria, asestándole un duro golpe a su credibilidad y propiciando el regreso del derechista Sebastián Piñera al Palacio de La Moneda, sede del ejecutivo chileno.
De la misma manera, aunque unas décadas más atrás, los escándalos mediáticos de Mark Thatcher, el hijo de la entonces primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher, lastimaron la imagen de su madre, especialmente cuando debió desplegar fuerzas nacionales para encontrar el paradero de su hijo, quien se había perdido en el desierto del Sahara durante seis días al participar del Rally París-Dakar.
Como si esto fuera poco, durante el Gobierno de su madre Mark Thatcher debió exiliarse al ser acusado de hacer cabildeo en favor de distintos países de Oriente Medio en varias tramas, incluyendo la venta de armas a Arabia Saudí.
Unos años después, sería encontrado culpable de ayudar a financiar el intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial del 2004, organizado por empresarios británicos.
Como lo demzstró el caso Bachelet, en América Latina la percepción de corrupción y dispendio asociado a los hijos de presidentes ha sido utilizada efectivamente en los últimos años como herramienta política para atacar al oponente.
En México, la vida licenciosa y plagada de escándalos de hijos de presidentes y expresidentes, que incluyó desde afiliación a cultos sexuales hasta viviendas lujosas en el exterior, ayudó al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, a realizar un convincente argumento en su triunfal campaña del 2018 de que los políticos mexicanos habían ocupado su tiempo en Palacio Nacional enriqueciéndose en lugar de mejorar la vida de los ciudadanos (irónicamente, una vez en el poder el presidente mexicano sufrió las mismas críticas por el estilo de vida de sus hijos).
La promesa de combate al nepotismo también puede ser un arma de doble filo. Cuando el Gobierno del presidente argentino Mauricio Macri enfrentó una serie de escándalos por designaciones de familiares en varios de sus ministerios, luego de llegar al poder con una agenda basada en la lucha contra la corrupción y las prácticas clientelares en el Estado, el mandatario de centro derecha debió elaborar de urgencia un decreto que prohibía el nombramiento de parientes en la función pública, para calmar el ánimo de sus votantes.
Doble moral y falta de controles
Para el profesor de relaciones internacionales Javier Gámez, quien ejerce en el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la indignación provocada por los escándalos familiares tanto de Joe Biden como de Gustavo Petro ha sido potenciada por los perfiles de los políticos, que siempre se han presentado ante la ciudadanía como personas comunes y corrientes, alejadas de las élites.
"Ambos llegaron a la presidencia con un discurso anticorrupción, en contra de la desigualdad y las injusticias. Entonces verlos a ellos y a sus hijos en escándalos vinculados con enriquecimientos ilícitos y abuso de sus posiciones de poder es algo que perjudica a sus imágenes y da cuenta de una doble moral por parte de estos políticos", señala el docente universitario.
El experto agrega que este tipo de hechos criminales coinciden con un alejamiento del Estado de bienestar hacia una concepción neoliberal de los gobiernos, donde la búsqueda de beneficios económicos inidivuales y la participación de empresas privadas es la norma.
"El debilitamiento del Estado permite que la clase política esté más enfocada en sacar provecho de su paso por la gestión pública, realizando negocios al amparo del poder público, con muy poca supervisión de parte de las autoridades. Los casos de Petro y Biden son parte de un modelo de negocios privado que ahora tiene al Estado como socio para enriquecerse y embarcarse en prácticas corruptas que cada vez son más comunes", pondera Gámez.
El profesor concede que, desde el punto de vista de los políticos, puede tener lógica rodearse de hijos o familiares una vez llegados al poder, dado que se trata de personas cercanas en las que teóricamente pueden confiar y no los traicionarán.
Pero contrasta que a la vez esa intimidad hace más posible que las conductas impropias sean ocultadas o hasta defendidas llegadas el caso, como ha sucedido con Biden, que pese a las evidencias en contra de su hijo, y su propia admisión de varios delitos ante la justicia, continúa asegurando ante la prensa que no hizo nada malo.
Para evitar este tipo de situaciones, afirma el experto, los Estados deberían reforzar los mecanismos de control e imponer o profundizar las leyes antinepotismo que se encuentren en vigor.
"Si los políticos continúan negándose a separar sus vidas familiares de sus actividades políticas, es imprescindible la participación del Estado frenando o supervisando con mucha mayor atención este tipo de situaciones, ya que no solo es perjudicial para los funcionarios y el erario público, sino que provoca un descreimiento de los ciudadanos sobre el sistema de representación política, y todos terminan perdiendo", concluye.
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